Las críticas del Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega, a los datos de población de Colombia que certifica el Dane son, cuando menos, desafortunadas y en un país con ya suficientes recelos, lamentablemente, dio pie a nuevas suspicacias políticas. Según el registrador, la cifra de que somos 50 millones de habitantes no es confiable pues, dice que, según el registro civil que maneja su entidad deberíamos ser 55 millones. “¿Dónde están los otros 5 millones de colombianos?”, se preguntó el funcionario en el municipio de Soacha, Cundinamarca.
El cuestionamiento de Vega parte de una apreciación equivocada y confunde porque las competencias de las dos entidades son diferentes. Así, la función constitucional de la Registraduría es certificar y organizar los procesos electorales. Sus datos son para fines de identificación de los colaombianos y para las elecciones. La función del Dane, por su parte, es certificar la población que reside habitualmente en el país y por ello tiene la facultad para hacer empadronamientos. Esto significa que tiene acceso a los datos de lugares de residencia de los habitantes. Como bien dice el director del Departamento Estadístico, Juan Daniel Oviedo, el registrador no podría controvertir la cifra oficial, porque sencillamente no tiene manera de hacerlo técnicamente. Más bien lo que sorprende es que sea él quien hable de 55 millones, cuando solo tiene acceso a los registros de nacimiento y ello no permite saber dónde vive la población, ni si están vivos y si habitan dentro o fuera del país.
Generar dudas sobre la idoneidad técnica del Dane no le queda bien al registrador. El Departamento Estadístico colombiano goza de respeto internacional. Si bien en el censo de 2018, la propia entidad reconoció problemas operativos, su fortaleza y robustez científica permiten que estos se solucionen y no afecten la consistencia y credibilidad de los resultados de sus estudios e investigaciones, que por lo demás, son la base para el diseño de muchas de las políticas públicas. La confiabilidad del censo está confirmada con ejercicios de contraste que permiten asegurar que somos 51.049.498 habitantes.
Más allá de las justificaciones técnicas que le dan la razón al Dane, sorprende el tono que usó Vega en su crítica. “Los acaldes tienen que hacerse valer y cuenten conmigo”. Deja mucho que desear que un registrador, que debe brillar por su prudencia y por su condición de técnico, se exprese como si fuera un político más, preciso en este momento preelectoral.
La crítica puede alentar a los alcaldes, erradamente, a que consideren que las transferencias que les hace la Nación no concuerden con su población. Justamente el debate comenzó en Soacha, sur de Bogotá, donde ha habido más discusión frente al número de habitantes que ha certificado el Dane de 782.000. Según el registrador, deberían ser muchos más. Nuevamente se basa en registros civiles, pero no en documentos técnicos que puedan asegurar la residencia habitual de las personas.
Las suspicacias que se han levantado tienen que ver también con el hecho de que existe un canal de cooperación entre la Registraduría y el Dane, con reuniones que se cumplen trimestralmente. No se entiende entonces por qué el escándalo público. Lo que algunos vieron más allá es la intención de generar un debate en el Congreso, a pocos meses de las elecciones presidenciales, para abrir la tesis de que hay que cambiar el umbral para los comicios. Son bien conocidas las buenas relaciones de Alexander Vega con los políticos. De hecho su elección como registrador fue muy cuestionada en los medios desde que se posesionó y por mucho tiempo guardó un perfil curiosamente bajo, tal vez para tratar de bajar el volumen de la controversia alrededor de su nombre.
En síntesis, si la Registraduría no tiene los argumentos técnicos para refutar los datos que procesa el Dane, no queda duda de que se trata de una polémica del registrador de cara a las elecciones, lo cual llama a la reflexión pues politizar las cifras técnicas es muy grave para la democracia y el país.
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 25 de octubre de 2021.
