El proyecto de reforma tributaria, llamado de “Inversión Social”, fue aprobado este martes por las plenarias de Senado y Cámara. Sólo faltaría la conciliación y la sanción presidencial, para que dicho proyecto pase a revisión por parte de la Corte Constitucional y sea ley de la República.

El primer comentario general que se puede hacer del proyecto aprobado es la diligencia con que hizo su trámite en el Congreso, lo que muy pocas veces sucede con iniciativas tan importantes y polémicas. La reforma, que busca recaudar $15,2 billones de pesos, fue radicada el 20 de julio después de que el ministro de Hacienda expusiera su contenido en diferentes foros y recibiera retroalimentaciones.

Esa ambientación del proyecto fue uno de los factores que facilitó su tránsito en el legislativo. Otro elemento fue la conciencia de lo urgente que es obtener recursos para estabilizar las finanzas públicas muy deterioradas por cuenta de la pandemia, que afectó ingresos y gastos, con lo cual, según el marco fiscal de mediano plazo (MFMP), el déficit podría cerrar en 2021 en 8,6 % del PIB.

Así mismo, el sector empresarial, muy consciente de esa realidad, tuvo una actitud de colaboración ante la cruda situación fiscal y la necesidad de obtener ingresos para financiar el gasto social (ingreso solidario, empleo de los jóvenes, apoyo al empleo formal, matricula cero), una obligación ante las secuelas que las crisis sanitaria y económica dejaron sobre los colombianos menos favorecidos.

Aunque se llegaron a hacer muchas propuestas de adiciones, los aspectos tributarios en la reforma aprobada tuvieran muy pocos cambios frente a la radicada originalmente por el Gobierno. Se incluyeron tres nuevos artículos para asegurar recursos al Ocad Paz, definir el destino de los recursos del impuesto al carbono y extender hasta 2022 el programa de apoyo al empleo formal (Paef).

Los esfuerzos por recoger ingresos mayores se concentran en la tarifa corporativa del impuesto a la renta, que sube del 30% al 35 %, a partir de 2022. Se incluyó una muy polémica sobretasa temporal de tres puntos sobre esa tarifa, para las instituciones financieras que tengan una renta líquida gravable superior a 120.000 UVT. Eso quiere decir que el 69 % de los recursos que se obtendrían corresponde a esos rubros, mientras que el 31 % restante provendría de la austeridad en el gasto público, unos $1,9 billones anuales.

Hay que destacar que en el proyecto se definen cambios en el comité de la regla fiscal que le dan más capacidad técnica e independencia. El comité deberá velar por el cumplimiento de la reducción de la deuda pública que se requiere para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Al trámite también contribuyó que, en vez de mayores impuestos, se espera recaudar por la vía de la austeridad, a través de la reducción de recursos destinados a viáticos, publicidad, etc. Habrá que determinar qué tanto se recolecta efectivamente por esa reducción en esos rubros específicos, y que tan perdurable en el tiempo es esa austeridad.

Llama la atención que no hubo propuestas para eliminar las exenciones tributarias; estas hubieran podido contribuir a mejoras en el recaudo con mayor certeza que la esperada austeridad; seguramente esa decisión también contribuyó a la agilidad en su trámite.

Por último, quedará para el próximo gobierno la encrucijada de qué reformas estructurales acometer, además de una nueva tributaria con nuevos impuestos, eliminación de exenciones y otras medidas adicionales. De esto no habrá escapatoria y será un tema crucial en la campaña presidencial que cada vez más se avecina.

https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 09 de septiembre de 2021.