Iniciaron promocionando un paro nacional en contra del gobierno, donde irían a participar las centrales obreras, sectores sociales y políticos, la minga indígena, estudiantes y diversos manifestantes que expresaron su inconformismo por la fallida reforma tributaria y los crímenes a defensores de derechos humanos y líderes sociales. Por supuesto que la protesta es un derecho. Sin embargo, el plan estaría tan bien orquestado que, los principales promotores ciudadanos de la protesta social, rápidamente fueron relegados por los delincuentes de la “primera línea”, financiada con recursos del ELN, el narcotráfico, y según se dice, desde Venezuela la dictadura puso su granito de arena para el caos y la destrucción en Colombia.

Por supuesto que al señor de las bolsas de dinero de dudosa procedencia y su séquito de comunistas, no les fue nada difícil agitar las masas, celebrar punibles como la rebelión, la sedición y la asonada que, desde otrora, tanto les ha gustado promover, ejecutar y celebrar airadamente en los tristes días de vandalismo.

Del ejercicio del derecho de reunión pacífica pasamos en cuestión de horas a la barbarie, el ataque a la Policía Nacional, la quema de los CAI, la muerte con sevicia de uniformados, el cierre de vías nacionales por cuenta de los bloqueos, el dolor de la población civil por el caos y el terror que los violentos ocasionaron en poco más de tres meses en Bogotá, Cali y Medellín, principalmente.

Ahora bien, la prensa que viene apoyando decididamente al ex guerrillero Petro en su intención de llegar a la presidencia de Colombia, dedicó todas sus fuerzas a desprestigiar el honor policial, culpando a la fuerza legítima del estado por el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza contra unas santas palomas, buenos muchachos, y ciudadanos de bien llamados “Primera línea”.

¡Háganme el favor!

El gobierno arrinconado por las células urbanas guerrilleras de las disidencias Farc.

Jurídicamente, lo que hicieron las fuerzas de seguridad legítimamente constituidas, fue apegarse a los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de controlar las manifestaciones, aun cuando sus vidas estuvieron bajo amenaza inminente y sus integridades físicas soportaron lesiones graves y ataques con objetos explosivos utilizados por los violentos.

O es que su derecho a la vida no vale, o es exclusivo de los malandrines.

A un año de la toma vandálica, hubo derechos humanos para una cara de la moneda, y para la otra, recriminaciones, investigaciones y acusaciones.

La tarea de recopilar lo acontecido parece haber encontrado culpables solamente desde la autoridad, pero desde los vándalos, no.

La criminalización y estigmatización provino desde todos los flancos de la sociedad señalando exclusivamente a nuestra Policía, sin embargo, poco o nada se ha dicho del modus operandi de las guerrillas urbanas infiltrando y desdibujando la protesta social.

Los aliados políticos de la toma vandálica provinieron increíblemente de las principales autoridades administrativas de Bogotá, Cali y Medellín, gobiernos que con sobrados méritos han demostrado su asco y repudio por la autoridad, por el Estado de derecho y por los conceptos de seguridad, orden y democracia.

En vez de repeler a los antisociales, se aliaron con ellos. Salvo contadas excepciones, no fueron capaces de tomar las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo del derecho de reunión pacífica en cada una de sus ciudades.

Jamás en estos paupérrimos alcaldes, ha prosperado la idea de trabajo mancomunado con la fuerza pública, contrario sensu, los ven como sus enemigos.

Protestar es un derecho pero hay que entender que no es el único ni el más exclusivo que proviene de la carta magna,  también hay otros derechos que deben ser ponderados como el  derecho a la vida que es el supremo y el más importante, otros como el derecho al trabajo, a la tranquilidad, a la libre locomoción, a la paz, a la libertad, a la no discriminación, entre muchos otros más que durante la toma vandálica guerrillera, fueron vulnerados y violentados por los de siempre, los que quieren tomarse el poder por las vías de hecho, los que les gustan portar fusiles.

Casualmente, los agitadores políticos de dicha hecatombe, gozan de un poder superior que los hace intocables por la justicia, a tal punto que lo que digan o hagan, o dejen de hacer, aun violando la constitución y la ley, nada les pasa.

Así salgan en videos recibiendo fajos de dinero oscuro, así su hermano visite en la cárcel a condenados por corrupción en el conocido “Pacto de la Picota”, para permutar penas por votos; así alias “Teodora”  senadora electa, esté del lado de las mafias; así los Roy, los Benedetti o los Prada hayan usurpado dineros públicos y tengan procesos judiciales vigentes  ante la justicia; así el “pollo Carvajal” antiguo compinche del desaparecido Chávez esté próximo a cantar en una corte americana por la presunta financiación bolivariana de varias campañas políticas Petristas.

La lista de hechos bochornosos del candidato Petro es inmensa. ¿Será que por eso no va a los debates políticos?

Mi abuelita sabiamente decía que el pecado acobarda.

Lo han prometido cínicamente, de ganar las elecciones acaban con la Policía, con el Esmad, con la institucionalidad y con el país entero.

A un año de la toma vandálica, el pueblo tiene la respuesta, rechazarlos en las urnas.