Para el año 2024 el gobierno sobrepasó el gasto primario en más de 9,7 billones sobre lo estimado en el marco fiscal. Además, habría proyectado más de 10,8 billones de ingresos tributarios que nunca se obtuvieron. El gobierno acumuló un déficit del 6,8% del PIB. Además, para ocultar un gasto de 32 billones, el gobierno usó las “transacciones de única vez” de una manera abusiva.

La regla fiscal tiene flexibilidad para atender situaciones exógenas que alteren la economía. Por ejemplo, tiene en cuenta el “ciclo petrolero” que permite mayor gasto cuando el precio del petróleo es bajo en comparación con años anteriores y tiene en cuenta el “ciclo económico” cuando el crecimiento de la economía afecta los ingresos del país. La regla también se flexibiliza cuando situaciones únicas suceden. Por ejemplo, en 2023, cuando la Corte Constitucional tumbó “la no deducibilidad de regalías”, los 2,3 billones entraron como “gastos de única vez”.

Sin embargo, el gobierno ha pretendido abusar de esta flexibilidad. En 2024, el gobierno clasificó 31,6 billones como “transacciones de única vez”; 25,7 billones por una “caída no anticipada del recaudo”. Sin embargo, los expertos consideran que no es justificado. El ciclo económico ya tiene en cuenta la caída de los ingresos, más aún cuando fue una decisión de gobierno aumentar los anticipos.

Hemos alertado desde 2023 sobre el derroche burocrático del gobierno. El presupuesto para 2025 que el gobierno sacó por decreto (pues el Congreso lo rechazó) tiene la misma línea y el gasto burocrático siguió creciendo. Sin embargo, el gobierno no quiere cortar burocracia. El recorte presupuestal de 12 billones que tuvo que hacer (porque el Congreso le rechazó los nuevos impuestos de la reforma tributaria) no toca los excesos de gasto en burocracia.

Los recortes fueron hechos con un criterio extorsivo. Pretenden obligar al Congreso a aprobar una nueva reforma tributaria, y por eso los recortes que el gobierno presentó fueron inconvenientes y dolorosos. Petro decidió quitarle 785 mil millones a nuestras Fuerzas Armadas (en medio de la crisis del ELN y las disidencias en el Catatumbo). Le quitó 211 mil millones al sistema de salud para agravar el déficit de más de 18 billones. Quitó más de 2 billones a proyectos de inversión de infraestructura como el metro de Bogotá, el RegioTram de Cundinamarca y mantenimiento de carreteras como Cúcuta-Alguaclara o Huila-Cauquetá.

Si nos quejamos de esos recortes, nos dicen que debemos aprobar una nueva reforma tributaria. Más grave aún, la CARF estima que hace falta un recorte adicional por 50 billones.

No logro entender cómo un gobierno que ha tenido los presupuestos más grandes de la historia, que sacó una reforma tributaria de más de 17 billones que se pagan cada año, se encuentre corto de recursos. Solo ejecutó el 57% de su presupuesto en inversión (2024), y así, sin inversión, Colombia tiene hoy el mayor déficit de su historia (sin contar con los años de pandemia).

Hace un par de semanas, el gobierno sancionó su acto legislativo para que en los próximos 12 años los recursos que reciben las regiones del presupuesto general de la nación pasen del 23,8% al 39,5%. Esto genera la mayor preocupación. Se romperá el ancla de deuda pública del 55% del PIB. Es una irresponsabilidad fiscal. Es por esta razón que lo demandé ante la Corte Constitucional, con la esperanza de que esta locura fiscal no siga propagándose.