Consternación e indignación suscitó en un amplio sector de la opinión pública la puesta en escena de Gustavo Petro y algunos exjefes paramilitares, entre ellos Mancuso y Macaco, en desarrollo de un reciente evento público en el que el mandatario se fue lanza en ristre contra el proceso de Justicia y Paz del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, para después anunciar que reinstalaría la mesa de negociación con las extintas Autodefensas y que los nombraría “gestores de paz”.
A decir verdad, resulta difícil definir qué es más desconcertante, si el anuncio de Petro de reencauchar un proceso finiquitado hace varios lustros o que los exjefes extraditados a los Estados Unidos por continuar delinquiendo desde las cárceles durante el proceso de desmovilización, mantengan su falaz diatriba de haber sido traicionados por el Gobierno de entonces. Que no quepa duda alguna, quienes traicionaron la confianza de los colombianos y sus autoridades fueron los 14 exjefes paramilitares extraditados en mayo de 2008; su extradición es prueba de la seriedad y solidez de un proceso cuyo marco jurídico continúa vigente, y cuyos resultados son visibles.
Una vez establecido el marco normativo de sometimiento a la justicia (Ley 975 de 2005), en abril de 2006, se terminaron de desmovilizar las 36 estructuras armadas que agruparon cerca de 35.000 paramilitares, con lo cual se clausuró esa mesa de conversación, sin contar los cerca de 18.000 guerrilleros que se desmovilizaron individualmente en virtud de esa misma Ley, entre los que cuenta Elda Neyis Mosquera García, alias Karina, de las FARC, desmovilizada en 2008, y quien bien encarna la prueba del éxito de ese proceso.
Dato mata relato. A 2020, tras cumplirse 15 años desde que fueron establecidas las Salas Transicionales de Justicia y Paz, se habían emitido 70 sentencias condenatorias contra 588 exparamilitares, por 9.929 hechos que provocaron 38.426 víctimas; casos emblemáticos que involucran graves crímenes, como desapariciones, violencia sexual, torturas, despojo, desplazamiento forzado, reclutamiento ilícito y masacres. Para ese año, aún continuaban en investigación 81.732 hechos criminales a la espera de sentencia, con 154.370 víctimas reconocidas. En total, según datos de Justicia y Paz, son 238.019 hechos relacionados con estas estructuras ilegales.
Además, hasta esa fecha se habían efectuado más de 2.500 compulsas de copias en contra de particulares y servidores públicos relacionados con estos grupos, 10.000 exhumaciones y 4.609 restos de víctimas identificados y entregados a sus familiares.
Finalmente, en lo que respecta a la reparación a las víctimas, de acuerdo con el exfiscal Francisco Barbosa, entre 2006 y 2019, la Unidad de Justicia y Paz o de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación entregó a la Unidad de Víctimas $483 mil millones para reparación, a los que se sumaron $1.8 billones correspondientes a 1.600 bienes, entre 2020 y 2023.
Lo más importante es que, el único proceso hasta hoy, incluyendo el de La Habana, que no dio estatus político a los criminales para negociar, que no otorgó amnistía ni indulto a responsables de delitos atroces y de lesa humanidad, y les impuso penas privativas de la libertad, que no otorgó partido o curules a dedo a criminales, es Justicia y Paz; lo demás es un teatro de compadres.
09 de octubre de 2024
