Esa muerte es, pues, imputable al presidente Gustavo Petro y a su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El primero por haber destruido, por razones ideológicas, el buen sistema de salud --superior al de muchos países del continente--, que Colombia tenía hasta el 7 de agosto de 2022, lo que ha creado, entre otras desdichas, sobre todo para los sectores menos favorecidos, un déficit en la atención médica y una penuria artificial de medicamentos (1). Y el segundo por no hacer lo que estaba a su alcance para salvar la vida de ese niño enfermo, y a otros pacientes, cuya vida dependía de ciertos fármacos, como importar de urgencia los medicamentos indispensables para atajar las consecuencias letales de la enfermedad huérfana que padecía el menor.
Luz Ángela Parra, la madre de Juan Manuel, explicó que su pesadilla comenzó el pasado mes de mayo cuando el distribuidor habitual de Clobazam, un medicamento para tratar la enfermedad de Gaucher, la notificó que esa molécula se había agotado y que el laboratorio respectivo ya no la estaba fabricando. La señora Parra precisó que, durante siete años, el sistema de salud anterior, que tanto le molesta a Gustavo Petro, le había suministrado puntualmente a su hijo ese y dos otras medicinas ordenadas por los profesionales.
La tragedia de la familia Jiménez fue acogida por el gobierno con indiferencia. No creo que haya habido una sola muestra de simpatía ni de solidaridad de Petro con esa familia. La prensa publicó las declaraciones de la madre del menor difunto pero el acto para decirle adiós a Juan Manuel pasó desapercibido, cuando esa ceremonia era la ocasión para que los pacientes amenazados y la clase política denunciaran las bajas obras antipopulares de la administración petrista.
La Federación Colombiana de Enfermedades Raras explica que hay en estos momentos “cientos de familias que están en la misma situación” de Angela Parra: “unos sin medicamentos, otros al bordo de la muerte, otras familias sin tratamientos, otras ya perdieron vidas” (2).
Improvisada con criterio demagógico y anticapitalista, la reforma de la salud del presidente Gustavo Petro sembró el desorden. Un clima de incertidumbre surgió entre los actores del sector salud. Las relaciones entre los hospitales, los pacientes, los laboratorios, las farmacias, los importadores, el ministerio del ramo y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) fueron alteradas. Todo eso ocurrió incluso antes de que la pésima “reforma” hubiera sido aprobada por el Congreso.
Desde marzo de 2023, la prensa lanzó la alerta: Colombia comienza a vivir una crisis de medicamentos pues hay una baja en la oferta de “más de 1.200 principios activos”, reportaron algunos diarios. La baja era, en realidad, una crisis: había escasez de moléculas para regular la glicemia, contra la hipertensión arterial, el VIH, el dolor, los trastornos mentales, las afecciones cardíacas, etc.
El Invima intentó negar ese fracaso. Pero en un informe de septiembre 2024, ese organismo oficial tuvo que admitir que la penuria seguía su curso y afectaba gravemente los stocks de unos 50 medicamentos de los cuales depende la vida de millones de pacientes, como la insulina, el Salbutamol, carbón activado, Somatropina, Nevirapina, Metilfenidato, Fenitoína, Etomidato, Estradiol, Cloroquina y Clobazam, entre los más mencionados.
En octubre de 2023, el gobierno agravó el problema con medidas absurdas, como decretar la “importación por única vez” –consecuente con el criterio irracional de enfatizar la producción local y desalentar las importaciones, y, peor, el de darle la espalda a lo más grave con la política de la “declaración del medicamento como vital no disponible”.
La “reforma” de la salud, presentada al país como un plan maravilloso, más garantista y “democrático”, resultó en su contrario. Petro acudió al desmantelamiento de las EPS (Entidades promotoras de salud), mediante el desfinanciamiento deliberado de éstas, para reducirlas a unas simples “gestoras de salud y vida”, grupos sin fondos regulares pues dependientes del buen o mal humor del gobierno socialista. La ofensiva contra las EPS agravó el déficit de la salud –que había crecido con la crisis del Covid--, pues la deuda de 25 billones de pesos no fue pagada, no por errores de cálculo, como pretende el gobierno, sino por tratar de imponer un esquema estatista y politizado. Según la EPS Sanitas, con 33 mil usuarios, esa deuda es causada por la “insuficiencia de los recursos que gira el gobierno nacional para cubrir los presupuestos máximos”. La “reforma” también acrecentó los índices de corrupción.
¿Cuántos otros niños y cuantos otros colombianos, sobre todo pacientes de enfermedades huérfanas, tendrán que fallecer por culpa del desastre del sistema de salud que impulsa Gustavo Petro --para cumplirle al Grupo de Puebla y otras sectas internacionales socialistas--, para que la clase política colombiana entienda que cada día que pasa los estragos creados por Petro aumentan y serán incalculables, y no sólo en cuestiones de salud pública, y que la solución no es sufrir con abnegación pueril hasta que llegue el día de un cambio de gobierno mediante una elección presidencial en 2026 o en 2030, o en 2034?
La muerte prematura del niño Juan Manuel es un campanazo de alerta: las medidas de Petro para destruir el país cobran vidas colombianas no solo en los territorios dejados por él a las bandas narco-comunistas, sino que está llevando a la muerte anónima, silenciosa, sin prensa, sin protestas, a miles de colombianos desamparados. ¿Hasta cuándo soportaremos esa situación?
(1).- El 29 % de la población estaba cubierta por el sistema, pero con la reforma de 1993 (Ley 100 de diciembre de ese año) la cobertura aumentó y en 2022 ésta era casi el 99 % (Vanguardia, de Bucaramanga). En un conjunto de 94 países Colombia ocupaba, en 2022, el puesto 39, según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, lo que superaba el promedio general (71,7 puntos) con un índice de cubrimiento de 81,5.
(2).- https://twitter.com/Fecoer/status/1839718957592322426
