Cada día es más difícil escuchar y entender las posturas de Gustavo Petro. El pasado 19 de septiembre en Bogotá, tuve la oportunidad de asistir al Congreso Anual de Energía de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (ACOLGEN), donde expertos hicieron importantes reflexiones sobre las oportunidades, los retos y los riesgos del sector; las lecciones aprendidas del fenómeno de El Niño, y las implicaciones de la falta de seguridad energética.
Quedó claro que ante tanta incertidumbre que existe hoy, hace falta una mayor y mejor planeación del sector, pensando en el corto, mediano y largo plazo, fortaleciendo la institucionalidad, y permitiendo una conversación de los distintos actores, articulando los sectores público y privado; además, necesitamos aumentar la oferta de energía y diversificar nuestras fuentes para garantizar energía en firme y poder alcanzar un crecimiento económico sostenido, lo que obliga a la estabilidad en las reglas de juego, resolver los problemas de licenciamiento y conflictividad social de los proyectos, y establecer una carga impositiva que no desincentive la inversión.
Varias intervenciones alertaron sobre la posibilidad de racionamiento y las graves consecuencias que esto tendría para el país, pues si llegamos a un escenario como el de 1992, podemos perder, según cálculos de Fedesarrollo, un 1,5% del PIB, con gran impacto en los hogares, especialmente en los más pobres; se perderían 230 mil empleos, y crecerían en 200.000 los colombianos en pobreza monetaria y 100.000 en pobreza extrema.
Una vez más, se ratificó la necesidad de pensar la transición energética acorde con la realidad social, económica y ambiental de cada país; y se reiteró el compromiso de este sector con la sostenibilidad. Solo las 16 empresas asociadas a ACOLGEN, que representan el 85% de nuestra capacidad instalada, en 2023 hicieron inversiones por más de $475.000 millones en modernización de las centrales de generación; avanzaron en fuentes no convencionales de energía renovable, incorporando más de 1.038,5 MW en fase de pruebas, 812 MW en construcción y 3.780,12 MW en desarrollo; e invirtieron más de $182.000 millones en temas ambientales, sin contar la gran labor social que adelantaron.
Pero llegó la desconcertante intervención de Petro, marcada por la agresividad, la falta de rigor técnico y el radicalismo ideológico. Empezó afirmando que preferiría estar con sus amigos en la Plaza de Bolívar que allí, luego dijo que iba a tener un diálogo franco y no tramposo, sin esperar un aplauso; entonces, afirmó que el mercado era el responsable de la extinción de la vida en el planeta; que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) no sirve, que en vez de técnicos necesita estar conformada por usuarios; afirmó que le habían quitado las funciones constitucionales sobre los servicios públicos y que es ideología “esa teoría que nos vamos a quedar sin gas”. Solo unas horas después, dato mató relato, y ECOPETROL anunció la suspensión temporal del suministro de gas natural a 13 distribuidoras para vehículos, porque tenía que priorizar las termoeléctricas.
Esperemos entonces que el Congreso asuma estos temas con el suficiente rigor técnico y que se abra el debate responsable, empezando por los tres proyectos de ley que acabamos de radicar y que buscan garantizar la seguridad energética en el país, uno para declarar el gas, energético estratégico para la transición; otro para crear la Licencia Ambiental Flexible para proyectos de generación a partir de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable, y otro para permitir que se adelanten los pilotos integrales de fracking con el fin de tomar decisiones con base científica.
25 de septiembre de 2024
