Facebook

     SiteLock

Última hora
Los paragestores de paz - Miércoles, 20 Noviembre 2024 04:06
Intervención Foro Cd sobre energía - Miércoles, 20 Noviembre 2024 04:04
Petro va por CC y Registraduría - Miércoles, 20 Noviembre 2024 04:02
La idea de “justicia” de Petro - Miércoles, 20 Noviembre 2024 04:01
Gobierno necesita aprender mucho - Miércoles, 20 Noviembre 2024 03:34

Alfonso Monsalve Solórzano                                                             

Petro está desatado. Ha insultado a los empresarios, a los que ha dicho nazis y fascistas; a las mujeres periodistas, a la prensa no abyecta, al Congreso por no aprobarle el presupuesto desfinanciado al que se le colgaría otra reforma tributaria imposible de pagar por los colombianos de clase media y los trabajadores; al presidente de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, de quien dijo, en un acto de supremo racismo que no entiende que éste sea negro y conservador; al Consejo de Estado, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, etc.

Todo típico de Petro. Pero, lo que está pasando ahora, su agresividad, se debe a que está realmente asustado porque de seguir el curso de los acontecimientos, el presidente, literalmente no podría imponerle al país los designios que tiene preparados para apoderarse del país, ya sea él o por interpuesta persona; ya sea siguiendo el curso electoral o interrumpiéndolo, porque no le alcanzará el tiempo. Veamos:

La posibilidad de un juicio político se cierne contra el presidente si el Consejo Nacional Electoral, el CNE, declara la campaña política del Pacto Histórico responsable de exceder los topes de ingresos estipulados por la ley, porque ese fallo pondría en marcha los engranajes jurídicos que lo pueden sacar de la presidencia.  Petro niega que ese organismo sea competente para investigarlo porque violaría el fuero presidencial que tiene y que establece que sólo puede ser investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, juzgado por indignidad por el senado y enjuiciado penalmente por la CSJ.

Ahora bien, a pesar y en contra de la postura de Petro, el Consejo de Estado, a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil determinó que:

 “El Consejo Nacional Electoral (CNE) sí es competente para continuar las investigaciones administrativas relacionadas con una probable violación a las reglas de financiación de la última campaña a la Presidencia de la República. Igualmente, estableció que es competencia del Congreso de la República, a través de la Comisión de Acusaciones, adelantar el eventual proceso para sancionar con pérdida del cargo al jefe del Estado, en el evento en que los hallazgos de la autoridad electoral dieren lugar al desarrollo de una actuación de esa naturaleza (…) La Sala explicó que el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de imponer las sanciones administrativas a las que haya lugar contra el ganador de la campaña a la Presidencia, en caso de comprobar irregularidades previstas en la ley, excepto la de una eventual pérdida del cargo. En ese caso, la competencia recae exclusivamente en el Congreso de la República, conforme lo exigen los juicios por indignidad política, precisó” (https://www.consejodeestado.gov.co/news/2024/23.2-Ago-2024.php)

Y, se conoce ahora, que la Corte Constitucional había afirmado que “La competencia para decidir sobre la presunta violación de los topes de financiación de la campaña presidencial corresponde al Consejo Nacional Electoral, conforme lo dispuesto en los artículos 265 de la Constitución y 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005” https://www.lafm.com.co/politica/corte-constitucional-ratifica-competencia-del-cne-para-investigar-la-campana-de-petro).

Esto es así porque ley fija como corresponsable al candidato y en este caso, al candidato ganador de las presidenciales, Gustavo Petro. La Sentencia C- 1153 establece que “el candidato, así como el auditor y el tesorero, son solidariamente responsables por el manejo que se haga de los dineros recibidos, así como por el cumplimiento de las normas que regulan el sistema de financiación de las campañas”

Respecto al presidente, aunque el CNE no puede juzgarlo, puede aplicarle sanciones administrativas y está en la obligación, en caso de encontrar que hubo violación de los topes, enviar los cargos al Congreso, y si este lo encuentra culpable, de acuerdo con  el artículo 21 de la ley 996 de 2005, “podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política”.

La ruta que seguiría el expediente del presidente sería: remitirlo a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, cuya presidencia Petro ya no controla – la anterior, todo parece indicar, la habían negociado fraudulentamente con Wadith Manzur, representante conservador- y, entonces llegará a debate con los ojos del país puestos ahí. De formularle cargos, iría al Senado donde no controla a su presidente -y por eso lo insulta- y no tiene mayoría, y, todavía más, con los ojos de país encima, por lo que el juicio por indignidad podría sacarlo del cargo.

Es un juego de posibilidades en el que las probabilidades en su contra son altas. Por eso no sólo descalifica al CNE, al Consejo de Estado ya a la Comisión de Acusaciones. También amenaza con la revolución, con inundar al país con un baño de sangre:

Si la respuesta al acuerdo nacional es un golpe de Estado, la respuesta es una revolución en Colombia”. Agregó que vendría una oleada de “violencia” que duraría varias generaciones. Incluso, les dio órdenes a los militares. “El Ejército y la fuerza pública (...) es una orden de su comandante en jefe, no apuntar las armas contra el pueblo. Que el pueblo se manifieste, como decía Salvador Allende, que se abran las grandes alamedas a las multitudes (...) Como dijera Bolívar, el fundador de esta patria: soldado que levante el arma contra el pueblo, soldado maldito porque ensucia el uniforme” (https://www.semana.com/politica/articulo/que-le-pasa-a-petro-la-radicalizacion-de-su-discurso-genera-una-fuerte-tension-en-el-pais-la-emprendio-contra-el-cne-la-prensa-las-altas-cortes-el-congreso-y-los-empresarios/202414/).

Petro cree que cumplir la ley es conspirar para sacarlo. No, cumplir la ley es preservar las instituciones democráticas, nadie está por encima de ellas. Decir que el cumplimiento de la ley es un golpe de Estado, es, eso sí, impulsar un golpe de Estado contra las instituciones. Y sólo él piensa que lo quieren matar porque lo someten a la Constitución y la ley. Nadie cuerdo quiere matarlo. Muchos pensamos, en cambio, que, si violó la ley, debe irse. Por el bien de nuestra democracia. No puede haber un presunto corrupto en el poder, porque es imposible que no supiera las movidas de sus más inmediatos compañeros.

Estamos ante la peor versión de Petro. Se equivocan los que piensan que está delirando o está loco. Está angustiado y muy molesto porque, repito, se le puede caer la tramoya que tiene en mente. Es un narcisista, pero un narcisista asustado que, para conservar el poder que tiene y que proyecta, recurrirá a todo. No hay límite moral que mitigue sus ambiciones. Lo bueno para él, es lo que le sirve. De lo contrario, es malo e intolerable.  No olvidemos, por ejemplo, que hará una “asamblea del poder constituyente” en la Universidad Nacional con la esperanza de generar el caos político que le permita quedarse, con ayuda de sus amigos de la “paz total”.

Pero eso no es soplar y hacer botellas. Y las cosas no le están saliendo bien. Por eso, ahora es más peligroso.

 

Publicado en Columnistas Nacionales

Compartir

Opinión

Nuestras Redes