Las recientes mediciones de las encuestadoras Invamer y Guarumo y Ecoanalítica reflejan el descontento generalizado de los colombianos con la gestión del actual Gobierno; en la primera, 69% de los colombianos siente que el país va por mal camino y 62% desaprueba la gestión del presidente; en la segunda, 59,1% de los consultados calificaron el desempeño de Petro entre pésimo (30,4%) y malo (28,7%).
Los resultados de esta medición se explican, entre muchas otras razones, por los constantes y cada vez más graves escándalos de corrupción; por el deterioro estructural de los indicadores sociales, económicos e institucionales del País; por graves denuncias sobre ataques a la libertad de prensa y revelaciones sobre interceptaciones ilegales a magistrados, periodistas y miembros de la oposición desde la Dirección Nacional de Inteligencia, que ahora está a cargo de un exmilitante del M-19, y expresidente y cofundador del Partido Verde; además, por la pésima gestión de un gabinete, en el que prima el fundamentalismo ideológico, el activismo y el sectarismo, sobre el conocimiento, la sensatez y la capacidad técnica.
Para colmo de males, se han presentado numerosos cambios de ministros (11 solo en el primer año; y ahora, un nuevo remezón ministerial supuso la salida de los ministros del Interior, Justicia y Agricultura) que afectan la capacidad de ejecución, al igual que la prolongada interinidad en entidades tan importantes como el Invima, y la crisis por la falta de integración de otras, como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG); a esto se suman la baja ejecución presupuestal, el aumento del gasto estatal y los “errores” en el pago de las nóminas a funcionarios y proveedores.
Precisamente, el pasado 26 de junio, a solicitud de un Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, ratifiqué y amplié mi denuncia en contra del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por el presunto delito de peculado culposo, por cuenta del pago irregular que se presentó el 24 de noviembre de 2023. En la diligencia, entregué las respuestas del Ministerio a varios de mis derechos de petición, en las que reconocen el equívoco en el pago de nómina a más de 180 mil servidores públicos, por un valor inicial superior a 665 mil millones de pesos, según el grupo SIIF, y afirman que, para el 18 de diciembre de 2023, había un saldo por recuperar de más de 50.667 millones de pesos.
Por este insólito e injustificado error, la Contraloría General de la República dio apertura a un proceso fiscal contra el Ministro Bonilla y otros de sus funcionarios, por un detrimento equivalente a 1.624 millones de pesos, solo por concepto de intereses dejados de pagar por el Banco de la República a la cuenta del Tesoro Nacional correspondiente.
A pesar de eso, como subvención a la irresponsabilidad, el 20 de junio el Congreso terminó aprobando al Gobierno Petro un cupo de endeudamiento por más de US$17.000 millones, sin que presentara un plan de recorte del gasto ni se hiciera claridad sobre el destino de esos recursos.
P.D. Esta semana instauraré la respectiva denuncia por un caso similar que se presentó en el mes de mayo en el Ministerio de Igualdad.
3 de julio de 2024.
