Fajardo tendría razón si en Colombia se tratara de una confrontación entre sectores que discrepan ideológicamente y se oponen políticamente en un continuo que va desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, pero que respetan las reglas del Estado de Derecho de estirpe liberal democrático -o del organismo supraestatal avalado por aquel, como ocurrió, por ejemplo, en las elecciones pasadas del parlamento europeo en la Unión Europea, UE-; es decir, fuerzas que despliegan su acción política respetando lo que se denomina lealtad constitucional. En este modelo normativo se reglamenta la confrontación, la asignación de la representación política de cada fuerza según su caudal de votos, y hasta el mecanismo para modificar el aparato jurídico - político o cambiarlo (como hizo la Gran Bretaña cuando se retiró de la UE.
Pero ocurre que lo que se libra en el país es una ofensiva desde el gobierno de Petro, en alianza con fuerzas ilegales armadas que practican el narcotráfico y la minería ilegal, para destruir, precisamente, nuestro estado de derecho, a espaldas de la voluntad de la nación encarnada en sus ciudadanos.
Una línea estratégica de Petro y sus aliados es, como lo he venido recalcando en mis artículos, debilitar a las fuerzas armadas y de policía, hasta hacerlas inoperativas y, además, controlar los mandos para que le obedezcan ciegamente al tirano; mientras se fortalecen los grupos ilegales armados. Si esta ecuación llega a un punto de no retorno, simplemente perdemos el país:
Tomemos un hecho reciente. Semana (consultada el 22.06.2024) publicó un informe que ratifica todo lo dicho por mí en otras columnas:
“Las Fuerzas Militares de Colombia están desmanteladas, pobres, sin los recursos necesarios para afrontar la guerra que están perdiendo en varias regiones del país contra unas terroristas y macabras disidencias de las Farc. El Gobierno del presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, las dejaron fortalecer y ahora dominan, someten a la población, asesinan a soldados, policías y civiles sin ningún reparo” (recomiendo leerse completo ese artículo.
Tomemos un hecho reciente adicional. Otra línea estratégica es someter la justicia al control del presidente, para acabar con la independencia de poderes y tener el campo libre para perseguir a quien se le oponga:
La Corte pidió a la Fiscalía que indagar si organismos controlados por Petro- la Dirección Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Dian y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (UIAF)- los estaba investigando.
Igualmente, “Un general de la república, activo, le confirmó a Semana de manera reservada que tales interceptaciones sí se han hecho. El general le contó a este medio que el gobierno de Petro ha centralizado la Inteligencia en la Casa de Nariño y, como lo ha denunciado el senador David Luna, allí intervienen la DNI, la Dian, la UNP, la UIAF y la Policía. Inteligencia del Ejército estaría desmantelada, y en el caso de la Armada y las FAC solo tendrían autorización de manejar asuntos relacionados con narcotráfico y la interdicción. El alto oficial planteó algunas dudas sobre si hoy en ese grupo de inteligencia también participan agentes de la Fiscalía y advirtió que hay preocupación porque ese bloque está dedicado a chuzar y seguir a opositores, magistrados y periodistas, usando tecnología de punta para intervenir comunicaciones y hacer seguimientos, pese a que Petro dijo el pasado 4 de junio “Somos demócratas y no perseguimos a nadie, También desmintió desde Suecia que estuvieran persiguiendo a los magistrados” (Semana.com/política, visitada el 22.06.2024).
Acosar a las Cortes ha sido una constante de este gobierno: ya lo hizo en varias ocasiones con el Consejo de Estado (ver: https://www.eltiempo.com/justicia/cortes/por-que-el-consejo-de-estado-ha-sido-el-blanco-de-las-criticas-del-presidente-petro-contra-las-altas-cortes-3341928); y a la CSJ porque encapuchados intentaron tomarse el Palacio de Justicia para presionar a los magistrados la pronta elección de una nueva Fiscal. (https://www.infobae.com/colombia/2024/02/13/presidente-de-la-corte-suprema-de-justicia-desmintio-a-gustavo-petro-fue-un-hecho-de-agresion-y-violencia/)
Esperemos que la Fiscal sea tan diligente para investigar esta denuncia como la que ha tenido para investigar la campaña de Federico Gutiérrez y no se demore hasta que se olvide, como hasta ahora habría hecho, la que tiene contra el hijo de Petro. Lo digo porque la Fiscal fue nombrada después de los violentos incidentes en el Palacio de Justicia como ellos mismos mencionaron ante un organismo internacional la CIJ que tiene una oportunidad de oro para demostrar su independencia.
Una tercera línea estratégica es destruir los logros sociales, patrimonio de los colombianos, que hemos construido por años, como el sistema de salud, cuyo fin, repito aquí, causará una emergencia humanitaria nunca vista, para controlar a los colombianos; pero también ideologizar la educación pública a todos los niveles y acabar con la educación privada, para garantizar el apoderamiento del cerebro de los niños y jóvenes, así como apoderarse del ahorro pensional de los colombianos, para despilfarrar en subsidios a su clientela (la corrupción no es una línea estratégica, sino un contravalor inherente a la mafia).
Así las cosas, insisto, desde la perspectiva de los demócratas, se trata, entonces, defender nuestra constitución y las instituciones de la que son producto. Aquí la polarización, no sólo es legítima, sino una necesidad de supervivencia ante la ofensiva quienes practican la deslealtad constitucional desde el gobierno y desde los grupos armados ilegales con los que se colude.
En este escenario, la polarización es distinta a lo que piensa Fajardo: para defender nuestra democracia necesitamos, de un lado, a todos los del espectro político que profesan lealtad constitucional, desde la izquierda más radical hasta la derecha más radical, pasando por el centro político, para enfrentar a quienes quieren enterrar nuestra democracia.
Y desde esta mirada, la polarización es inevitable. Si esta no existiese, entendida como el resultado de la resistencia creciente del pueblo colombiano a la creciente acción destructiva de nuestra democracia, encabezada por el presidente, ello significaría que la voluntad popular no apoya dicha alternativa o que aquella ha sido aplastada y derrotada. Y ambos escenarios son contraevidentes. No ocurre ninguna de los dos, hoy.
Pero lo que es un hecho es que el rechazo al presidente y su plan de destrucción crece, la resistencia popular crece, aumentando la polarización. Pero todavía no es suficiente; se requiere masificación, movilización, unidad, aun con los que han sido los contradictores de antaño, y perseverancia para que la tensión política entre las dos fuerzas que se disputan a Colombia llegue la resistencia ciudadana a favor de la democracia hasta un punto que nos permita expulsarlos del poder mediante la acción coordinada de un frente unido en defensa de la democracia. Si no lo hacemos, perdemos a Colombia como estado social y democrático de derecho. Pero estoy estoy seguro, ya está en construcción empujado por hombres y mujeres anónimos y personalidades democráticas de todos los matices, superando el egoísmo y el afán de protagonismo.
