La semana anterior, podría ser considerada una de las más difíciles para Gustavo Petro y su gobierno, solo comparable con aquella en la que el País conoció de boca de su Hijo y su Hermano, que a la campaña presidencial habría ingresado dinero irregularmente y que habría recibido apoyo de jefes criminales desde las cárceles.
A las escandalosas revelaciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, que probarían, una vez más, el desvío ilícito de recursos públicos hacia algunos Congresistas con el fin de asegurar la aprobación de las reformas de Petro, se sumó el fallo de la Corte Constitucional que declaró inexequible la Ley 2281, que creó el Ministerio de la Igualdad, y la radicación de la ponencia que empezará a debatir el Consejo Nacional Electoral (CNE) que propone formular cargos en contra del Presidente y de su campaña, por la violación de las normas de financiación.
Los Magistrados del CNE, que por meses examinaron la campaña presidencial, establecieron según su ponencia, que el monto total de los ingresos no reportados en primera vuelta fue de más de 3.861 millones de pesos, que corresponden a los 500 millones aportados por Fecode; 500 millones del Partido Polo Democrático Alternativo; 931 millones pagados a testigos electorales; 356 millones por concepto de propaganda electoral; 202,4 millones aportados desde la campaña al Senado 2022 del Pacto Histórico; 1.249 millones por servicios de transporte aéreo, y 121,5 millones aportados por la Unión Sindical Obrera (USO).
De igual forma, los Magistrados lograron establecer que en la segunda vuelta dejaron de reportar más de 2.150 millones de pesos; y corroboraron que la captadora masiva de dinero Daily Cop, hizo aportes que no se registraron, como lo reconoció uno de los responsables de esta pirámide que defraudó a miles de colombianos que invirtieron con la promesa de cuantiosos retornos.
Ante estos hechos, la reacción de Petro fue, con un lenguaje violento y delirante, amenazar con movilizaciones masivas (similares al denominado “estallido social”, que estuvo marcado por violencia, vandalismo y terrorismo), con instaurar el poder constituyente de una vez, y con gobernar más allá del 2026, en sus propias palabras: “hasta cuando el pueblo quiera”. Lo que se traduciría según muchos analistas en una especie de “autogolpe” de Estado, que implicaría la interrupción de la institucionalidad y la instauración de un gobierno de facto por el tiempo que requiera el rediseño de un nuevo modelo constitucional; o como lo expresó el expresidente Uribe, la incitación a una guerra civil.
Así, lo que Petro y parte de su Gobierno y bancada denominan “golpe blando”, no es más que un intento de saboteo institucional por parte de ellos, para burlar la acción legítima de las instituciones democráticas establecidas en la Constitución y la Ley, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones, que adelantan sendas investigaciones por las irregularidades en la campaña presidencial y en entidades del Gobierno Nacional.
Hoy en Colombia lo que está en juego es la vigencia del sistema democrático y el Estado de Derecho, porque parece ser que la única salida que Petro encuentra para el atolladero político y legal en el que se encuentra es el “reseteo” del modelo constitucional vigente, sin importar que con ello nos arrastre a un caos sin precedentes en el País.
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 15 de mayo de 2024.
