En lo que parece ser un nuevo intento de “explosión controlada”, Petro en su mensaje, primero, justificó el desacato a la orden de suspensión provisional de su Canciller por parte de la Procuraduría General, en la supuesta necesidad de atender la visita del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al país, inobservando flagrantemente el artículo 217 del Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), que establece que dicha decisión es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Como lo afirmó la Procuradora General, semejante desacato por parte de Petro y Leyva, no solo desconoce la Ley, sino además, la configuración constitucional de los poderes y las competencias del Ministerio Público.
En segundo lugar, alega que la Fiscalía lo investiga, allana sindicatos, tortura y presiona testigos para que lo acusen, y califica como ilegal la contribución “del sindicato de profesores” a un partido político. No podía llegarse a un mayor grado de distorsión; lo encontrado por la Fiscalía en la inspección judicial, no allanamiento, en las instalaciones de FECODE y corroborado por lo denunciado por Omar Arango Jiménez (exdirectivo de este Sindicato), evidencia que la donación de 500 millones de pesos al Partido Colombia Humana, tenía como destinación específica contribuir al financiamiento de la campaña ‘Petro Presidente', violando el régimen electoral y, con ello, la ley penal. La donación a la Colombia Humana sólo sería una maniobra engañosa para encubrir la finalidad del cuestionado aporte.
Aunque Petro enfiló su ataque contra la Fiscalía, lo cierto es que en el Consejo Nacional Electoral cursa una indagación por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial, que tiene tres líneas de investigación bien definidas, las cuales no solo lo comprometen a él, sino además a su vicepresidenta, Francia Márquez, y a su exgerente de campaña Ricardo Roa:
1. Financiación ilegal. Como lo denunció su propio hijo Nicolás Petro y lo develó abiertamente Armando Benedetti, y que hoy tiene bajo investigación al empresario Euclides Torres y a los congresistas Agmeth Scaff y Pedro Flórez.
2. ‘Megaoperación’ de testigos electorales.Involucra directamente al empresario Xavier Vendrell y a Ricardo Roa, tras denuncias de La Silla Vacía, que daban cuenta de que la campaña presentó como voluntarios a 71.000 testigos electorales en primera vuelta y 83.000 en la segunda, cuando en realidad eran pagos; gastos que no fueron reportados debidamente por la campaña.
3. La autoridad electoral, además, indaga las irregularidades en la facturación de la campaña y cuentas no reportadas, así como violación de topes.
A Petro no lo investiga la Fiscalía, sino la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, donde actualmente cursa investigación también por falsedad en documento, financiación indebida y violación de topes de campaña. Teniendo en cuenta que en la primera vuelta se reportaron 28.384 millones de pesos como gastos de campaña, siendo el límite 28.536 millones y en la segunda lo reportado llegó a 13.169 millones, en la que el límite era 13.347 millones de pesos. La sola adición de los 500 millones de FECODE, más allá de que hayan sido legales o ilegales, bastaría para que se configure la violación de topes.
Finalmente, lo que resulta más grave es la convocatoria, que Petro denomina “máxima movilización popular” para defenderlo de una supuesta “ruptura institucional”, que no es más que la acción legítima y constitucional de las autoridades frente a los presuntos responsables de conductas tan graves en contra de la Constitución, las leyes penales y electorales, y que han venido siendo probadas en los últimos días.
¡Atención Colombia!Nuestro país ya sufrió en años anteriores, bajo el eufemismo del “estallido social”, las consecuencias de las mismas movilizaciones que Petro está convocando hoy en medio de su desespero. La realidad es que quien hoy promueve la ruptura institucional es el propio Presidente de la República.
