Petro recibió un país que iba camino al desarrollo con base en la economía de mercado, a pesar de la pandemia; pero, desgraciadamente, cruzado por la inacabable presencia de los carteles de la cocaína y la minería ilegal -que para autojustificarse, se autodenominan revolucionarios o autodefensas- consolidados gracias a la errónea política de paz del presidente Santos, que los legitimó, y a la pusilánime gestión del presidente Duque, que no se atrevió a combatirlos y cedió las calles y los campos a los atrabiliarios que intentaron derribarlo.
Petro, por supuesto, estuvo detrás del intento de rebelión contra nuestras instituciones desde el momento del triunfo de Duque, jugando la doble carta de la salida del presidente y la instalación de un gobierno revolucionario o, en su defecto, un estado de agitación permanente que lo llevase al triunfo electoral, que fue lo que finalmente sucedió, aunque no pudo consolidar unas mayorías electorales claras que le permitieran, sin apoyarse en nadie distinto a sus seguidores, la construcción de un modelo estatista que destruyera la economía de mercado y terminase con las libertades individuales de los colombianos.
En esta situación, tenía que negociar en un triple frente para alcanzar su objetivo: por un lado, con quienes se reclamaban revolucionarios alzados en armas, el ELN y las dos disidencias de las Farc, a quienes consideraba sus aliados y hermanos en armas; por el otro con otros grupos armados y bandas criminales dedicadas al narcotráfico y, además, con los partidos políticos que hacían presencia en el congreso. Pero, además, tenía que consolidar su propia fuerza y ganarse el corazón y el respaldo de la mayoría de los colombianos.
Y en esos cinco frentes se equivocó de cabo a rabo. Con los primeros, porque, aunque se vistan de revolucionarios, son narcotraficantes. Las pretensiones políticas sólo son la tapadera para continuar el negocio, para lo que necesitan consolidar territorios, controlar a la población civil e influir determinantemente en la estructura del estado y las decisiones del gobierno. Esos son, en mi opinión, precisamente los objetivos centrales de su negociación. Y Petro los ha aceptado todas, deteniendo el accionar militar contra esos grupos. En cuanto a las autodefensas y bandas, el gobierno no ha podido siquiera reglamentar las conversaciones y ellas siguen su ofensiva implacable sin que las fuerzas armadas y de policía hayan podido desmantelarlas o contenerlas.
El resultado es una impunidad disparada y una inseguridad creciente en campos y ciudades, a niveles que los colombianos pensábamos que nunca volverían. Es una de las razones por la que los ciudadanos reaccionaron y derrotaron estruendosamente a Petro en las elecciones de gobernadores y alcaldes y ahora hay una mayoría de estos mandatarios a lo largo y ancho del país, que no controla y que, de hecho, serán una barrera a sus pretensiones electorales de perpetuarse en el poder, más sí, como dejó en claro, hará lo imposible para no dejarlos gobernar, lo que generará más rechazo de la ciudadanía. Ese es un golpe fortísimo a sus pretensiones de continuar en el poder ya sea por reelección o por interpuesta persona.
Con los partidos políticos, llámense verdes, liberales, conservadores o de la U, ha Petro utilizado en el congreso todo el arsenal de corrupción, llamado en el país de manera eufemística mermelada, y apenas pudo aprobar una reforma tributaria que ya quiere contrarreformar para golpear más aun a las personas naturales -algo sobre lo que volveré un poco más adelante- y sacar en la Cámara la nefasta reforma de la salud. Con un panorama electoral que plantea una distribución de fuerzas distinta que resultó de las elecciones regionales y locales, a Petro le será muy difícil sacar en el senado su reforma a la salud y sus otros proyectos.
Su Plan de Desarrollo se cae a pedazos en la Corte Constitucional y comienzan a faltarle recursos, por lo que tiene que apelar a la odiada clase empresarial, de la cual ha denostado convirtiéndola en objetivo de odio y lucha de clases, para que invierta en algunos de sus proyectos, y, para cortejarla, precisamente, es que quiere contrarreformar su reforma. Ver para creer. Porque dice el dicho que al perro no lo capan dos veces.
Su ineficiencia es de manual. Los funcionarios del gobierno son incapaces, por ignorancia, de administrar los mecanismos del estado. No pudieron ejecutar billones del presupuesto del año pasado y no fueron capaces, ya sea por desidia o por razones ideológicas, o por ambas, de pagar las obligaciones contraídas por la nación para llevar a cabo los juegos panamericanos.
La corrupción, que Petro prometió combatir, es ejercida por su gobierno y cercanos de manera abierta e infame. Además de usar dineros del estado para corromper el voto de los congresistas, premió a Laura Sarabia; hizo retractar a su hijo Nicolás de su confesión por lavado de activos, apropiación de los mismos y uso de dineros de procedencia criminal en la campaña de su padre, y ahora éste está imputado y va para juicio; la señora Alcocer al parecer ha creado a su alrededor un grupo de privilegiados a los que paga jugosamente con recurso públicos. Y Petro, en lugar de apoyar a los jóvenes que trabajan y/o estudian, les dará a miles de jóvenes un millón de pesos para que no delincan. ¡Ah! y el presidente sigue “desapareciéndose” por largos periodos en los que abandona sus tareas como presidente, sin que hasta ahora haya podido entregar una explicación creíble.
Gracias a las limitaciones del presidente y su gobierno, sus planes totalitarios y populistas no han podido aun ser ejecutados y tendrá cada vez más dificultades para hacerlo. Esa es la buena noticia para el país. La mala, es que todavía tiene mucho tiempo y recursos para llevarlos a cabo y persistirá en ello, aprovechando cada oportunidad que se le presente. Por ejemplo, una institución central está en juego: la Fiscalía. Si la llega a controlar, el compás de la impunidad para él y su grupo, y el de la persecución de los opositores, se abrirán de manera inexorable; el país debe estar ojo avizor para impedir que una persona áulica de Petro llegue a ese cargo. En fin, el 2024 puede ser un año decisivo para la defensa de la democracia en Colombia, pero todo dependerá de la manera como los colombianos se organicen para que así sea.
