En mi artículo de hace ocho días dije que había algo obscuro en ese secuestro del señor Díaz, porque más que una intención extorsiva a la familia del plagiado, lo que se escondía era una presión al Estado y a los colombianos para que este les sufragase su manutención con recursos provenientes de los impuestos que pagamos y/o de donantes externos, hipótesis verificada por el propio alias Antonio García, comandante máximo del ELN: “El ELN no aceptará imposiciones ni chantajes. Que no se hagan ilusiones. El ELN respetará lo acordado (…) No existe ningún acuerdo en la Mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales (...)” “Queda pendiente buscar en la Mesa una solución concreta y real para financiar el Cese. Esto lo tiene claro la Delegación del Gobierno, por eso se estaba buscando una forma de financiación del Cese el Fuego” (https://www.infobae.com/colombia/2023/11/10/antonio-garcia-cabecilla-del-eln-le-respondio-fuerte-a-la-peticion-del-gobierno-de-liberar-a-todos-los-secuestrados-el-eln-no-aceptara-imposiciones-ni-chantajes/.
Si yo fuera partidario de las teorías de la conspiración, diría que este secuestro fue una puesta en escena con el consentimiento del gobierno nacional –recuerden que fue el propio ELN el que reconoció el secuestro en la Mesa de negociación frente al país, cosa bastante inusual, después de que el gobierno y sus delegados en dicha mesa se mostraran “ignorantes” de lo que hacía la organización con la que estaban sentados hablando-. Si ese fue el caso -y con Petro hasta las teorías de conspiración más extremas son posibles- estamos ante un acto de felonía contra el país, por parte de un gobierno, en la que ya es él mismo un cómplice que tiene los mismos objetivos de su fingida contraparte, y lo que sigue es la aprobación por parte del presidente de la financiación de esta guerrilla -y de los demás grupos armados narcotraficantes- con recursos del Estado y de la comunidad internacional que se preste a ese juego (y habrá en ella, idiotas útiles que lo harán). Sería un acto de traición a la patria por acción.
Pero, supongamos que el gobierno no sabía que el ELN era el autor del secuestro: las palabras del ministro Velasco hablan de que Petro y sus asesores están absolutamente arrodillados, hasta el punto de aceptar la financiación de ese grupo ilegal armado por parte de los colombianos y la sociedad internacional, que lo cedería absolutamente todo para mantener una negociación, sin haber obtenido absolutamente nada a cambio que beneficie al país y a los colombianos. Sería un acto de traición por omisión.
En ambos casos, avala el secuestro, lo legitima. El DIH es una normatividad que el Estado y el ELN aceptan a conveniencia, igualando a uno y otro en el crimen.
En ninguno de los dos escenarios se hablaría del fin de las rentas ilícitas billonarias producto del narcotráfico, fuente de infinita riqueza para el ELN y grupos similares. En efecto, en la primera posibilidad no sería, siquiera, una condición para hablar del futuro de la subsistencia de esa organización. En la segunda, el fin de los narcocultivos sería, en condiciones normales, una condición, pero en esta negociación no lo es, ni de lejos. De hecho, ya Petro salió a pedir la legalización de la coca (precisamente, después de que una periodista cercana le preguntara si era adicto y el presidente lo negara).
El punto es que, sin el cese del narcotráfico como condición de paz, el país estará completamente en manos de las organizaciones de narcotraficantes armados, que se disputarían los territorios a punta de armas. Sería la disolución del Estado tal como lo conocemos. Y esta posibilidad no es ficción o mala leche, tiene una alta probabilidad de cumplirse: ya estamos notificados por el mismo alias Antonio García de que el ELN no entregará las armas. Como quien dice, sólo aceptará ser el ejército del Estado que surja de la negociación y los que tendrán que deponer las armas serán las fuerzas armadas y de policía de nuestras instituciones. Y lo mismo dicen las organizaciones similares.
Es que en esta negociación no hay superioridad moral ni política por parte del Estado. Con Petro, todo se puede permitir porque no tiene límites; todo se permite con tal de alcanzar un objetivo que los colombianos ya no sabemos cuál es, pero, que, en todo caso, no es la paz total, a no ser que esta sea la que se alcance con la destrucción de nuestro Estado de derecho.
En este contexto, respondo la pregunta del título de este artículo. Con Petro, ahora, el ELN vivirá del secuestro, el narcotráfico y la financiación del Estado y la comunidad internacional. Y, de seguir las cosas así, vivirá de la administración de un estado narcotraficante.
