Un Acuerdo Nacional, al que en varias ocasiones se ha referido el Presidente Petro, podría incluir muchos temas o empezar por partes. Por ejemplo, las propuestas de reformas que están a consideración del Congreso, quedarían mejor para el país, si fueran fruto de un consenso cercano entre trabajadores, empresarios, Congreso y Gobierno. A continuación, hago algunas consideraciones.

Nadie niega la necesidad de mejorar la salud rural y de eliminar la politiquería en hospitales públicos. Pero establecer un monopolio de afiliación a centros estatales, afecta la libertad de los ciudadanos y la competencia que tanto contribuye a la calidad en la prestación de los servicios. Esto no se atenúa con la posibilidad de que las EPSs sean concesionarias para manejar dichos centros. Pasarían de ser entidades autónomas vigiladas por las superintendencias a apéndices del monopolio estatal. Como gestoras perderían agilidad para atender al paciente porque dependerían de la aprobación de las burocracias que se crean. Por qué en lugar de crear ese monopolio público no se mantiene el régimen mixto y se permite que asociaciones de centros de salud cumplan funciones de EPSs, sin exclusividad, esto es, que el ciudadano se pueda afiliar a las EPSs como sucede actualmente, o a esas asociaciones estatales.

Se hace un enorme daño a la confianza en el país al obligar al cierre de EPSs privadas, nacionales o extranjeras, que sufren hostilidad gubernamental a través de negación de pagos.

Poner la totalidad de los recursos de la salud en manos de entes públicos, aumenta la ineficiencia y los riesgos de corrupción, no necesariamente en lo inmediato, pero sí en el mediano y largo plazo.

Algo semejante ocurre con los fondos de pensiones, de propiedad de los trabajadores, cuyos rendimientos acreditan que han sido bien manejados. Colocar en manos públicas ese porcentaje tan alto de sus recursos no solamente los elimina, sino que también, por más que se diga lo contrario, expone los recursos a la desaparición en manos de la ineficiencia, el derroche o la corrupción.

Los fondos de pensiones han sido más favorables que Colpensiones para los trabajadores de uno y de dos salarios mínimos. En los fondos se pensionan con 150 semanas menos que en Colpensiones. Mientras en esta última la devolución ha sido de $7 millones para quienes no alcanzan a pensionarse, en los fondos ha estado entre 30 y 40 millones de pesos.

Para trasladar un subsidio razonable a los ancianos vulnerables, el país cuenta con instrumentos como los BEPs y el programa del Adulto Mayor. Para contribuir a su financiación debería explorarse la posibilidad de una financiación especial de los fondos de pensiones al Gobierno.

Este esquema se podría ajustar en el sistema de pilares que está en la propuesta del Gobierno.

No hay porqué descartar la compatibilidad entre el mantenimiento de los fondos de pensiones y la mejor atención a los ancianos.

Colombia necesita un mejor ingreso de los trabajadores, que no sería sostenible al hacerlo al costo de crear pánico a los empleadores.

La reforma laboral propuesta más que respetar el derecho de huelga, hace de esta figura una realidad permanente en perjuicio de la economía.

Obligar a la afiliación a sindicatos enormes, que más parecen partidos políticos como en Argentina, elimina la necesaria relación directa entre el empleador y el trabajador y la traslada a la intermediación sindical, ajena a la empresa.

Esta reforma no la necesitan los trabajadores de las grandes empresas mineras y de combustibles, que mucho han conseguido en las negociaciones colectivas. Pero es funesta para empresas medianas, pequeñas e intensivas en mano de obra.

La reforma quiere convertir cada despido en un pleito, circunstancia que desmotiva la creación de empleo formal.

Hay otro camino: mejorar la remuneración de los trabajadores de la mano del crecimiento de la empresa. Que empleador y trabajador remen en la misma dirección. Podría ser que cuando un sector de la economía crezca al 4% o más, las empresas de ese sector paguen una prima adicional al trabajador. Equivaldría a participar a los trabajadores del mayor crecimiento de la empresa. Y no dependería de declaraciones individuales de renta sino de las certificaciones sobre crecimiento de la economía que publiquen las entidades competentes.

* Publicado en Twitter el 1 de noviembre de 2023.