Tratar la razón de tal fenómeno puede ser complicado: puede ocurrir que el presidente y su grupo son ellos mismos un caos al que graciosamente llaman el “gobierno del cambio” o que generar el caos es su estrategia central, veamos:
a) Campeones de la corrupción, incluso antes de que llegaran al gobierno de manera ilegítima, como queda claro con los escándalos de Petro hijo y, ahora, los de Petro hermano, que informan de los dineros sucios que presuntamente ingresaron y los votos movidos presuntamente por las mafias desde las cárceles , unos y otros, determinantes en el triunfo electoral, sin que hayan sido desmentidos (Petro se refirió a las afirmaciones de su hermano diciendo que él no ganó en los sitios que aquel mencionó; pero, eso no significa que, sumando aquí y allá, en distintos lugares del país, hubiese podido llegar a esa cifra que le aseguró el triunfo).
Y una vez en el gobierno, para sólo citar tres casos, la corrupción desordena al país: 1) las negociaciones de “paz” con los mafiosos genera impunidad porque les permite continuar con los negocios,; y, además, fragmenta el país y las ciudades en parcelas privadas de poder que muchas veces se enfrentan entre ellas con ejércitos propios a su servicio, mientras se debilitan las fuerzas armadas y de policía, garantes de la soberanía interna. Si esta tendencia continúa, terminará por balcanizar a Colombia; 2) el dinero que manejó en maletas Laura Sarabia; y 3) las denuncias hechas por el general (r) Ricardo Díaz , ex viceministro de defensa de Iván Velásquez, que implican al propio ministro, a Verónica Alcocer y al expresidente Santos, entre otros (https://www.semana.com/politica/articulo/el-exviceministro-de-defensa-del-gobierno-petro-ricardo-diaz-salpica-a-veronica-alcocer-al-ministro-ivan-velasquez-a-juan-fernandez-al-expresidente-santos-a-angela-y-camilo-benedetti-y-a-los-generales-mario-montoya-y-javier-rey/202325/) .
Además de corruptos, provocadores por profesión, en el caso de Laura Sarabia, ahora a cargo de la chequera billonaria del Departamento de Prosperidad Social, se trata de un mensaje al país de que la impunidad del círculo del presidente no conoce límites y que van por Colombia entera; ellos están muy por debajo de los requerimientos de decencia que un gobierno requiere, aprovechando que están en el poder. Como en Venezuela, cuya camarilla chavo-madurista del PSUV ha saqueado a esa república y destruido empresas estatales como PDVSA y la propiedad privada, lo que ha generado que la tercera parte de su población haya tenido que emigrar porque no tenían trabajo, salud, nada que les permita vivir.
b) Son destructores de instituciones que funcionan en el país, que de lograrse, generarán caos a niveles nunca vistos porque arruinarán el sistema de salud y condenarán a millones de colombianos a décadas de sufrimiento y muerte, convirtiendo el precario sistema que resulte en una vena rota y el dispensador de favores para consolidar el régimen, como en Venezuela; o del sistema laboral, que conducirá al desempleo a centenares de miles; o del sistema de pensiones, que implica la apropiación del ahorro de millones de colombianos para su vejez, con la finalidad de convertirlos en botín de funcionarios corruptos.
c) Han producido inestabilidad económica por las medidas que ha tomado el gobierno o que está intentando tomar en los temas citados, en política de transición energética, etc. La entropía en la economía crece hasta el punto de que esta semana hubo un amago de crisis en la Bolsa de Valores de Colombia, porque J. P. Morgan afirmó que la caída de valor de las acciones es tal que Colombia dejaría de estar clasificada como una economía emergente para convertirse en una de frontera. Muy grave.
d) El régimen ha intentado doblegar a la Fiscalía para tomar la sartén por el mango, de manera que quien tome la dirección de este ente estratégico, le haga pasito a él y sus amigos e investigue y persiga a sus contradictores. Igualmente, ha instaurado un doble discurso con las instituciones del estado, especialmente con el Congreso, al que tilda de estar compuesto por afines a la parapolítica. Eso pudo ser cierto en el pasado, pero ahora hay mucha gente del Pacto Histórico, incluidos el M-19 y las Farc y no hay congresista que no haya sido investigado a fondo por sus contradictores, con la consecuencia de que quienes hayan tenido algún vínculo con esa gente, han sido expuestos. Pero si no, con su alianza en las cárceles para las elecciones y la política de reconciliación con los delincuentes en la paz total, pues no tiene autoridad moral para decir tal cosa. Lo que ocurre es que como ha visto que tiene dificultades con sus reformas vía congreso, intenta alinearlos como sea o desconocerlos.
e) Así mismo, apela a acusar frecuente como delincuentes, sin pruebas, a periodistas, para intimidarlos; y a gremios completos como criminales porque no comparten sus políticas. En estos días señaló a los ganaderos de apelar al paramilitarismo, y a los arroceros del Casanare como multimillonarios, para ponerlos en la mira de los violentos invasores de tierra.
Como insinué más arriba y ahora profundizo, uno podría postular que este caos proviene de la ineptitud del presidente o que es producto de un plan que parte del principio de la dialéctica marxista, sintetizado por Mao Tsetung, según el cual no hay construcción sin destrucción. Yo pienso que es una combinación de las dos. Es una estrategia a dos bandas que utiliza todas las formas de lucha: usa al estado en lo que le conviene mientras lo destruye y, paralelamente, aplica la política de radicalización para debilitarlo por fuera, destruirlo y crear mecanismos de poder de tipo soviético.
Observen ustedes que aprovechando el aprobado a pupitrazo plan de desarrollo, la ministra de agricultura Jhenifer Mojica publicó un borrador de resolución en el que se crean organizaciones campesinas en todos los municipios para a impulsar la reforma agraria y defender las reformas del gobierno. Ese es un germen de comités revolucionarios. La toma de la tierra de manera violenta, como política de estado, está a la vuelta de la esquina. Y también, de acuerdo con el decreto, la presión violenta en todo el país para “defender” las reformas de Petro, impulsadas por esos colectivos. Y aunque, por supuesto, en ninguna parte del texto se habla de uso de la fuerza, es claro que las disidencias de las Farc y el ELN aprovecharán el decreto para legalizar su participación en ellos e impulsar la confrontación violenta.
Fedegan puso en alerta a sus afiliados ante esta posible norma y Petro le preguntó al director de ese gremio si estaba llamando al paramilitarismo. El director le respondió que no, pero puso precisamente el dedo en la llaga cuando esgrimió que lo que ha ocurrido hasta ahora es que los grupos armados han impulsado y dirigido esas invasiones y movilizaciones. Ese decreto es un salto enorme en la estrategia de destruir nuestro estado de derecho
A esto súmesele que ya pronto comenzarán a pagar a los cien mil jóvenes “para no matar”, en palabras de Petro, que muchos observadores piensan que pueden derivar en una guardia paramilitar del presidente; y hasta la exploración de las posibilidades de convertir la Defensa Civil en una organización que reciba a la Primera Línea y a desmovilizados, según denunció en general Díaz en el artículo citado más arriba, idea que rechazó porque militariza un cuerpo civil.
Viendo cómo está el país, ese tipo de medidas, de llegar a concretarse, podrían desencadenar una verdadera confrontación armada en este país, que sumiría al país en un caos, una entropía desatada por mucho tiempo, por estrategias del gobierno y sus aliados que la inmensa mayoría de colombianos no quiere, repudia y rechaza. Ojalá Petro reverse frente al decreto que impulsa Mojica. Si no, hay que pedirle a la Corte Constitucional en su sabiduría pueda echar para atrás este decreto, si se expide, y la parte del Plan de Desarrollo en el que se sustenta la iniciativa de la ministra Mojica y en aquellos artículos que puedan llevar a la fractura del estado de derecho.