En efecto, en estos días, acusó a un importante fiscal, el doctor Daniel Hernández Martínez, de ocultar y no investigar el asesinato de doscientas personas por parte de paramilitares, basándose en un artículo periodístico. Para hacerlo trinó en varias ocasiones y publicó, incluso, una foto en la que aparecen el fiscal y su hijo menor de edad (violándole de esta manera el derecho fundamental como sujeto de especial protección por ser niño); además, exigió al fiscal general Barbosa, que respondiera las afirmaciones del periodista, invocando para tal conminación, que él, Petro, era el jefe de estado, y, por tanto, su superior jerárquico, según la Constitución.
El fiscal Barbosa respondió que era absurda tal acusación, dado que el funcionario es víctima de las autodefensas, pues asesinaron a sus padres. Adicionalmente, puntualizó que él no era subalterno del presidente porque había sido nombrado por la Corte Suprema de Justicia, a la que, en consecuencia, estaba subordinando, por lo que Petro estaba violando la independencia de los poderes, rompiendo el estado de derecho y actuando como un dictador. Finalmente, el 5 de mayo, la Fiscalía general emitió una comunicación de prensa al respecto en la que se informa que el “caso radicado número 110016000088200800056 por hechos ocurridos durante la temporalidad 2008 – 2010 se reasignó el 9 noviembre de 2020 al doctor Daniel Hernández, quien ordenó la reescucha de las líneas telefónicas interceptadas para determinar hechos concretos y/o presuntos infractores a la ley”. Adicionalmente, informó que “Los homicidios reportados por el investigador (se refiere al periodista Guillén quien publicó el artículo denunciado al fiscal Hernández) al chat de ese fiscal, no hacen parte de las investigaciones que ese servidor adelanta”; que, “desde el 2010 hasta la fecha no se ha interceptado ninguna línea telefónica, por lo tanto, los hechos por investigar solo tienen la temporalidad 2008 – 2010”. Y, por último, que “La fiscalía general de la Nación continúa con la indagación. El caso cuenta con seguimiento, impulso y mesas de trabajo a instancias de las dependencias misionales respectivas, a efectos de que se adopte la decisión que en derecho corresponda, de conformidad con la ley y los medios de prueba recaudados” (https://www.wradio.com.co/2023/05/06/fiscalia-responde-por-investigacion-sobre-homicidios-del-clan-del-golfo/).
La Corte también se pronunció al respecto, dejando claro que la interpretación presidencial del artículo no era adecuada y pidió respeto para la justicia y la independencia de poderes. El doctor Hernández, por su parte, explicó, en rueda de prensa, que los hechos de los que se habla sucedieron en los años 2008 a 2010, sobre cuales existe una investigación en curso, de las cuales informará a la nación. Afirmó también que Petro lo puso a él y a su familia en la mira de los asesinos y procedió a demandarlo ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Petro, entonces, reculó, especialmente por la declaración de la CSJ: dijo que respetaba la independencia de poderes, pero que no renunciaba a su derecho de preguntar. Y dejó el asunto, como si no hubiese pasado nada.
Él sabía que no tenía razón, pero necesitaba revolver el avispero para ir minando al poder judicial, preparando el asalto a la Fiscalía, una vez Barbosa se haya ido, con el argumento de que este organismo ha sido un bastión del crimen y la corrupción; y a las altas cortes, a las que intentará modificar su composición poniendo sus fichas cuando se presenten los respaldos. O, con una constituyente, citada ilegalmente, para poner la justicia a su servicio.
Y también necesitaba ruido de fondo -adobado del circo de los tenis blancos y el mapalé en España, para consumo popular- para que pasara de agache su plan de desarrollo en el congreso que finalmente fue a probado con un programa de expropiación vía impuestos prediales, que subirán hasta igualar el valor catastral al valor comercial, arruinando a los pequeños propietarios y empobreciendo aún más a los medianos (porque los ricos tienen con qué pagarlo); o vía venta forzada de propiedades rurales, esperpento con el que la Agencia Nacional de Tierras, de corazón y cerebro petrista sustituirá a los jueces de tierras, evaluando sus usos, fijando arbitrariamente sus valores y expropiándolas, si los propietarios no acceden a tan amañadas ofertas. Y que, de paso, feriará a punta de dedo el presupuesto nacional asignando a los corruptos del nuevo régimen, contratos de infraestructura sin ningún tipo de requisitos.
Esto era de esperarse, Petro los había notificado: o funcionan por las buenas, avalando la hoja de ruta del programa de destrucción del estado de derecho con migajas de mermelada, o lo hacen por las malas, que para eso el presidente tiene las famosas guardias indígenas con garrotes en las escalas del capitolio -a propósito, ¿quién las financia? Porque son una fuerza organizada en forma de milicia de tiempo completo y movilizables por todo el territorio nacional- como un recordatorio de lo que le puede pasar si no es servicial; y como punto de llegada, la revocatoria del congreso, parte de la Constituyente hecha a su medida, para asegurarse el control del legislativo.
En conclusión, la ofensiva para acabar con nuestro estado de derecho sigue y se acelera. En cambio, las acciones de los demócratas para contrarrestarla van a paso de tortuga. ¿Cómo ponerle el cascabel al gato? Los líderes de partidos como cambio Radial o el CD se pronuncian haciendo oposición a Petro; deberían tener conversaciones para acuerdos nacionales en las elecciones regionales y locales, y es posible hablar con algunos dirigentes liberales, conservadores y de la U. A nivel local y regional se están tejiendo dichas alianzas, pero de forma desordenada, porque no existe todavía, que se sepa, coordinación. -el columnista José Alvear Sanín hizo una pertinente petición en ese sentido, a los máximos jefes de esas agrupaciones, pidiéndoles que actuasen conjuntamente-.
Hay, entonces, que construirla, y lo ideal, sería comenzar por una alianza programática y electoral entre Cambio Radical y Centro Democrático, a la que pueden, en la medida de las circunstancias, integrar otras fuerzas nacionales y atraer iniciativas regionales -como la que existe en Antioquia, para la gobernación- con el objetivo de competir unificadamente, en las elecciones de octubre, respetando la fuerza electoral de cada uno, apoyando candidatos que puedan ganar el mayor número posible de alcaldías y las gobernaciones, a las asambleas, concejos y localidades, para convertirse en la fuerza mayoritaria del país con miras a triunfar en las presidenciales del 2026. Todo, mediante el mecanismo de consulta populares u otros mecanismos, para definir posiciones en las listas y candidatos. Y si esto no es posible antes de la consulta, explorar y acordar mecanismos de unidad antes de las elecciones, para que no suceda que la oposición sea derrotada porque siendo mayoría, va dividida.
La calle es el otro escenario. Los partidos como CR y CD deberían convocar y/o apoyar las movilizaciones populares pacíficas siempre, sin apropiarse de ellas, para que las organizaciones de la sociedad civil antipetrista puedan participar masivamente con sindicatos, cooperativas, asociaciones de todo tipo, estudiantes, grupos e individuos independientes. Una coordinadora nacional del movimiento popular es deseable, ya. Un encuentro nacional podría organizarse para tal efecto. Es la hora de coordinar la acción y dejar atrás la retórica.
Difícil, pero no imposible.
