El nivel de anomia es tal que el canciller dice en un discurso en Bruselas, que las Fuerzas Armadas son alzadas en armas, igual que los grupos ilegales, solo que son los “ordenados”, equiparando la legitimidad de aquellas, cuyas armas son entregadas por el país, con regulaciones y limitaciones específicas, a través de la Carta Magna, para defender la democracia y la seguridad nacional y de los ciudadanos, con la ilegitimidad de los bandidos, que las usan para asegurar el narcotráfico y sus otras rentas ilegales a través del terror y la muerte.

Y para que no quepa duda alguna, les dice a los indígenas que, si él fuera uno de ellos, ya hubiera incendiado al país.

Bueno, es que ya lo está incendiando, canciller, con ese tipo de declaraciones: cualquier desmán está justificado por la historia, en su concepción, independientemente de que haya inocentes, que serían un efecto colateral intrascendente, y a pesar de que el país haya ido construyendo normas y mecanismos y destinado recursos para resolver civilizadamente las injusticias cometidas por la comunidad mayoritaria de todos los pelambres con las comunidades indígenas, pues no olvidemos que el estado los consideró en la Constitución de 1986, menores de edad: que los  terratenientes los explotaron, pero la guerrilla los reclutó a la fuerza y los llevó de bruces al narcotráfico. Y tampoco olvidemos que extremistas indígenas atacan a las comunidades negras del sur del Valle y el norte del Cauca para expropiarles sus tierras.

Como lo incendia Petro invocando, cada que puede, el odio de clase. O en su intento de negociar con narcoguerrillas y garantizarles indulto y lavado de activos, invocando, para ello, la ley de paz total o tramposamente, según el Fiscal, a través del ministro de justicia con su proyecto para descongestionar y humanizar las cárceles, con el que liberará a delincuentes de alta peligrosidad, incluyendo mafiosos de alto calibre con los que Petro quiere pactar el “sometimiento”.

O como lo incendia alargando indefinidamente el paro minero que destroza el Norte y el bajo Cauca antioqueños, así como el sur de Córdoba, para que los verdaderos incitadores de ese movimiento no se retiren de la “negociación”. Es un hecho que todos los días les da un ultimátum, amenazas que se convierten en objeto de burla.

O como lo incendia el ministro Prada, llamando, como se anotó más arriba, “cercos humanitarios” a crímenes contra la humanidad que comenten las milicias paragubernamentales asociadas a sus amigos políticos de las disidencias. O intentando perpetuar la mafia política y corrupta con la reforma política que garantiza la puerta giratoria de doble vuelta y la reelección de los actuales congresistas.

O como lo incendia el ministro Ocampo expropiando el ahorro pensional de decenas de miles de colombianos para invertirlos en plata de bolsillo del gobierno.

O como lo incendia la ministra Ramírez privilegiando aparentemente un grupo de trabajadores, los formales, sin tener en cuenta las consecuencias para el empleo y las necesidades de la inmensa mayoría de trabajadores: los informales

O como lo incendia la ministra Corcho y el director del Invima, quienes no autorizan la importación de medicamentos escasos para enfermedades muy graves, para presionar la aprobación de la reforma de la salud.

O como lo incendian la U, el Partido Conservador y el Partido Liberal al apoyar esa reforma, que cercena, esa sí, el derecho a la salud de los colombianos.

O como lo incendia la vicepresidente Márquez, con sus declaraciones racistas y soberbias en las que se auto victimiza por su color de piel para justificar sus indelicadezas.

Pero ella tiene razón en algo: si no nos gustan sus abusos, de malas. Pero no sólo lo que hace ella, sino lo que hace todo el gobierno. Estamos mal. De malas el país. De malas, si no reaccionamos porque nos lo mereceríamos semejantes manejos. A resistir pacíficamente. De malas ellos si no les gusta.