Es una mezcla de ilusionismo político y fetichismo jurídico pensar que la erradicación del narcotráfico y de sus bandas criminales se va a lograr simplemente con la aprobación en el Congreso de una generosa ley de sometimiento a la justicia. Es patético y fantasioso creer que los narcotraficantes persisten en su negocio criminal, que les otorga multimillonarias ganancias y un gran poder político y territorial, solo porque el Estado no les ha dado una ley suficientemente benevolente que les permita retirarse del negocio y llevar una vida normal.
No. El negocio se acaba cuando se disminuya la ganancia y se aumente el riesgo de una manera tal que ya no sea atractivo continuar en esa actividad criminal. Pero mientras el negocio siga siendo tan fabulosamente rentable y el riesgo sea cada vez menor o inexistente, no habrá ley de sometimiento, por obsequiosa que sea, que logre motivar a los miembros de esas bandas a abandonar esa actividad ilícita y toda su carga criminal.
Y si eso es cierto en términos generales, lo es aún más en momentos como el actual, cuando el negocio del narcotráfico ha logrado su mayor tamaño histórico en Colombia, y con un gobierno como el actual que por razones ideológicas ha decidido hacer una pausa en su persecución y su represión. En efecto, ni en los peores tiempos de Pablo Escobar nuestro país ha tenido tantas hectáreas sembradas de coca, ni había alcanzado tan altos niveles de productividad por hectárea sembrada, ni había producido tantas toneladas de cocaína, ni había tenido tan altos precios en el exterior, ni se había expandido tanto el mercado mundial de esa droga, ni teníamos un dólar con tan alto precio que favorece a quienes exportan la droga.
A la par con tan asombrosamente propicias condiciones de tamaño, de productividad, de mercado y de precios, el negocio del narcotráfico en Colombia nunca había tenido una tan enorme caída en sus costos asociados al riesgo. Para empezar, el Gobierno prácticamente ha decidido dejar de erradicar las plantaciones de coca. Durante el pasado mes de enero, según la Policía Nacional, no se erradicó ni una sola hectárea de coca. A pesar de que la misma Policía explicaba que era normal no hacerlo en los meses de enero por razones administrativas y de logística interna, el hecho es que según sus propias cifras, por ejemplo, en todos los meses de enero de los cuatro años anteriores las erradicaciones manuales estuvieron por encima de las 2.300 hectáreas por mes, con casi de 3.000 erradicadas en 2022 y con más de 4.500 en 2021.
Adicionalmente, de manera oficial se ha fijado la meta de erradicar manualmente 20.000 hectáreas durante el presente año, meta que es un canto a la bandera y es más un contentillo a Estados Unidos que un objetivo serio si tenemos en cuenta que hoy hay más de 210.000 hectáreas sembradas de coca. Más aún, se ha anunciado que el propósito del Gobierno es no erradicar coca en ningún caso en pequeños predios. Un primer paso hacia la legalización de los cultivos. Para rematar, el Fiscal General ha manifestado recientemente su honda preocupación por la abrupta caída en la incautación de droga y en la destrucción de laboratorios. Con estas señales enviadas por el Gobierno, Colombia podría superar en los próximos años las 250.000 hectáreas sembradas de coca y llegar a producir más de 2.000 toneladas de cocaína.
A lo anterior hay que añadir el cese del fuego unilateral que el Gobierno les ha concedido a las principales bandas armadas dedicadas al narcotráfico. Aunque ellas siguen en el negocio y en todo tipo de actividades criminales, tanto las Fuerzas Militares como la Policía Nacional están paralizadas por la enorme confusión generada por la ausencia de protocolos sobre el cese del fuego con esas bandas armadas.
Así pues, por muy generosa que sea la anunciada ley de sometimiento de dichas bandas, el hecho es que esas buenas intenciones se van a estrellar contra la dura realidad de que es imposible desmontar el narcotráfico con la candorosa prédica de ‘paz total’, cuando ese negocio disfruta hoy de las mejores condiciones de prosperidad económica y ausencia de riesgo de persecución estatal. Si acaso se podría producir un ligero ‘descreme’ de las cúpulas de algunas de esas bandas, pero el negocio como tal y sus organizaciones criminales seguirán viento en popa.
Solamente la reducción crítica y súbita del tamaño del negocio podría inducir a la desmovilización de esas bandas. Esto solo se logra con la reducción al mínimo de las hectáreas sembradas, lo que únicamente es posible con su fumigación masiva con glifosato. Eso ya está probado. En conclusión, el sometimiento de las bandas armadas del narcotráfico solo se logra con glifosato.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 2 de marzo de 2023.
