Hace pocos días, en la segunda ronda de conversaciones eln-gobierno en México, se ha emitido el comunicado número 5, punto 1, literal a), que aclara que el eln tendrá una “Caracterización jurídico legal (…) como organización política armada rebelde (…)”.
Amadrinado con sus 59 años de experiencia político-militar, nada mejor que una buena demostración de fuerza para darle sustento a la argumentación política. La lógica fariana del 2014, y la del radical Pablo Beltrán en una entrevista de televisión, parecen hacerse realidad con la actual declaración de la mesa de conversaciones en México. ¿Política Armada?
La inteligencia policial ha denunciado la amenaza de este grupo narcoterrorista para atacar unidades militares y policiales en 15 ciudades del país. La Fuerza Pública está en alerta previniendo atentados terroristas contra sus bases. Sería bueno escuchar de viva voz a alias “Pablo Beltrán” aclarando que lo dicho por la policía no es cierto y no oírlo a través de su mensajero, el senador comunista Cepeda. Claro que el conflicto actual está alimentado por el narcotráfico sin olvidar los drones iraníes fabricados en Venezuela.
Y HABLANDO DE COCAÍNA
Según expertos, se necesitan 200 mil toneladas de hojas de coca para producir 1.400 toneladas métricas de cocaína, lucro anual de Colombia para un mercado con demanda al alza. Para febrero de este año, la policía, argumentando ausencia de contratos, no erradicó una sola hectárea de coca mientras el mismo mes de 2022 se eliminaron 2.982 hectáreas; se incautaron 3 toneladas cuando el promedio era de 30 y se destruyeron 45 laboratorios cuando el promedio eran 250 mensuales. El expresidente Iván Duque ya nos alertó: el eln sigue con su mamadera de gallo mientras vamos rumbo a las 300 mil hectáreas de cultivos ilegales.
La viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, dijo que Colombia apoyará a Bolivia en la solicitud a la Oficina contras las drogas y el delito, sesión 66 de la ONU, para despenalizar el cultivo de la hoja de coca, por su tradicional uso sagrado. Se entiende que Perú no las acompañe, por haber declarado persona no grata al actual presidente colombiano, a pesar de lo que diga AMLO.
Con recursos que, según expertos, pueden alcanzar el 4.5% del PIB, no es de extrañar que Petro anhele el deseo “progre” de libre consumo y repela la judicialización de Pedro Castillo: era su socio en la triple alianza de principales productores de cocaína en el mundo.
