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Alfredo Rangel*      

Para reducir el hacinamiento carcelario la vía fácil y equivocada es hacer liberaciones masivas.

Sin que el Gobierno haya definido aún una política de seguridad y mucho menos una política criminal para combatir la delincuencia y darle seguridad a la ciudadanía, y frente al hecho tozudo de que están disparados los delitos que más afectan la vida cotidiana de los colombianos, al ministro de Justicia no se le ocurre otra cosa que sacar a los delincuentes de las cárceles.

Frente a la inseguridad ciudadana nuestro sistema judicial hace agua por todas partes. Debido a la falta de confianza de los ciudadanos en la justicia, la inmensa mayoría de los delitos no se denuncian y por tanto no se judicializa y, de la fracción que son denunciados, la abrumadora mayoría quedan impunes, porque no hay capturas de los responsables, y cuando hay capturas buena parte de los capturados son puestos en libertad por errores de procedimientos o porque los delitos son excarcelables, y a los poquísimos hampones que van a la cárcel ahora el ministro los va a liberar. Bonito panorama.

En todos los países del mundo civilizado y democrático la certidumbre del castigo funciona como un factor disuasivo contra los delincuentes. La teoría económica del delito señala que los delincuentes actúan según un cálculo racional que los lleva a estimar la magnitud del riesgo antes de proceder a delinquir: si es alto el riesgo de ser capturados y castigados, los delincuentes no actúan; pero si el riesgo es bajo, los delincuentes proceden a delinquir. En Colombia ese riesgo es muy bajo, mejor dicho, bajísimo. Por eso pulula la delincuencia y abunda el delito.

En todos los países del mundo civilizado y democrático la certidumbre del castigo funciona como un factor disuasivo contra los delincuentes.

Y ahora el ministro de Justicia ha decidido bajar aún más ese riesgo para los delincuentes, ofreciéndoles la expectativa de que en el extremadamente hipotético caso de ser capturados, condenados y encarcelados, el Gobierno los va a liberar con prontitud. Este es el cambio que ofrece el Gobierno para la justicia.

Es sabido que tenemos un grave problema de hacinamiento carcelario, pero eso no se resuelve sacando a los delincuentes de las cárceles, sino construyendo más y mejores establecimientos carcelarios. Sólo de esta manera es factible lograr tres propósitos que hoy son imposibles de alcanzar debido al hacinamiento extremo: impedir que se siga delinquiendo desde las cárceles, erradicar la corrupción en su administración y control y desarrollar efectivos programas de resocialización de los presos. Pero para reducir el hacinamiento carcelario la vía fácil y equivocada es hacer liberaciones masivas de presos, la difícil y acertada es diseñar y ejecutar una política carcelaria que tenga como base más y mejores cárceles.

Paradójicamente, para combatir eficazmente ciertos delitos como el hurto callejero, lo que hay que hacer en meter más delincuentes a la cárcel, no sacarlos. Hoy los delitos de menor cuantía son excarcelables. Pero la reincidencia debe ser castigada duramente con cárcel. Hay que establecer un techo de número de delitos —dos o tres—, a partir del cual ese delito no sea excarcelable, para acabar así ese carrusel de impunidad sobre los delitos que más afectan la percepción de seguridad de la ciudadanía.

Hay que reconocer que hoy en Colombia el riesgo de castigo como amenaza disuasiva del Estado frente al delito es muy débil, pero la propuesta del ministro la debilita aún más. Hoy el miedo a la cárcel no disuade al delincuente, pero con la expectativa de una pronta liberación esa ausencia de miedo se trasformará en una motivación para delinquir.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 2 de febrero de 2023.

Publicado en Columnistas Nacionales

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