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Luis Alberto Ordóñez*

Cuando un alto funcionario del gobierno es requerido por la justicia, y peor si es la de otro país, es algo realmente preocupante; me coloco en los zapatos del señor Ministro de Defensa y no podría menos que ser solidario con él, pues no ha sido vencido en juicio, no ha tenido derecho a su defensa y no se ha surtido un debido proceso; mal haría el presidente Petro en destituirlo. Sin embargo, me devuelvo a los hechos de hace ya cuatro meses, cuando hubo el remesón donde más de sesenta generales fueron echados de las Fuerzas Armadas: se quería tener altos mandos sin cuestionamiento alguno, se dijo en ese momento, y entonces les acabaron su carrera y su trayectoria de más de treinta años de servicio a la Patria. 

Pienso que es un momento de reflexión donde el gobierno, y muy especialmente el doctor Iván Velásquez, deben darse cuenta de que a cualquier funcionario que actúa contra ilegales le pueden surgir denuncias tendenciosas, quejas infundadas y cuestionamientos producto del resentimiento y la venganza; al fin y al cabo, en cumplimiento de su deber, están afectando ilícitos negocios y acabando con organizaciones que se lucran de la corrupción y de la ilegalidad, lo mínimo, como en este episodio, es apoyarlos, rodearlos y permitirles permanecer en su cargo; se supone que en Colombia una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Presumo que si el Ministro de Defensa portara uniforme seguramente hubiera sido destituido de manera fulminante, como lo fueron los generales cuando asumió el nuevo gobierno, sin siquiera habérsele escuchado ni darle una despedida digna después de tantos años de servicio. Pareciera que los acontecimientos de hoy hacen evidente que se debe ser más cauto y menos radical en tomar decisiones antes de conocerse en detalle los hechos por los cuales se pueda estar cuestionando a un funcionario. En ese momento, decía el presidente Petro, que posiblemente se habría cometido alguna injusticia con la sacada de tantos generales; entendí que lo expresaba como si fueran gajes del oficio. Lo delicado de ese asunto es que la carrera militar es como un tren en marcha, una vez se baja es imposible alcanzarlo nuevamente, de manera que la presunta injusticia tiene consecuencias muy graves para el militar y su familia, además de la Institución; diferente a nuestros políticos quienes en un gobierno son ministros, en otros asesores y algunos años después alcaldes y gobernadores: se reciclan. La carrera política no se acaba, la militar sí.

La sobrerreacción, en mi opinión, de proceder a llamar a consultas a nuestra embajadora y enfrentarse de palabra directamente con el presidente de Guatemala, amenaza las relaciones internacionales y nos distancia de países que históricamente han sido cercanos con Colombia. La diplomacia, basada en la prudencia, el análisis cuidadoso y el manejo protocolario, evita llegar a esos extremos. Un país caballeroso y respetuoso de los poderes de otro permite tener mejores resultados que acudir al enfrentamiento; allá también la Fiscalía goza de autonomía y hubiera sido seguramente más productivo una comunicación entre los Ejecutivos de ambas naciones en búsqueda de una solución.

Los hechos, por los cuales se pretende involucrar al doctor Velásquez, ocurrieron hace varios años y su labor fue por mandato directo de la ONU, a diferencia de cuando el exministro Santos, en cumplimiento de su cargo y bajo directrices del presidente, ordenó atacar un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano; ahí sí todo el aparato de gobierno tuvo que respaldarlo y asumir la responsabilidad, inclusive arriesgando las relaciones entre los dos países. En el caso que nos ocupa, que es bien diferente, no se justifica llevar al borde del abismo la amistad con Guatemala; eso sí mantener al señor Ministro en su cargo y darle el apoyo necesario. Es una situación, en mi opinión, más personal que del Estado colombiano por lo cual el manejo diplomático, prudente y midiendo consecuencias, es el llamado a solucionar estos impases.

Ojalá Twitter dejara de ser herramienta de gobierno y su manejo se hiciera desde un ente que pueda analizar y procesar antes de escribir, de otra manera podrimos seguir cayendo en situaciones tan graves como la actual con Guatemala. 

* Vicealmirante (r). Ph.D.

 
Publicado en Columnistas Nacionales

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