Como tal, la situación carcelaria del País es bastante clara: tenemos 82.232 cupos y 97.850 presos. Esto se traduce en una sobrepoblación de 15.618 personas y un hacinamiento del 18.99%. Claramente estas no son condiciones adecuadas que, lejos de resocializar a los reos, han convertido en los centros de reclusión en verdaderas universidades del crimen.

Y si vemos la situación de las URI y las estaciones de Policía donde se efectúan las detenciones transitorias, el panorama es aún peor. A pesar de tener tan solo 7.131 cupos, la población asciende a 20.951, lo cual representa un hacinamiento del 194% con picos alarmantes como Bucaramanga, con un índice de 835%, o Santa Marta y Bogotá, cuyas cifras superan el 500%.

Ante esto, el Ministro de Justicia planteó la posibilidad de permitir que los presos trabajen de día y retornen a las cárceles de noche a dormir. Es decir, convertir los centros de reclusión en hoteles hechos a la medida de los criminales. Algo sumamente grave que no se puede admitir por varias razones.

En primer lugar, el riesgo de fuga con esta idea es incalculable. Todo el esfuerzo de la Fuerza Pública para capturar a los bandidos se puede esfumar en un abrir y cerrar de ojos. Por más que se diga que el Estado vigilará a los presos que trabajen de día, en la práctica esto es una invitación a que nadie retorne a la cárcel. Es una idea demasiado ingenua.

En segundo lugar, y muy ligado a lo anterior, esta excarcelación representaría una amenaza gigante para las víctimas, los denunciantes y los funcionarios que estuvieron involucrados en la captura y el juzgamiento de los criminales. Es, en otras palabras, poner su integridad en bandeja de plata para que sea afectada en cualquier momento por la represalia de los bandidos.

En tercer lugar, no es justo que el Estado priorice el acceso al empleo de los presos por encima de los colombianos que no han cometido delitos y que luchan día a día para conseguir una plaza de trabajo. El empleo no puede convertirse en el premio por delinquir y mucho menos en un beneficio para aquellos que han afectado con sus acciones a la sociedad.

Ahora bien, esto no quiere decir que no se debe solucionar el problema de fondo. Así a muchos no les guste la idea, es evidente que en Colombia necesitamos ampliar la infraestructura carcelaria. No porque las prisiones sean la solución a los problemas que nos aquejan como País, sino en razón a que las condiciones actuales propician un círculo vicioso donde solo gana el hampa. Y ciertamente la posibilidad de excarcelar a un sinfín de delincuentes no es lo mejor para las angustiosas condiciones de seguridad que tenemos.

Dicho esto, en 2019 el Ministerio de Justicia estimó que acabar con el hacinamiento carcelario costaría unos $12 billones. Una cifra más que considerable que equivale a más del recaudo promedio de una reforma tributaria y que ciertamente no se puede sacar del bolsillo de un día para otro.

Por eso, el año pasado en la Ley de Seguridad Ciudadana autorizamos que se pudieran construir cárceles a través de Asociaciones Público Privadas – APP, de tal forma que sean los privados quienes pongan el capital para la infraestructura carcelaria de manera semejante a como ocurre con las carreteras.

El Gobierno, en vez de arriesgar la integridad de los colombianos y premiar a los delincuentes, debería acudir a este mecanismo para solucionar progresivamente esta problemática. De lo contrario, de prosperar las ideas del ejecutivo, delinquir se convertirá en el oficio más rentable de todos. Sin sanción efectiva, con trabajo y posada asegurada. El mundo al revés.