Por ejemplo, esta semana el Presidente propuso, ante la decisión del Banco de la República de subir las tasas de interés al 10%, un impuesto a los capitales golondrina, lo cual se traduce en que el Estado evita a la fuerza que las personas movilicen fácilmente su dinero al exterior. Una idea que disparó el precio del dólar por encima de los $4.600 y que en su momento se implementó en Argentina con resultados devastadores.

Sin embargo, acto seguido el Ministro de Hacienda trató de calmar la tempestad y salió a desmentir esa información, afirmando que el Gobierno Nacional no está pensando en imponer tal clase de tributos.

De forma similar, hace unas semanas la Ministra de Salud sostuvo la necesidad de eliminar las EPS y que las Secretarías de Salud asumieran la función de aseguramiento, algo que implicaría revivir el Seguro Social a nivel territorial y dejaría la administración de los recursos del sistema a merced de los mandatarios locales.

Una polémica y peligrosa propuesta que rápidamente debió ser matizada por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien sostuvo que el Gobierno no había tomado una decisión de fondo al respecto y que en el corto plazo no se presentaría la renombrada reforma a la salud.

En la misma manera, la Viceministra de Minas afirmó hace un par de días, de la forma más enfática posible, que el Gobierno no suscribiría nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos.

Una declaración que pone en riesgo la soberanía energética del País y deja en el limbo el futuro de las finanzas públicas, dado que el Presupuesto del Sistema General de Regalías, los dividendos que Ecopetrol le transfiere a la Nación año tras año, más del 40% de la inversión extranjera directa que llega a Colombia y el 55% de nuestras exportaciones dependen directamente de este sector.

Además, no deja de quedar en el aire el cuestionamiento de si la verdadera intención del Ministerio con este tipo de decisiones es empezar a importar hidrocarburos desde Venezuela para darle un respiro a la economía de ese País.

No obstante, al igual que en los casos anteriores, el Ministro de Hacienda desmintió a la Viceministra y sostuvo que el Gobierno no había tomado esa decisión.

En otras palabras, el choque de carteras no es esporádico ni coyuntural. Los mensajes cruzados entre los funcionarios dejan entrever que las cosas no están bien y permiten cuestionarse quién realmente está al mando del barco.

De hecho, mientras que el Ministro Ocampo trata, en términos generales, de mantener la confianza de los inversionistas y garantizar la estabilidad de las condiciones macroeconómicas del País, otros funcionarios de corte más radical hacen declaraciones oficiales que dejan a más de uno pegado del techo.

No sé si es que el Gobierno está jugando a una dinámica de policía bueno – policía malo para ir ambientando poco a poco reformas polémicas o si la desconexión al interior del gabinete es de tal magnitud que no hay quien ponga orden en la casa, pero lo cierto es que mientras eso sucede los únicos perjudicados son los colombianos.

Sobre todo, porque en los países latinoamericanos el entorno político tiene una incidencia directa en el futuro económico. A diferencia de Europa o Estados Unidos, donde las controversias ideológicas no alteran la estabilidad de las instituciones, en nuestra región el flujo de capitales depende en buena parte de la lectura que los inversionistas tienen de ese contexto y, desafortunadamente, nuestro panorama no brinda muchas ilusiones a mediano plazo.