En primer lugar, fortalecer el programa de Adulto Mayor es un propósito loable, pero hay que ser responsables fiscalmente y tener más que claro cuál sería su fuente de financiación, dado que entregarle un bono de $500.000 mensuales a 3 millones de personas le costaría a la Nación $1.5 billones mensuales y $18 billones anuales. Una cifra que, por ejemplo, casi duplica todo el presupuesto de inversión del sector transporte para 2022.

En segundo lugar, tomar el ahorro pensional de 18 millones de trabajadores y trasladarlo a Colpensiones equivale a expropiar los recursos que durante años han guardado los colombianos para financiar una desbordada expansión del gasto público que es insostenible en el largo plazo. En especial, porque si el Estado queda a cargo de cubrir las jubilaciones del 100% de las personas no van a haber recursos a futuro que logren cumplir con esos compromisos, con lo cual se hacen fiestas en el presente para sufrir en unos años.

En tercer lugar, ese eventual traslado generaría un dañino escenario de inseguridad jurídica tanto para ahorradores como para inversores, sobre todo teniendo en cuenta que podría afectar derechos adquiridos de aquellas personas que se jubilaron en los fondos privados.

En cuarto lugar, hay que tener en cuenta que los fondos son los mayores tenedores de bonos de deuda pública y privada y acciones. Es decir, los casi $400 billones del ahorro pensional son administrados profesionalmente de forma tal que sirven como fuente de financiación del Gobierno y cientos de empresas.

Por eso, al pasar estos recursos a Colpensiones y acabar con el funcionamiento de los fondos los mayores perjudicados no van a ser los dueños de estas organizaciones, sino todo el mercado en general, dado que las empresas y el Gobierno perderían los recursos que anualmente le son inyectados a través de este tipo de inversiones. Y esto, sencillamente, deriva en mayor desempleo y menor crecimiento económico.

En quinto lugar, y muy en línea con lo anterior, el traslado pensional dejaría tambaleando al mercado de valores, dado que sin la interacción de los fondos privados la negociación de acciones y títulos de deuda pública perdería atractivo y sería mucho más complicado atraer flujos de inversión. Al fin y al cabo, para un inversionista es mucho más rentable llevar sus recursos a un mercado sólido que a uno que sufre por lograr algo de liquidez.

En sexto lugar, no se nos puede olvidar que la propuesta del Gobierno ya se hizo en Argentina con resultados nefastos. Hace 10 años la administración Kirchner tomó US$30.000 millones de 9.5 millones de afiliados para financiar gasto público, pero al paso de unos años estos recursos se agotaron y ese País terminó sufriendo una inflación superior al 50%, una deuda pública que asciende al 90% del PIB y su mercado de capitales prácticamente desapareció.

Aunque todavía no se ha radicado ningún proyecto de reforma en el Congreso y el traslado pensional por ahora es solo una idea, es fundamental que tanto los partidos políticos como los gremios estén encima del Gobierno en este tema. Es normal que la administración quiera realizar los cambios que prometió en campaña, pero sin que ello implique poner en riesgo la sostenibilidad financiera de la Nación, la viabilidad del mercado de valores, el ahorro pensional de 18 millones de trabajadores y el futuro del sector productivo del País.