Vicky Dávila, directora de la revista Semana, informó ayer: “Atención: el presidente Gustavo Petro ya firmó el decreto que dejará libres a integrantes de la primera línea que están en las cárceles”. Ella agrega: “Alerta entre jueces y fiscales: la cúpula de la justicia le hace graves advertencias al presidente Gustavo Petro, quien quiere liberar a los integrantes de la primera línea.”  (…)  “Las imputaciones y las acusaciones [contra las “primeras líneas”] se dieron por la comisión de delitos que no tenían nada que ver con las protestas”. “El Gobierno Petro busca que ellos sean reconocidos como gestores de paz, lo que ha desatado una tormenta jurídica”. 

El problema ya dejó de ser, hace rato, jurídico. Es un problema político y de importancia capital.

El gobierno de Gustavo Petro está imponiendo al país sus propias reglas. Él no tiene derecho a hacer eso. Un presidente no crea a su antojo las instituciones. Petro debe ser, por el contrario, un servidor del país y de las instituciones.

El jefe de Estado pretende dar ese vuelco sin hacer ruido, pero el país todo, incluido el institucional, está alerta.  Lo de Perú nos abrió los ojos sobre los métodos que los agentes del Foro de Sao Paulo utilizan: el poder ejecutivo hegemoniza todo, rompe con la división de poderes y anula todos los elementos del sistema de justicia, antes de instaurar un gobierno que ordena y hace lo que se le dé la gana y por decreto. Lo hizo Pedro Sánchez, y pagó por eso, y ahora lo está haciendo Gustavo Petro. ¿Pagará por eso?

Aquí hay un desafío frontal a la Constitución de Colombia, al ordenamiento jurídico colombiano y a la prosperidad y a la paz precaria de Colombia. Colombia no puede pasar agachada ante eso. Colombia debe parar esa dinámica maligna de Gustavo Petro.

Francisco Barbosa, el Fiscal General, había explicado por qué lo que quiere hacer Petro es ilegal, por qué ello equivale a desconocer la separación de poderes y la autonomía del poder judicial. Beneficiar con una excarcelación ilegal a 130 delincuentes de derecho común no es una prerrogativa del presidente de la República. Las detenciones, además, fueron justas pues involucran a personas que estaban delinquiendo gravemente y no “manifestando pacíficamente”, como los detenidos quieran hacer creer.

Insistir en eso, como hace Petro, es pasar por encima de la ley y de la realidad. Es burlarse de las víctimas de esos delincuentes e instaurar un régimen en donde el crimen y la mentira vencen a la sociedad y dictan sus condiciones.

Los detenidos (algunos ya juzgados y condenados) de la llamada “primera línea” son perseguidos por la justicia por los crímenes que cometieron durante las sangrientas “manifestaciones pacíficas”, verdaderas ofensivas armadas urbanas, con miles de muertos, mutilados y heridos, contra el gobierno del presidente Iván Duque, en 2021. Esas actuaciones fueron patrocinadas y financiadas por la organización narco-terrorista ELN.  La Fiscalía ha descrito las numerosas pruebas que tiene sobre la imbricación que hay entre el ELN y las “primeras líneas”. En largos artículos Semana y otras publicaciones ha revelado esas informaciones en estos días.

Por ello, todo el sector judicial está contra lo que quiere hacer Petro. Contra la intentona de Petro se han pronunciado, además del fiscal Francisco Barbosa, también la Procuradora General, Margarita Cabello, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Aroldo Quiroz. Todos ellos han advertido, dice Semana, “de los riesgos constitucionales de la propuesta presidencial.”

¿Qué esperan los partidos de oposición y los miembros del Congreso para poner en su sitio a Gustavo Petro? ¿Qué esperan, incluso las fracciones liberales y conservadoras que apoyan al nuevo gobierno para actuar, una vez que han visto en qué fango los quieren meter los que les piden que apoyen el nuevo régimen que Petro está forjando mediante decisiones absurdas y decretos evidentemente inconstitucionales? ¿Los electores de esos partidos no les cobrarán a esos políticos semejante traición?

Los congresistas vieron lo de Perú y deben pensar que si continúan su juego actual  con Petro les ocurrirá lo mismo: serán barridos del Capitolio nacional cuando no los necesiten. Lo hizo Castillo y estuvo a punto de ganar la partida. Lo hará Petro en su momento.  Están avisados. 

Mientras el nuevo jefe de Estado insista en extraer de las cárceles a los 130 de las “primeras líneas” el país queda libre de sacar las conclusiones que quiera. ¿Petro quiere sacar a esa gente pues esa es la exigencia primordial del ELN para entrar en “negociaciones de paz”?  ¿Qué paz y qué progreso social puede salir de semejante arbitrariedad?

En esas condiciones, la “paz total”, objetivo principal de la nueva administración, será portadora de un mensaje: la “paz” se construye en Colombia sobre las cenizas de la Constitución de 1991. El gobierno de Petro aporta un cambio, en efecto, pero no el que esperaban los colombianos: instaura un gobierno –disfrazando eso en un acto falsamente noble de “liberación de jóvenes”--, que no tendrá marcos legales ni morales.

Así, en la barba de todos, emerge como en los regímenes autoritarios, un grupo dirigente sin controles ni contrapesos, que no respeta los principios de derecho, ni a las aspiraciones de la sociedad.

Eso será solo el comienzo. Como hemos visto en otras latitudes, lo que sigue es obvio: la censura, el hostigamiento a la prensa y a otros medios de información. La presión ejercida contra RCN para que le cierre sus estudios a La Hora de la Verdad de Fernando Londoño Hoyos es el comienzo de esto.  El resto será la desinformación, el colapso de la libertad de expresión y la emergencia de estructuras de fuerza.

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II. ¿Qué hacer con los viudos de Pedro Castillo?

Los comunistas colombianos no salen del asombro por la destitución de su admirado Pedro Castillo Terrones. En lugar de consentir que Castillo era un bribón que decidió cerrar el Congreso y poner en receso todo el aparato de justicia, para dominar la vida del Perú como un Mussolini con sombrero de paja, y para “asesinar a los traidores”, como consta en una grabación que encontraron las autoridades en las arcas oficiales, no se les ocurrió otra cosa distinta a insultar al Congreso peruano y a su acción enérgica en defensa de las libertades y de las instituciones democráticas del Perú.

El primer exponente de esa actitud rastrera, después de las soflamas lloronas del presidente Gustavo Petro, fue un grupo de abogados mamertos de Bogotá especializado en falsos procesos contra el Estado colombiano y en la explotación de víctimas verdaderas y falsas de la violencia extremista. Esas eminencias de la corrupción calificaron de “corrupto” al Congreso peruano por haber éste parado en seco la intentona golpista.

Otro distinguido pensador, Gustavo Bolívar, lleno de odio por el derrumbe del exmandatario, inventó por su parte la especie de que quien vea en el Congreso colombiano una muralla contra los abusos y las ilegalidades eventuales de un presidente, es “de ultraderecha” y, sobre todo, un “incitador al golpe de Estado”. El folclórico senador, autor de narco novelones de tercera y financiador de los incendiarios y matones durante los llamadas “manifestaciones pacíficas” de 2021, mostró su mentalidad enfermiza y quedó imposibilitado para responder razonablemente a la frase de un senador uribista, Miguel Uribe, quien tuvo el valor de escribir: “Lo de Perú hoy es un ejemplo de lo que debe hacer el Congreso cuando está en peligro la democracia y la libertad. El Congreso de Colombia debería hacer lo propio. Nuestra responsabilidad es ser garantes de la democracia, no notarios del presidente”.

El brazo derecho del macarrónico partido Colombia Humana, es el autor de esta consigna secreta que sus obligados deben cumplir: “Lo que hacemos no lo podemos decir en público”. Él está convencido de que el reino de la arbitrariedad petrista será eterno. Dice que el pueblo colombiano, siempre plural y siempre defensor de sus libertades, “no volverá a gobernar en un par de décadas”.

A corrompidos como éstos los veremos pronto conspirando para realizar en Colombia lo que Pedro Castillo no pudo consolidar en Perú: el "Estado socialista". Y los veremos caer como el prepotente Castillo que perdió no solo los estribos sino sus apoyos, incluso de sus seguidores hipnotizados por su verbo rudimentario, antes de que se enfrascara en un golpe de Estado.

Otros, como el senador liberal Humberto de la Calle Lombana, de la Coalición de la Esperanza, lanzaron una variante no menos hiperbólica: los que aplauden la caída de Castillo invitan a que los congresos “desconozcan el mandato popular de los presidentes”. Falso. Si Pedro Castillo tuvo algún día un “mandato popular” él mismo lo pisoteó y lo negó el 7 de diciembre cuando trató de abolir la democracia peruana mediante un mediocre discurso en la televisión. Humberto de la Calle simula ignorar que Castillo fue destituido legalmente –incluso la izquierdista CIDH lo reconoció así-, no por “discrepancia frente a sus políticas", sino por cometer un crimen político imperdonable: ordenar el cierre del Congreso, aplastar todos los órganos de justicia de su país y crear un gobierno autoritario y sin marcos legales, pues él se disponía a redactar una Constitución distinta, acorde con sus creencias marxistas-leninistas.

Abramos bien los ojos pues en el centro del gobierno colombiano actual navegan elementos fanatizados amigos de lo que estaba haciendo Castillo en Perú. Sabemos que esa gente es capaz de inocularle a los incautos el veneno que los peruanos y sus fuerzas armadas detectaron y rechazaron a tiempo.