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Saúl Hernández Bolívar

Nunca habíamos tenido un presidente al que le importaran tan poco las leyes y las instituciones; las formas democráticas de adentro o de afuera.

Pedro Castillo enfrentaba el miércoles 7 de diciembre el tercer intento de vacancia por parte del Congreso del Perú. En términos simples, un intento de sacarlo del cargo de presidente de la República, en el que llevaba 16 meses. Algunos dicen que la oposición no tenía los votos suficientes para defenestrarlo, pero Castillo parece que estaba convencido de lo contrario y en una medida desesperada trató de cerrar el Legislativo, dando un autogolpe de Estado para mantenerse en el poder.

Sin embargo, todo indica que los partidos políticos son más independientes en el Perú que en Colombia -donde el Congreso es incapaz hasta de forzar la salida de una ministra inepta como Irene Vélez a cambio de un poco de mermelada: puestos, contratos, presupuesto-, y votaron afirmativamente su remoción del cargo. También los funcionarios cercanos a Castillo renunciaron tras su salida en falso y las Fuerzas Militares y de Policía actuaron del lado de la ley. Si el sombrerón Castillo hubiera sabido que Chávez depuró a su favor al Ejército venezolano y que Petro echó a la calle a cerca de 70 generales en sus primeros días, no habría temblado al leer el decreto con que intentaba cerrar el Congreso y hoy sería un dictador en propiedad.

A Cristina de Kirchner le pasó algo similar.  No creyó que aún hubiera jueces honestos en Berlín, como suele decirse a raíz de una anécdota que involucra a Federico el Grande por allá a mediados del siglo 18. La verdad es que Cristina la sacó barata: seis años de cárcel es muy poco para el largo historial de corrupción que ha protagonizado en las últimas dos décadas. Máxime si de seguro los va a pagar en una de sus mansiones y sin devolver un centavo de lo robado como en todos nuestros países.

Curiosamente, Gustavo Petro degustó el mismo platillo: se le plantaron los jueces a decirle que él no podía hacer lo que se le viniera en gana. Petro decidió que podía sacar de las cárceles a su pandilla sicarial de la «primera línea», esos terroristas que incendiaron el país durante mayo y junio de 2021 con la excusa de que el presidente Duque estaba tramitando una reforma tributaria muy lesiva para los pobres y favorable a los ricos, lo que no tenía nada de cierto.

Y ha decidido Petro que estos buenos muchachos deben ser gestores de paz y pasar la Navidad en sus casas comiendo buñuelo y natilla porque nadie —dice— puede ir a la cárcel por ejercer el derecho a protestar. Pero lo que han replicado el Fiscal General de la Nación, el presidente del Tribunal Superior de Bogotá y hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia, es que ninguno de esos angelitos se encuentra preso por algún error judicial o un abuso de autoridad. No son manifestantes sino delincuentes, ha dicho el Fiscal.

Es decir, nadie está detenido por protestar; los 171 jóvenes que están bajo captura contemplan acusaciones por hechos graves como tortura, asesinato, abuso sexual, robo, quema de buses, quema de CAI’s con policías adentro (intento de asesinato), quema de edificios públicos como el Palacio de Justicia de Tuluá o la sede de Medicina Legal de Popayán. Y, sobre todo, por bloquear, cerrar, sitiar, incomunicar, de manera violenta, ciudades enteras, pueblos e importantes regiones, obstruyendo las vías con graves consecuencias económicas, sociales, de salud, etc.

En un país donde la impunidad supera el 95% y la laxitud judicial es tanta que los bandidos son liberados en menos de 48 horas, tiene que haber pruebas inobjetables para que estos individuos estén siendo procesados. Es más, los terroristas de la «primera línea» que delinquieron el año anterior deben pasar sobradamente del millar, pero solo se pudo poner a estos 171 en detención, y apenas nueve han recibido condena, todos con plenas garantías procesales.

Petro dijo que había revivido Pinochet cuando la nueva constitución chilena fue rechazada en las urnas. Petro firmó una carta de apoyo a Cristina de Kirchner cuando estaba siendo investigada por corrupción. Petro le pidió a la CIDH que interviniera por Pedro Castillo. Petro se quiere saltar toda la normatividad para sacar a sus sicarios de la cárcel…. Mejor dicho, nunca habíamos tenido un presidente al que le importaran tan poco las leyes y las instituciones; las formas democráticas de adentro o de afuera. Así, sería de ingenuos esperar que las cosas terminen bien.

@SaulHernandezB

 
Publicado en Columnistas Nacionales

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