No solo los familiares del Gobernador Isarama se vieron forzados a huir de su territorio; 1.142 de sus habitantes se desplazaron a centros urbanos en busca de protección. El 10 de enero de 2018, con el ataque al oleoducto en Cubará, Boyacá, y el posterior secuestro de un trabajador de Ecopetrol, se inició una escalada terrorista en todo el territorio nacional, enfocada principalmente en la infraestructura energética y de hidrocarburos del país.

Eran las 6:40AM del sábado 27 de enero de 2018, y la formación para el cambio de turno en el CAI del barrio San José, en la ciudad de Barranquilla, se vio interrumpida por la detonación de un artefacto explosivo que cegó la vida a cinco policías y lesionó gravemente a otros 42. Ese día, otros dos CAI fueron objeto de ataques similares en el mismo Departamento.

Estos atroces hechos tuvieron como denominador común el que fueron perpetrados por el ELN, mientras sostenía conversaciones (desde 2016) con el Gobierno de Juan Manuel Santos. Sin embargo, tras varias suspensiones, apenas obvias, las negociaciones con este grupo terrorista continuaron, incluso en el Gobierno de Iván Duque; hasta que se produjo un sangriento e infame crimen, que obligó a su terminación definitiva.

Apenas habían transcurrido 17 días del 2019, cuando la cotidianidad en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional General Santander, al sur de Bogotá, fue infamemente interrumpida por un hecho que aún lloramos los colombianos y los ecuatorianos.

A las 09:45 am, un vehículo tipo camioneta, Nissan Patrol, conducida por José Aldemar Rojas Rodríguez, integrante del ELN, con cerca de 80 kilogramos de pentonita explotó al ser estrellada contra uno de los alojamientos de dicho centro de educativo, provocando la muerte de 22 cadetes (entre ellos la cadete ecuatoriana Érika Sofía Chico Vallejo) y lesiones a 90 más.

Por estos hechos se ordenó la captura de los miembros del Comando Central del grupo terrorista (COCE) y se condenó a 46 años de prisión, en marzo pasado, a uno de los criminales que participaron directamente en el atentado.

Un día después, como lo exigían las circunstancias del momento y la opinión pública, así como las constantes acciones violentas perpetradas por los terroristas del ELN, mientras hablaban de paz en Quito y en La Habana, el Presidente Duque dio por terminado definitivamente el proceso de negociación.

El mandatario recordó que, durante el proceso, los terroristas habían ejecutado 400 acciones criminales en 13 departamentos, con saldo de 339 víctimas, sumado a los más de 100 asesinatos.

Ahora, que acaba de iniciar de manera formal un nuevo proceso de negociación con el ELN, desde Venezuela, en el marco de lo que Petro ha denominado “paz total”, los colombianos no pueden olvidar estos graves antecedentes, ni mucho menos convencerse, como se ha afirmado desde el Gobierno actual, que los fracasos del pasado obedecen a la falta de voluntad de paz de los predecesores, muchas han sido las oportunidades e intentos con el ELN.

Lo que más preocupa, más allá de la incertidumbre sobre la duración y el alcance que pueda tener este nuevo proceso de negociación, es que, en el fondo, como bien lo advirtiera Carlos Alonso Lucio, en un conversatorio sobre paz total realizado recientemente, no está claro qué intereses representa el Gobierno Petro.

Lamentablemente, dada la manifiesta afinidad política e ideológica del ELN con su actual contraparte, está fuera de cualquier tipo de duda que el resultado de estas negociaciones supondrá altos niveles de impunidad a favor de estos criminales, el deterioro de las condiciones de seguridad en territorios disputados por este grupo, el aumento de la producción cocalera y la gradual desinstitucionalización regional.

Al fin y al cabo, nunca antes han tenido tanta afinidad con un gobierno, este pareciera un diálogo, como dicen en mi tierra, “de yo con yo”.

https://elexpediente.co/, Bogotá, 22 de noviembre de 2022.