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Alfonso Monsalve Solórzano

El paso de una noción general a su determinación conceptual es crucial en la acción humana. Hay que tener claro qué es lo que se pretende alcanzar, delimitar el objetivo, para poder obtenerlo. Si no hay esa delimitación, todo se queda en generalidades, vaguedades y confusiones que conducen a la ejecución atropellada de múltiples y contradictorios actos, muchos de ellos, contradictorios, que solo conducen al caos. Y en el caso, de la interacción política y social escala, a la anomia.

Pongamos el ejemplo de la propuesta de la “paz total”, que Petro entiende como el objetivo central de su gobierno. ¿Cuál es su definición? ¿La ausencia absoluta de conflicto armado en la sociedad colombiana? ¿Significa esto sólo el silencio de las armas, o, además incluye la reconstrucción del tejido social, de manera que la cultura política sea tal que las diferencias e inequidades puedan manejarse sin que generen violencia?

Por otro lado, hay que plantearse qué variables y su priorización hay que enfrentar para alcanzarla. En nuestro caso, ¿es el narcotráfico la causa principal del conflicto? Si es así, ¿cómo se resuelve? ¿Implica la solución la legalización de esta actividad, o se distingue entre cultivo y uso lícito de la hoja de coca, de un lado, y el comercio de la cocaína del otro? Y de manera semejante, ¿se diferencia entre cultivos permitidos de marihuana para uso medicinal o, también incluye el uso recreacional?  Y, adicionalmente, ¿se tiene clara la política de lucha contra el narcotráfico que obliga a Colombia el cumplimiento de ciertos tratados internacionales? ¿Se respetarán, se ignorarán o se renegociarán?

La manera como se respondan estas y otras preguntas conducirá a concepciones distintas de “paz total” en el contexto colombiano y a su posibilidad real de alcanzarse.

Petro debe decirle al país, con toda claridad, si su estrategia se basa en la legalización de la cocaína y la marihuana para todo tipo de usos. Si es así, la negociación debe implicar la incorporación al mercado y a la sociedad regida por las normas del estado de quienes siembran y/o comercializan estas sustancias y garantizar que, en la transición, que necesariamente seguirá, se evite el monopolio de la producción y distribución por parte de los grupos armados ilegales que lo dominan hoy a través de la violencia, el negocio. Significa, por supuesto, que estas organizaciones dejarán las armas y se someterán a la justicia mediante los mecanismos que se acuerden en la negociación. Esta salida implica un largo período de aclimatación en el campo y las ciudades colombianas con brotes recurrentes de violencia por las disputas que se generarán entre los distintos actores, los que vienen de atrás y los que llegan al mercado, y una difícil negociación con la comunidad internacional, especialmente con Estados Unidos. De esta dependerá, en última instancia el éxito de esta estrategia, porque de no ser aceptada, las sanciones contra el estado colombiano no se harán esperar.  ¿Cuál es su propuesta concreta?

Si la “paz total” se concibe como la oportunidad que tienen los grupos ilegales de dejar las armas a cambio de un trato generoso de sometimiento o “acogimiento”, otro concepto confuso) a la justicia, sin que legalicen la cocaína y la marihuana en su uso recreativo, el gobierno de Petro enfrentará, más temprano que tarde el rearme de las estructuras existentes, con nuevos jefes, o las que aparezcan aprovechando los espacios que los que se desmovilicen dejan. ¿Cómo lo hará?

Si la “paz total” significa las reformas al estado democrático liberal de derecho para conseguir una mayor equidad e igualdad de oportunidades, la concertación con todos los sectores de la sociedad implicados en las distintas transformaciones porque de lo contrario se podría, en cambio de paz total , podría suceder un estallido y un conflicto social más agudo que el actual; o, en el peor de los casos, una dictadura a nombre de los más débiles, ejercida por los más fuertes, atrincherados en un estado en el que han debilitado sus mecanismos y organizaciones de defensa, para crear su propio aparato incondicional de poder. Que es lo que podría ocurrir con la negociación con el ELN y las disidencias de las FARC, al que se le ofrecerían toda clase de garantías de acceso al poder nacional, desequilibrando, aún más, instituciones como el congreso y los poderes locales y regionales, mientras se debilita el mando de las fuerzas armadas y de policía y se incorporan o eliminan al nuevo proyecto, a conveniencia, otras estructuras armadas ilegales y criminales, para eliminar la competencia por el poder, este sí, total.

Este es un peligro real, además, porque las consignas confusas y difusas y la falta de propuestas concretas y verificables, son muestra de improvisación por no estar preparado para gobernar, pero también pueden esconder el propósito avieso de confundir y crear caos y la sensación de anomia que justifiquen la instauración de un modelo dictatorial de corte socialista.

Por eso, los colombianos debemos estar vigilantes. En todo caso deben ser claros los límites de los ofrecimientos respecto a los compromisos colombianos con las instituciones internacionales de derechos humanos y de juzgamiento y la protección de los derechos de las víctimas y de los colombianos del común, así como el mantenimiento del modelo de estado social y democrático de derechos de estirpe liberal: Es decir, que respete la democracia liberal, las libertades y derechos individuales, entre ellos, la libertad económica.

 
Publicado en Columnistas Nacionales

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