No es nuevo para las Fuerzas Armadas que la prioridad sean las vidas; de donde acá pareciera que ahora los causantes de todos los males de los últimos sesenta años son precisamente quienes han garantizado, aun exponiendo su integridad física y mental y bajo mandato del conductor político, la vida, honra y bienes de los colombianos y han permitido tener un sistema democrático que garantiza a un antiguo alzado en armas llegar al poder, por la vía que debe ser: la de las urnas. Solamente con ese hecho se le cae el discurso a cualquier grupo guerrillero con supuesta ideología política; sin embargo, las motivaciones actuales son otras: poder y dinero.
Al igual que cualquier operación militar, la de bombardeo, se planea de manera rigurosa. La inteligencia aporta los mayores insumos y los asesores jurídicos y de derechos humanos verifican en detalle las condiciones para ejecutarla. Los expertos y curtidos comandantes analizan las posibilidades de éxito y minimizan los riesgos; la vida de sus subalternos es sagrada, no los pueden exponer innecesariamente. La finalidad, y para lo cual se planea una operación militar, es precisamente defender y proteger a la población civil: eso es lo más importante. La legislación de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario se aplica de manera estricta, según corresponda, y luego el sentido común; así todo lo planeado sea legal, se privilegia la vida y en muchos casos se aborta una acción militar ante la posibilidad de generar daños colaterales. No está bien que se transmita un presunto mensaje de que ahora si se va a hacer bien: así no debe ser, pues los anteriores han sido cuidadosos en el cumplimento del deber. Con el paso de los días y la realidad en las regiones, la razón primará y seguramente los actuales conductores políticos entenderán y actuarán de conformidad: hay violencia y se está incrementando, no debe el mismo Estado amarrarse las manos.
Esos menores desafortunadamente son tan peligrosos como quienes los reclutaron, dañaron y ahora utilizan como arma de guerra; por eso el Derecho Internacional Humanitario tipifica como crimen esa terrible práctica donde acaban con la juventud. Le queda al señor Ministro de Defensa el dilema entre proteger a la sociedad, que es su mandato constitucional, o permitir que los grupos delincuenciales se sigan fortaleciendo, y lo peor, utilicen menores como táctica delictiva. Cuando se han bombardeado campamentos ha sido porque sus integrantes eran una amenaza inminente para la sociedad y se desconocía la presencia de menores; con esas acciones militares se preservó la paz y la tranquilidad: se salvaron muchas vidas que esos violentos querían acabar. Ojalá esos grupos entraran por el camino del bien y decidieran dejar su actuar delictivo, pero cuando hay dinero y poder de por medio no es fácil; vendrán otros y muchos más pues el ilícito negocio es lucrativo.
Ninguna persona de bien quiere ver a la juventud dañada por el odio y empuñando armas, por eso la aplicación de la ley nacional e internacional debe ser el disuasor natural para que no los recluten más; en eso no puede haber perdón ni olvido. Desafortunadamente, paralelo con la orden de no bombardear, se habla de negociación con los grupos violentos donde, y siguiendo el ejemplo de las Farc, muy seguramente todo les será perdonado dándose un pésimo ejemplo a los delincuentes que sin pudor utilizan todas las formas de violencia para someter a la sociedad. Que quede claro que quienes infringen la ley son los que reclutan menores y luego los utilizan como armas de guerra.
* Vicealmirante (r) Ph.D.
