Nuestra democracia, la más antigua de América, fue capaz de superar la Violencia partidista que desató el asesinato de Gaitán, el 9 de abril de 1948; logró, mantenerse en medio de la Guerra Fría, cuando la ofensiva de las fuerzas prosoviéticas y procubanas, intentó por años tomarse el poder por las armas y con la combinación de todos los medios de lucha -estrategia nefasta que llega hasta nuestros días- y el surgimiento de guerrillas prochinas (convertidas, exóticamente, en proalbanesas, cuando se sintieron traicionadas por aquella).
Pudo resistir, herida, a la guerra mafiosa de Escobar y Rodríguez Orejuela; sobrevivió al fin de la era de la Unión Soviética; levantó cabeza cuando pudo superar con éxito la mafio-transformación de las guerrillas y la ola demencial de las autodefensas, derrotadas militarmente las primeras y sometidas a la justicia, las segundas, en el gobierno de Uribe.
Incluso, pudo superar, fracturada, la negociación de Santos con las Farc, a las que trató como un igual o un ganador -y no un derrotado- en la guerra y les dio legitimidad que jamás tuvieron, la impunidad que exigieron, la victoria en la lucha contra la cocaína (y la minería ilegal). Pero, sobre todo, que sentó el precedente nefasto de que la violencia produce resultados y que su financiación con recursos del narcotráfico y la minería ilegal, el boleteo y la expropiación se justifican, y que es lícito desplazar, emplazar, atentar, destruir, para alcanzar un objetivo. En síntesis, que la violencia se justifica y que la que ejercen los extremistas son, increíblemente, un derecho que está por encima de los de la mayoría de los colombianos.
Eso es lo que ha ocurrido en los últimos 12 años, con especial énfasis en los últimos, cuatro. Se ha convertido en axioma la teoría de que los extremistas tienen derecho a matar, destruir el mobiliario público y privado, amedrentar, bloquear, asaltar, como una expresión de “progresismo” avalado por ciertos intelectuales, medios de comunicación y hordas de bodegueros de la mentira y la intimidación, que tratan de cancelar el pensamiento y hasta la propias existencia de quienes se oponen a esta mefistofélica manipulación, con el objeto de cercar a la ciudadanía, que está quedando encerrada y reducida a espacios cada vez más pequeños de expresión, movilización y participación en la vida pública, además de que le hacen imposibles sus condiciones materiales y espirituales de vida.
Esta estrategia de acoso y derribo de la democracia y la libertad se ha agigantado y sofisticado en esta campaña. No hay recurso falaz y perverso en la argumentación que no hayan utilizado.
El candidato del Pacto Histórico y sus adláteres no dudan en mentir cada vez que lo requieren, como una estrategia deliberada de campaña.
Por ejemplo, para crear pánico, anunciando irresponsablemente que el gobierno aplazaría las elecciones y se daría un golpe de estado y se destituiría al Registrador, para crear un estado de alerta y estrés entre sus seguidores, y de paso asustar a la gente, que recibe el mensaje de que o ese candidato gana o habrá una ola incontenible de violencia. Ya lo habían ensayado en las elecciones parlamentarias de marzo, citando a sus seguidores a la calle, para evitar el “fraude”; llamamiento que fue retirado apenas cumplió el objetivo de aclimatar el extrañísimo hecho de la aparición, en la Registraduría, de más de millón de votos suyos – y ninguno de los otros candidatos, ¡qué cosa tan curiosa!-, en unos formularios que fueron manipulados por sus testigos electorales. Todas esas mentiras forman parte de la estrategia de intimidar al gobierno, a los otros candidatos y a los ciudadanos, creando el camino para una revuelta. Recuérdese que durante todo el tiempo han sostenido que de no ganar no reconocerían los resultados.
Es más curioso todavía, que ese sector apoye abiertamente al señor Vega, mientras los demás competidores-salvo Hernández- han manifestado claramente sus reservas. El punto es que los del Pacto lograron el objetivo de mantenerlo en el cargo. Sobre este episodio volveré más adelante.
Otra práctica detestable es acomodar el discurso frente a las reacciones de la opinión pública. No duda en promover el “pacto social” con paramilitares, guerrilleros y mafiosos, enviando al hermano del candidato y a Piedad Córdoba a las cárceles para promover el “perdón social”, en lo que se conoce ahora como Pacto de la Picota, con el propósito de ganar los votos que esas agrupaciones controlan por la fuerza, para después decir, que el perdón social lo otorga el pueblo y que lo que se propone es sometimiento a la justicia. ¡Sí, cómo no!, pregúntenle a Mancuso y a los detenidos en la Picota. Todos les dirán que es como el candidato dijo, mientras se interrogan entre ellos de quién fue la filtración. Y qué tal la descalificación a Piedad Córdoba, que para el colmo de su mala suerte fue sorprendida sacando ilegalmente de Honduras, de cuya presidente es amiga, 68 mil dólares, ya nos imaginamos para qué. Es que el “perdón social” comienza en casa.
Y qué decir de las mentiras que acomodan el programa a punto de populismo, sin decir cómo lo va a financiar. Primero dice que trasladará los ahorros de los pensionados de los fondos privados al estado, para hacer inversión social, que les dará media pensión a los viejos, medio salario mínimo a las madres cabeza de familia y otros subsidios que valen 65 billones de pesos. El asunto es que, ante el cuestionamiento de los otros candidatos, no ha podido, ni podrá, dar una respuesta satisfactoria. Lo que hará es poner la máquina del Banco de la República a imprimir billetes, devaluando más el peso e impulsando la inflación, venezolanizando la economía y poniendo a los pobres en condición de miseria absoluta.
O qué pensar del petróleo. Primero dijo que había que suspender la producción de hidrocarburos y luego, ante la puesta den evidencia de lo absurdo de su propuesta, dijo que no, que lo que haría sería mantener los actuales contratos y no renovarlos ni explorar más. Igual de inadmisible. La transición energética debe ser gradual y de manera que no golpee los ingresos de la nación. La paralización de la producción nacional es una condena a la importación de hidrocarburos económica y las finanzas nacionales.
Con el mayor cinismo, el candidato se declara antichavista y antimadurista, porque estos dependieron del petróleo y él no lo hará; y, en cambio, arguye que el estado colombiano es idéntico al venezolano. ¡Que caradura! El asunto es de modelo económico y de libertades. Ese régimen suprimió las libertades y “democratizó” la propiedad. Sus programas difusos y miles de trinos y otros documentos prueban o contrario. Ha defendido a un régimen dictatorial y llevará a Colombia al infierno del socialismo del siglo XXI.
El panorama nacional es oscuro. Si se quisiera resumir al Pacto Histórico habría que decir que encarna la violencia, el engaño, la mentira y la amenaza. Y ese sector quiere el poder ganado las elecciones o desconociéndolas, si tiene la oportunidad.
Y hay elementos que se suman al peligro. Retomando un punto expuesto más arriba, la Registraduría y el Consejo Electoral se han burlado de los colombianos. El tema de la interventoría internacional al software electoral es para sentarse a llorar. Lo de los jurados en la mesa de votación es otra afrenta a la transparencia. Temo afirmarlo, pero debo hacerlo: hay condiciones para que haya fraude. Y hay que decirlo, ni la Procuraduría, ni la Fiscalía, han hecho lo que tienen que hacer. Y en mi criterio, los candidatos de las otras fuerzas han sido pasivos. Hernández dijo que apoya al Registrador y Gutiérrez y Fajardo, así como las fuerzas que los apoyan, han sido extremadamente cautos.
Si hay fraude, estamos avisados. No obstante, tengo la esperanza de que la presión nacional e internacional puedan, de alguna manera, evitar la catástrofe. Si no se gana en primera vuelta o se pasa a la segunda con una gran fuerza a favor de Federico Gutiérrez, de manera que en la segunda se pueda unir a todo el país en torno a la libertad y la democracia, estamos en graves problemas. Los más graves en muchos años de la historia colombiana. Esta puede ser nuestra última elección. Hay que salir a votar masivamente, con lluvia o sol, aplazando el festivo para cuando se obtenga la victoria. Ni un voto puede perderse. Si procedemos así, podremos ganar y defender el triunfo en los tribunales y en los espacios públicos.
