Nos guste o no, el petróleo es uno de los sectores que más jalona nuestra economía. Claro, no somos grandes productores mundiales como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos, pero las reservas que tenemos nos han permitido financiar gran parte de las obras de infraestructura y programas sociales a lo largo de las últimas décadas.

En especial, porque la extracción de hidrocarburos, y en general de recursos naturales no renovables, representa para el País tres grandes fuentes de financiamiento a través de dividendos, impuestos y regalías.

Por ejemplo, para el 2022 se espera que Ecopetrol le entregue a la Nación $8.4 billones por concepto de utilidades generadas en 2021, una cifra que supera el promedio de recaudo de una reforma tributaria normal. Además, el presupuesto bienal de regalías 2021-2022, a través del cual los departamentos y municipios construyen colegios, vías terciarias, acueductos, etc., ascendió a $17.3 billones, de los cuales $16 se destinan exclusivamente a inversión.

De hecho, es tan relevante la contribución del sector petrolero a las finanzas públicas que nada más en 2019 Ecopetrol le giró al Estado colombiano un total de $23 billones y el aporte total de esta empresa durante la última década, sumando los tres rubros mencionados anteriormente, supera los $200 billones.

Pero como si esto no fuera poco, el petróleo representa el 55.4% del total de las exportaciones que hacemos en Colombia y cerca del 40% de la inversión extranjera directa del País.

Ahora bien, estas cifras no quieren decir que el País no deba diversificar su economía, dejar de depender de los hidrocarburos y hacer una transición a energías limpias. Por supuesto que sí, más aún cuando los combustibles fósiles dejarán de ser el principal motor energético en un par de décadas.

Sin embargo, ese proceso no significa que debemos cortar de tajo la exploración de petróleo. Es más, dicha transición se tiene que hacer de manera paralela, de tal forma que preparemos nuestras finanzas para los retos de la segunda mitad del siglo XXI sin sacrificar en el corto plazo los ingresos que nos genera el crudo.

Por eso es que la propuesta de Petro es absolutamente inviable. Llevarla a cabo implicaría profundizar aún más el hueco fiscal que tenemos actualmente y generaría un alza sin precedentes en el precio del dólar, ya que buena parte de los inversionistas llevarían sus recursos a otras naciones.

Y pensar que podemos sustituir los ingresos que nos dan los hidrocarburos con un aumento de 5 a 12 millones de turistas en 12 años, como lo argumenta el candidato, es realmente ingenuo. No porque este sector no sea importante, sino porque las cifras sencillamente no nos dan. Por ejemplo, nosotros nos tardamos 17 años, del 2002 al 2019, para pasar de 1.1 a 4.5 millones de turistas anuales y, por culpa de la pandemia, ya no lograremos la meta de 6 millones de visitantes que teníamos previstos para 2022.

Bajo este ritmo de crecimiento nos tardaríamos como mínimo dos o tres décadas más para llegar a esa cifra de 12 millones de extranjeros en nuestro territorio, tiempo en el cual no podemos dejar desfinanciados programas sociales y los proyectos de inversión en las regiones.

Además, si algo ha quedado demostrado estos últimos años es que para que el turismo crezca se necesita seguridad jurídica y material en el País, algo que claramente no lograríamos con Petro. Y el mejor espejo de esta realidad es lo que sucedió en Venezuela, donde el número de visitantes pasó de 857.000 en 2014 a 427.000 en 2017.

En últimas, este tipo de propuestas, mal sustentadas desde lo técnico y profundamente irresponsables desde lo político, denotan los peligros a los que se expone el País en una presidencia de Petro. Un riesgo que sencillamente no podemos asumir si queremos preservar la estabilidad institucional, económica y fiscal de Colombia.