EPM ignoró que el cañón del río Cauca en la zona de la presa está bordeado por altísimas cordilleras que se han derrumbado dos veces, obstruyendo el Cauca, hace unos 1.500 años la primera vez y 500 la segunda vez.
Sucedió lo anterior por culpa de terremotos de grado ocho en la escala de Ritcher, los cuales derrumbaron las laderas de la cordillera y represaron grandes lagos en el cañón del Cauca, uno de ellos subía hasta La Pintada. Cuando los españoles llegaron se acababa de desaguar el último lago, el caudaloso Cauca se abrió paso por el terraplén que lo represaba.
Prueba de dichos lagos es el gran terraplén situado al lado sur del río Tonusco, llegando a Santafé de Antioquia, el cual fue depositado por los sedimentos del río al desembocar en los embalses.
Como subgerente financiero de EPM en una época en la que pocas personas hablaban inglés, hace 45 años, acompañé por entonces a los geólogos de la Universidad de California a visitar la zona para preparar su informe sobre este tema. Algunos autorizados geólogos antioqueños coinciden con mis párrafos anteriores.
En vista de lo delicada de la geología de la zona, EPM no debió haber ahorrado un peso y debió haber nombrado un reconocido experto en todas las ramas de la ingeniería del tipo Harza Engineering Company de los Estados Unidos, consultar Google. Esta firma asesoró los diseños y la construcción de no pocas de nuestras hidroeléctricas anteriores a Hidroituango.
El señor Jorge H. Botero presentó acertadas glosas a la posición de la Contraloría, las cuales resumo a continuación:
1). No debió la Contraloría asumir que los presupuestos deben cumplirse estrictamente, lo cual nunca sucede en obras de gran envergadura, porque a medida que avanzan estas, emergen cambios en los diseños y en los presupuestos.
2). No debió la Contraloría suponer que un conjunto de empresas y personas exitosas en proyectos similares se hayan convertido de manera concertada y simultánea en irresponsables incapaces de advertir los errores propios y de otros en el proyecto.
3). No debió la Contraloría ignorar los dictámenes periciales de los que se concluye que no hubo culpa grave, que fue un accidente.
4). No debió la Contraloría pasar por alto que el asegurador de EPM por los riesgos constructivos está pagando el siniestro derivado del colapso del túnel sobre la base de que no encontró prueba alguna de actos intencionales o de culpa grave.
“Ahora bien, afirma Botero, si la contraloría decidiere, con buen juicio, abstenerse de crear una crisis que, en la actualidad, no existe, esa tarea la puede cumplir el alcalde de Medellín, quien a cuatro vientos anuncia que sacará de la obra al consorcio constructor que acusa de fraude. Como su poder es omnímodo, sin duda puede cumplir su amenaza, salvo que el Gobierno Nacional decida intervenir a EPM. Debería hacerlo”.
“Ante este oscuro panorama, es importante tener en cuenta las consecuencias que establece la Carta Política: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.
