La inversión de valores en Colombia ha llevado a esta situación; si la Fuerza Pública usa las armas sus integrantes pueden ir a la cárcel, sin embargo, en muchos casos, se les envía a labores de erradicación de cultivos ilícitos o control del orden público solamente con su arma de dotación, dejándolos expuestos a ser el hazmerreír de comunidades que pretenden violar la ley de frente y sin respeto alguno por ellos ni por nadie. El enemigo es grande y poderoso, mata sin piedad, tortura, secuestra y utiliza a las comunidades para lograr sus fines; ya saben que a través de estas últimas no hay autoridad que valga; mejor sería entonces no exponer a soldados y policías.

Cuando leo estas noticias me pregunto: ¿dónde está el Estado? Me refiero a los tres poderes: el Ejecutivo, maniatado por las organizaciones de derechos humanos que solo miran para el lado que les conviene. El Legislativo, más preocupado por las próximas elecciones que por legislar con urgencia, para evitar repetir el ridículo espectáculo de ciento ochenta soldados encerrados en un campo de fútbol a merced de comunidades convencidas de su derecho a transgredir las normas. El Judicial, en mi concepto el que carga la mayor responsabilidad, debería reaccionar de inmediato y sancionar, de ser posible a los seiscientos infractores o por lo menos a sus líderes. Se dice que la justicia debe ser pronta y ejemplarizante para evitar que se repitan las faltas. Ante la ausencia de acciones correctivas, las personas aprenden que irrespetar la autoridad no trae consecuencias, que las armas son de adorno y que si algún servidor público reacciona habrá mecanismos y ONGs para atacarlos.

¿En qué país del mundo se permiten estos desmanes? solamente en el nuestro y por eso estamos como estamos. No hay autoridad, las vías se cierran a gusto de quienes lo desean, la protesta de unos pocos atenta contra los derechos de las mayorías, la democracia es relativa y puede ser manipulada por quienes son capaces de generar afectación a la vida normal, la economía y el libre derecho a la movilidad, el trabajo y la salud; lo hacen porque saben que poco o nada les va a pasar.

El ejemplo es fundamental en el ejercicio del liderazgo. En las escuelas militares se forma a los futuros mandos con esa premisa: “La palabra enseña, pero el ejemplo arrastra”. En Colombia, el mal ejemplo pulula por todas partes y es ahí donde el Estado, con sus tres poderes, debe actuar de inmediato. Veamos, como caso de análisis, las protestas de 2019 y de 2021, donde la sociedad se vio amenazada, amedrentada y el país al borde de la anarquía; todo porque en mi opinión hubo demora en ejercer la autoridad, lo que llevó a que los desmanes se desbordaran ante el mal ejemplo de que nada pasaba. Cuando se optó por aplicar la ley con autoridad, pudimos volver a la normalidad. Sin embargo, aún no vemos sanciones para quienes desde sus cargos incumplieron el mandato constitucional de mantener el orden público. Lo mismo está sucediendo con los repetitivos secuestros de la tropa; algo totalmente inaceptable. 

Es urgente legislar para dotar a la Fuerza Pública de herramientas legales que le amparen el legítimo derecho al uso de la fuerza, inclusive accionando sus armas si fuera necesario para hacerse respetar; se supone que para eso las portan. Nunca más debemos ver militares o policiales sometidos a grupos que los encierran, humillan y maltratan: la norma de no acercarse a más de cinco metros debería ser de obligatorio cumplimiento en un país donde matar policías y soldados es el pan nuestro de cada día. Por su parte la gente de bien, honesta y cumplidora debe rodear a sus Fuerzas Armadas y apoyarlas, sobre todo cuando veamos casos tan aberrantes como el de secuestrar a la autoridad.

*Vicealmirante (r). Ph.D.