Setenta mil millones, y en plena pandemia, tienen muela. Pero más tienen cuando uno piensa que el objetivo del gobierno del presidente Duque en el gran contrato y otros muchos valores adicionales, estaba destinado a dotar a los habitantes del campo del mundo del internet y la comunicación digital, de los conocimientos universales de la nube en el campo de las matemáticas, la literatura y la historia. Es, se diría, que era la llegada al futuro. Y no se pudo lograr. Porque se robaron el dinero en efectivo del primer contado. O sea que no es cualquier lagaña de mico la que está en juego. Los enemigos numerosos del gobierno le han echado la culpa de todo  a la ministra Abudinem. Quieren su cabeza en bandeja, como la del justo aquel que se llamaba Juan Bautista. Cómo les gusta cortar cabezas y otras cosas vitales. Con el agregado de que, si no es la cabeza del justo, a nadie importa. Empero, lo que se sabe hoy con certeza, de pruebas que han desfilado por el Congreso, por los medios y la radio, es que el contrato se realizó con una empresa llamada Unión Temporal Centros Poblados, formada al efecto, es decir, sin una tradición formal y un patrimonio que garantice los compromisos que adquirió. Y un patrimonio oscilante, que ciertamente es de  mentiras.

Ahora, aunque se supieran los nombres de los interesados en la sociedad acabada de formar, ellos buscaron todos los medios de no aparecer. Y hay algo que no se puede negar y han mantenido escurriéndolo como toreros en el ruedo: ellos, sin esa tradición de existencia y empresa seria, sabían que debían de presentar garantías reales de sus actos en el manejo de los dineros públicos que recibieron. Ese era un deber legal insoslayable. Pero no lo cumplieron, como también se sabe. Mas no se conformaron con brincarse el compromiso vital, sino que, para obviarlo y darle una apariencia de legalidad, de modo descarado, abusivo y criminal, falsificaron los papeles y fingieron la garantía haciendo aparecer al banco Itaú, cuyos funcionarios, según la revista Semana, demostraron la falsedad y adujeron indubitablemente el concurso de delitos. Falsedad documental, que al entrar al Ministerio Mintic se convierte en falsedad en documento público, seguramente en concurso o repetición del hecho y éste, como delito medio, conducía a la estafa en la cuantía ya especificada.

¿Quién entonces puede discutir que lo primero que ha debido hacerse -y seguramente ya se hizo- era iniciar una acción penal ante la Fiscalía, a la que debió seguir la entrada en acción del señor Fiscal, quien a la vista, sin más pruebas que las certificaciones de Itaú, debió no solo de haber metido a la cárcel a los representantes legales y socios de Unión Temporal Centros Poblados, sino proceder de entrada a embargar los bienes y depósitos bancarios de los autores de esta desaforada defraudación del patrimonio público. Han querido enredar y asustar, con el apoyo de los medios de comunicación que les dan despliegue a sus falacias. Pero lo único positivo que se puede hacer, señor Fiscal, es cumplir la ley y aprehender a los culpables conocidos, sin dar más tregua para que se aprovechen de la debilidad de la justicia, que también se mide con ciertos lazos “afectivos”.

La gente, es decir todos los colombianos, queremos ver cómo se mueve el señor Fiscal.