Su idea, entonces, es que la paz se fundamenta en el principio de igualdad ante la justicia.

Señaló, por otra parte, que no tiene claro el mecanismo y que es consciente de que en el pasado dijo que las amnistías son parteras de nuevas violencias.

Es una propuesta, por consiguiente, en primer borrador, sobre la que haré algunas reflexiones para contribuir a su discusión.

Lo primero, es que mientras que los crímenes de la guerrilla han sido considerados por las autoridades judiciales como políticos, los de las autodefensas han sido calificados como comunes.

Un tratamiento jurídico justo hubiese sido el que se le otorgó a los paramilitares, o sea, como delitos comunes, porque no tiene sentido rebelarse contra una democracia en la que se pueden tramitar los conflictos sociales por canales institucionales -la historia del país, a pesar de lo que digan sus detractores-. Pero, en su momento, el sesgo de las autoridades judiciales para defender su interpretación fue evidente: consideraron que invocar, como hacen las guerrillas, la lucha armada como método para cambiar el sistema país, era una motivación política; mientras que aseverar que se tomaban las armas para defenderlo, no lo era. Incomprensible.

El resultado es que los genocidas, violadores de niños y cínicos redomados de las Farc fueron indultados en virtud del acuerdo negociado por el gobierno de Santos.  En cambio, los genocidas, violadores de niños y cínicos redomados de los paramilitares tuvieron entre cinco y ocho años de cárcel en los procesos de Justicia y Paz que impulsó Uribe y muchos de ellos fueron extraditados a Estados Unidos por narcotraficantes. Ya casi todos han cumplido su condena y los que regresan tendrán que cumplir su pena. En cualquier caso, sus crímenes contra la sociedad colombiana hacen pequeña su condena, pero es que los de las Farc no tuvieron ninguna.

La impunidad otorgada a las Farc choca a muchísimos colombianos que vieron que no sólo se les perdonaron judicialmente sus crímenes de guerra y de lesa humanidad, sino que se les otorgaron todo tipo de prebendas y premios. Algunos dirán que no es verdad, que a quienes la JEP encuentre culpables tendrán que hacer trabajos comunitarios -el peor de todos, ser parlamentarios, por el “sacrificio” que eso implica. El país los ha visto. Son, repito, genocidas, violadores de niños, cínicos redomados dando ahora cátedras de paz, mientras se burlan de sus víctimas.

Todo mundo sabe, además, que la JEP no condenará a ninguno de ellos, ni siquiera a sembrar tomates, porque ese organismo está hecho, por su origen, a la medida de esa gente, -fue propuesto y conformado por esa organización para que la impunidad se ajustara al diámetro de sus abultados estómagos (¿ha visto usted a algunos del os jefes que no tenga sobrepeso?)- algo que es un elemento adicional, no pequeño, de la concreción de la impunidad de las Farc.

Por otro lado, los militares que, en razón de su oficio, participaron en el conflicto, algunos saltándose su deber institucional y moral, son objeto de un tratamiento claramente distinto al de los criminales de las Farc por parte de la JEP. Ellos sí, serán juzgados sin consideraciones y sancionados severamente. No hay colombiano que no lo sepa.

Adicionalmente, la indemnidad de las Farc, a pesar de sus terribles crímenes, contrasta, en efecto, con las condenas drásticas de prisión a personas que han cometido delitos, muchas veces leves y en ocasiones graves, pero nunca comparables con los de las Farc.

Y, finalmente, cualquier acuerdo con el Eln exigirá, como mínimo, los mismos privilegios de las Farc.

Tiene razón Uribe.

Pero ¿qué hay de su tesis de que la impunidad genera nuevas violencias?

El pasado de Colombia apoya la apoya. La historia del país podría ser la historia de las amnistías. Después de cada guerra civil o detrás de cada desmovilización de un grupo alzado en armas, hay una de aquellas. Desde el nacimiento de la república. Y el hecho es que la violencia sigue como un virus que se transmite de generación en generación. La vacuna de las amnistía en Colombia no ha funcionado hasta ahora, ya sea porque los gobiernos de turno han acabado con los amnistiados o porque estos, con nuevos ropajes la han emprendido contra los gobiernos que los amnistiaron.

Y el ejemplo más reciente lo tenemos ahí ante nuestros ojos: la propia amnistía de las Farc. Además de los privilegios ofensivos que tienen, de ella se desprendieron disidencias, en el decir de ellos, que delinquen crecientemente en el país,

Y hoy, el país es testigo del desorden social agudo que la indemnidad frente a la ley produce. Esta es el motor del vandalismo y el terrorismo de la izquierda radical y otros narcotraficantes.

Agréguesele la oleada imparable de delitos comunes, encendidos con la gasolina de algunos jueces que confunden el garantismo con la patente de corso para los delincuentes. Es cierto que a algunos delincuentes comunes los condenan, pero esa es la excepción a la regla. Nos llama la atención el caso de la influenciadora conocida como Epa Colombia, porque nos parece desproporcionado; pero más, que es uno de los pocos, poquísimos casos en que una persona que comete un delito es condenada por la justicia.

Ya un antivalor social que el crimen paga.

Sabedor de esto, el expresidente, propone, no obstante, una amnistía., quizá porque piensa que, en la actualidad, los beneficios de una son superiores a los perjuicios de no otorgarla. La teoría del mal menor. Es un riesgo consciente que habría que correr. Entre otras cosas porque el pasado no tiene que repetirse inexorablemente. No estamos en el mundo del eterno retorno de Nietzsche.  Incluso, una consecuencia inmediata sería el fin de la JEP, que resultaría inútil.

En aras de la discusión, asumamos que tiene razón en esa asunción. Entonces tendría que mirarse cuales son las cosas que habría que admitir y el costo que ello tendría.

Para comenzar, claramente, significaría que la institucionalidad y la sociedad colombiana aceptan que la situación es tal que no hay otra manera de conseguir la paz social. La correlación de fuerzas es tal, que no existen otros medios para obtenerla. Es la admisión de una derrota.

Pero como el asunto no es de orgullo sino de pragmatismo, para que funcionara habría que resolver asuntos como los siguientes:  

¿Qué tipo de concesiones políticas se daría a los grupos organizados con pretensiones de poder? El límite que no podría cruzarse es negociar la vigencia del estado liberal de derecho; es decir, la garantía de que se mantendrá un estado pluralista, con separación de poderes, que garantice las libertades individuales y la economía de mercado.

Habría que amnistiar a todos los criminales de guerra y de lesa humanidad, no sólo a los de las Farc. ¿Cómo se defendería esta amnistía ante el mundo, especialmente, ante la Corte Penal Internacional, con la cual hay obligaciones adquiridas para castigar la impunidad, aunque haya sido indolente con los delitos atroces de esa guerrilla?, ¿implicaría también renunciar a la verdad? ¿cómo se repararía a las víctimas?  

¿Significaría la amnistía la legalización del narcotráfico? Par mí, sí, porque este es el combustible del conflicto armado y de la violencia a lo largo y ancho del país. Esto incluiría a los carteles y otros traficantes macro y micro. Y también a los condenados por delitos comunes con menos de un cierto número de años. ¿ocho? ¿diez?

Y ¿paralelamente debería aprobarse una ley para que los reincidentes, cualquiera sea el delito que cometan, sean condenados a un largo período de presión, para evitar la impunidad?

Supongamos que las instituciones y la sociedad colombiana están dispuestos a pagar ese precio.

Quedaría todavía un problema por resolver para que la amnistía no sea un suicidio. Es el de la confianza. Hay otra enseñanza histórica que no se puede obviar. No hay certeza de que se cumplan el acuerdo político y la ley que se necesitan para conceder un perdón de este tipo. Ha habido, en países como Chile y Argentina, que han aprobado amnistías, que después son revocadas cuando cobijan sectores no afines a la izquierda, en el momento en que esta llega al poder.

Una amnistía no tiene garantía real en el futuro. Y si esa izquierda instaura un estado socialista del siglo XXI, como probablemente ocurrirá aquí, si triunfan. la receta será citar una constituyente para cambiar radicalmente las reglas de juego, como sucedió en Venezuela, Nicaragua y se hará en Perú. Sus enemigos, también los inocentes, irán irremediablemente a la cárcel o los desaparecerán. O, si logran escapar, harán oposición en Miami o Madrid.

Esperemos que el debate clarifique estas y otras preguntas sobre la propuesta del expresidente Uribe.