Uribe expresa lo que hemos sostenido quienes creemos que la Comisión, como las otras instituciones creadas en el marco del pacto de Santos con las Farc, tiene un déficit de legitimidad insuperable porque se basa en el desconocimiento de la voluntad popular expresada en el triunfo del No en el plebiscito.
Aunque molesta a muchos, es indispensable recordar que ese plebiscito se lo inventaron Santos y las Farc y que expresamente sujetaron la aplicación de lo pactado a la refrendación ciudadana. Santos y de la Calle afirmaron no una sino múltiples veces que la votación popular era una “garantía" para todos y que si ganaba el No "se acaba el proceso de paz”. Para evitar riesgos, establecieron un umbral tramposo del 13%, levantaron la prohibición de participación en política para los funcionarios públicos, negaron financiación al No al mismo tiempo que con la excusa de la pedagogía de la paz gastaron decenas de miles de millones de pesos en propaganda para el SI, y compraron voluntades.
A pesar de que la batalla fue brutalmente desigual y el campo estaba abiertamente desnivelado a favor del SI, ganó el NO. Alegan que hubo un nuevo acuerdo. Falso. Los cambios que se hicieron a lo rechazado en el plebiscito fueron cosméticos, accesorios, y no se incorporaron los puntos fundamentales que plantearon los líderes del NO. El pacto fue “aprobado” en el Congreso no por un acto legislativo o por una ley sino por una mera “proposición”. Por mucho que se le haya dado un barniz de legalidad a través de una decisión de la Constitucional, en abierta contradicción con lo que ella misma había sostenido apenas unas semanas antes, la implementación del pacto se ha construido con base en una flagrante violación de la democracia.
No sobra aclarar acá que, con independencia del plebiscito, lo acordado entre Santos y las Farc no hace parte por sí mismo del ordenamiento jurídico. Ese no fue un acuerdo de Estado sino un pacto de gobierno, que nunca generó obligaciones jurídicas y que en el momento en que ganó el NO dejó de ser obligatorio incluso para los firmantes. Pero lo cierto es que algunos aspectos de ese pacto sí fueron introducidos después en el ordenamiento jurídico a través de reformas constitucionales o de leyes. Ante la amenaza de los tribunales, a las autoridades públicas no les queda sino cumplir lo que así quedó en nuestro ordenamiento jurídico.
Pero esa cuestionable presunción de legalidad no resuelve en nada el profundo déficit de legitimidad que significó el haberle hecho conejo a la voluntad popular, fuente en parte de la polarización política y social que hoy vivimos y que no se superará por el mero paso del tiempo. Se requeriría un acuerdo nacional que hoy es imposible.
Ahora, en derecho las cosas se deshacen como se hacen. A pesar de las voces que dicen que es intocable (un absurdo constitucional y político de corte dictatorial), se pueden hacer reformas constitucionales o leyes para eliminar o modificar lo introducido. O se puede volver a someter el pacto, en todo o en parte, a otro proceso de refrendación popular.
La prudencia, la oportunidad, la conveniencia de abordar esos cambios es cuestión distinta. Dependerá mucho del nuevo gobierno y de si tendrá o no mayorías en el Congreso y en la ciudadanía.
No tengo duda de que sería insensato devolver al monte a la guerrillerada desmovilizada y que hay que darle garantías de seguridad y oportunidades de subsistencia. No dudo tampoco de que es indispensable revisar lo pactado, sin prevenciones, con base solo en los resultados reales de lo que se ha puesto en práctica, por ejemplo en materia de narcotráfico, que nos inundó de cocaína y ha incrementado la violencia homicida, o el uso de la JEP como instrumento de venganza contra aquellos que persiguieron a las Farc. O sus costos económicos, hoy impagables. Y que, en todo caso, hay que exigirle sin dilación y con firmeza a las Farc el cumplimiento de lo que pactaron.
