Ya no llegan los temidos censores de prensa de la dictadura a las salas de redacción de los medios como llegaban en la década de los 50. La Constitución de 1991 lo prohibió. Pero la censura sigue. Aunque brutales y represivos, los censores de antes por lo menos ponían la cara y la gente tenía claro que el dictador, por intermedio de los censores, era quien decidía lo que se publicaba y el medio que se clausuraba.

Hoy, detrás de unos discursos de gobernantes que aparentan respeto por la libertad de prensa se ocultan prácticas perversas que en últimas pretenden lo mismo que quería el dictador: incidir en los contenidos de los medios.

Para ser justos, en gobiernos anteriores los periodistas sintieron (sentimos) el acoso de mandatarios que posaban de muy demócratas y tiro por lapo llamaban entre indignados y quejumbrosos a personas influyentes en los medios para dar quejas cuando una opinión, una noticia o un titular de un periodista no era de su agrado.

¿Era censura? ¡Claro! Se valían de su poder y de su capacidad de intimidación camuflada en buenas maneras para silenciar voces o bajarles el tono a historias o enfoques críticos que los dejaban en evidencia o los apretaban. No requirieron del censor físico para lograr el mismo efecto: censura.

También es censura la práctica reiterada a lo largo y ancho del país de premiar o castigar con pauta oficial a los periodistas. Sobre todo en provincia, es frecuente ver cómo a muchos periodistas que tienen pequeños espacios de radio, TV o prensa local los obligan a hablar bien del alcalde o el gobernador de turno para mantener modestos contratos de los que derivan la alimentación, el techo y la educación de su familia. Si algo que dicen o publican no le gusta al mandatario, les cancelan su contratico. Adiós, libertad de expresión.

En el planeta, esta lista se ha extendido a medidas regulatorias que afectan el libre ejercicio del periodismo, investigaciones administrativas, persecución judicial, interceptación de comunicaciones y un largo etcétera de medidas que, al final del día, alteran los contenidos en favor de los gobernantes.

En Colombia estamos presenciando el deterioro acelerado de la libertad de expresión, pues aunque no llega el censor en físico a prohibir contenidos, hay un reiterado discurso antimedios desde las más altas esferas del poder que termina por agitar bodegas, propiciar ataques, estimular agresiones e incluso aupar la minga y envalentonar vándalos que atentan contra los medios.

Lo que ocurrió el viernes en ‘Semana’ –que ha venido publicando las historias sobre financiación ilegal de la campaña presidencial– merece el más categórico repudio, que debe hacerse extensivo a la tibieza de las declaraciones oficiales para condenarlo, o peor aún, a las piruetas argumentativas desde el mismo gabinete para justificarlo.

Y las arengas amenazantes contra Vicky Dávila y ‘Semana’ se extendieron a otros medios y a periodistas como Luis Carlos Vélez, que no han querido silenciar su voz y que no han cedido ante la intimidación, el matoneo y el insulto.

Independientemente de las posturas ideológicas de cada quién, a ellos los debemos rodear sin vacilación ni mezquindad porque en el fondo no son ellos solamente los amenazados. Cuando se atenta contra un derecho fundamental, se atenta contra la sociedad entera. Eso no se puede normalizar, no se debe justificar y mucho menos ignorar.

El asunto es de interés general. En coro, la sociedad entera debería estar clamando para que cese este nuevo camino de censuras y sus correspondientes agresiones verbales y físicas contra la libertad de expresión. Solo así, como en el poema de marras, se podrá evitar que sea demasiado tarde cuando vengan por todos aquellos a los que nada les ha importado hasta ahora y aún permanecen indiferentes, porque creen que esa es la fórmula para estar a salvo. Sin libertad de expresión, nadie está a salvo.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 02 de octubre de 2023.