En el proceso que condujo a este resultado hay que resaltar la obstinación y persistencia del alcalde Quintero Calle quien, para posibilitar la llegada de su amada ingeniería china, interpuso en EPM sus buenos y malos oficios desde el inicio mismo de su mandato.
Su primera intervención conocida tuvo lugar en reunión de la Junta Directiva en julio de 2020, en la cual dio instrucciones de que se facilitara información sobre Hidroituango a la empresa China Three Gorges Corporation. Para posibilitar la entrega de información de carácter reservado, se preparó un Acuerdo de Confidencialidad, cuya firma se frustró a causa de la intervención de SINPRO, que hizo público lo que quería mantenerse en secreto. El gerente de la Sociedad Hidroituango solicitó, sin éxito, información sobre esa gestión.
Entendiendo que la salida de los consorcios, como consecuencia de la demanda ordenada por el alcalde, retrasaría más de un año la culminación del proyecto – con nefastos efectos sobre EPM, el sector eléctrico y la economía nacional – el gerente Rendón López adelantó las negociaciones que condujeron a la renovación de los contratos por el año 2021. Al ver frustrado su proyecto, Quintero Calle montó en cólera y sacó abruptamente a Rendón de la gerencia de EPM en enero de ese año.
El infundado e irresponsable proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría General de Nación contra los consorcios y una veintena de personas naturales de alguna forma vinculadas al desarrollo del proyecto, le dio a Quintero Calle una nueva esperanza de sacar a los contratistas – sin asumir la responsabilidad de las nefastas consecuencias del atraso del proyecto – y vincular en su reemplazo a sus amigos chinos. Se activó el famoso Plan B en el marco del cual, en septiembre de 2021, visitaron el proyecto 7 firmas constructoras, entre las cuales estaba la PowerChina International Group LTD Sucursal Colombia.
Es increíble que los cuatro aplazamientos y las consiguientes modificaciones de las condiciones contractuales del proceso licitatorio, hasta alcanzar un contrato a la medida del único proponente, no hayan llamado la atención de las entidades de control. Habida cuenta de que lo que está en juego es de claro interés nacional, sorprende que la Procuraduría se abstenga de hacer uso de su función preventiva y que la Contraloría renuncie a ejercer el control fiscal “preventivo y concomitante” al que la facultó el Acto Legislativo # 4 de 2019.
Es difícil entender que no resulte llamativo a las entidades de control que la adjudicación al único proponente vaya a hacerse por casi un billón de pesos cuando el presupuesto oficial al inicio del proceso era de cuatrocientos diez mil millones.
https://www.elcolombiano.com/, Medellín, 9 de enero de 2022.
