Las declaraciones de Roy Barreras sobre la manera como pretenden tramitar los proyectos de ley que presentará el próximo gobierno generan mucha preocupación. Es que el futuro presidente del Senado manifestó que había que buscar un procedimiento a lo fast track para lograr la aprobación rápida de las iniciativas más importantes.

Hay que recordar que el fast track fue un invento del gobierno de Santos para lograr convertir en legislación los compromisos de los acuerdos de La Habana de la manera más rápida posible. De una parte, reducía a la mitad los tiempos en que se podían aprobar las reformas constitucionales y las leyes, y por otra, convertía al Congreso de la República en un simple notario al prohibir cualquier modificación de origen parlamentario sobre los proyectos del Gobierno y al exigirle su aprobación en bloque. O se aprobaba todo como lo presentaba el Gobierno o se rechazaba todo, con la amenaza de quedar como enemigo de la paz y como responsable de que los desmovilizados de las Farc se devolvieran al monte.

El fast track fue otro de los grandes sacrificios de nuestra democracia ofrecidos en el altar de los acuerdos de la Habana.

Lo que Roy sabe por su gran experiencia parlamentaria es que se puede hacer fast track sin fast track. Basta con aplicar el mensaje de urgencia presidencial y con una decisión de las mayorías, como las que ya configuraron, para obligar a votar en bloque los proyectos. Tanto el mensaje de urgencia como la votación en bloque son dispositivos constitucionales que permiten reducir los tiempos del trámite legislativo, al precio de impedir una mayor deliberación y reflexión públicas.

En el fondo, esto no tiene nada de nuevo. En la historia abundan experiencias de cuando no se han legislado leyes sino ‘ferrocarrileado’ leyes.

Hacerlo o no hacerlo es una decisión política y depende de las consideraciones que prioricen. Es comprensible que el nuevo Gobierno quiera realizar su concepto de cambio a la mayor brevedad posible; la diferencia está en si quieren un cambio a los trancazos o un cambio con legitimidad.

La legitimidad no es un proceso formal. Se pueden adelantar leyes que cumplan con la legalidad sin que alcancen el grado de legitimidad que necesita la democracia. Precisamente, el primer cambio que debería hacérsele al “Cambio” es el de retornarle al ejercicio legislativo el grado de legitimidad que ha sido empañado a propósito de prácticas mayoritaristas o a través de la ‘mermelada’ y el clientelismo como métodos.

Tan grave es atropellar con las mayorías como comprarle con ‘mermelada’ las leyes a la corrupción política.

Los tiempos que establecen los procedimientos legislativos no se refieren solamente a aspectos de técnica legislativa. También son tiempos que se abren para que los distintos actores de la sociedad civil puedan incorporarse al debate público expresando sus argumentos y defendiendo sus intereses. Negarle estos tiempos a la sociedad lesiona profundamente el clima democrático, que siempre debe ir más allá de la norma positiva, pues, como lo enseñó Weber, la legitimidad radica en la aceptación tanto de las personas que ejercen autoridad como de las decisiones que estas tomen. Una norma es legítima si es aceptable para los individuos llamados a obedecerla y si es digna de su consentimiento. Para ello es fundamental que se haya adoptado a través de procedimientos realmente justos.

Aceptar que a las incertidumbres que hoy afectan la economía por las razones de las circunstancias internacionales, a las que se les han sumado las incertidumbres y desconfianzas que amplios sectores de la población tienen frente al nuevo Gobierno, es suficiente razón para entender que la señal más importante que debe dar el Pacto Histórico consiste en respetar, en serio y genuinamente, las reglas del juego democrático.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 11 de julio de 2022.