El presidente electo, Gustavo Petro, anuncia que en su gobierno la salud la prestará “un sistema único, público, universal (…) que no dependa (…) de la intermediación administrativa y financiera”.
Suena casi como una amenaza de muerte para el que no tenga en un futuro cómo pagar su consulta privada: Petro quiere estatizar la salud, como intentó hacer con las basuras en Bogotá. Después de sumirnos en una crisis sanitaria, terminó pidiéndoles cacao a los operadores privados. Por eso, luego de comprar una mano de camiones recolectores, le sobró la mitad, que terminó desguazada en un botadero. Tuvo que llegar Peñalosa a corregir ese desastre. Para no hablar de los miles de millones que les quedó debiendo bajo su alcaldía Salud Capital a los hospitales del Distrito.
Ahora su revolución de las basuras la quiere hacer en todo el país, y con la salud. Para eso puso al frente del ministerio a Carolina Corcho, una siquiatra absolutamente ideologizada. Más que practicar su profesión, ella se ha dedicado a hacer política. El ministerio es su coronación.
Dice que los capitales privados en el sector son “ínfimos o inexistentes”. Falso. Que la salud en Colombia “es un negocio”, que “es de los bancos”, falso. Y que hay que acabarlo. Falso. Como prueba, dice que “han habido” (sic), entre 1998 y 2010, “1 millón 400 mil muertes evitables”. Alejandro Gaviria, próximamente su colega, que la padeció como ministro de Salud (lo mismo que el ministro Fernando Ruiz en su incansable lucha contra el covid), escribió, aludiendo a las declaraciones de la señora Corcho, que qué cantidad de “estupideces. La falta de cualquier intención de honradez intelectual es inquietante. La mentira como principio”. (Las muertes evitables tienen decenas de causas, no necesariamente atribuibles al sistema de salud, como se lo han recordado, entre otros, su admirador, el prestigioso neurólogo Diego Rosselli, quien la manda en un tuit a “repetir el curso de salud pública”).
En resumen, la ideologizada ministra de Salud, la que mejor refleja la verdadera cara de Petro, llega a eso: a estatizar la salud, quitándosela a “los bancos”. Semejante revolcón, elementalmente, despierta dudas sobre la capacidad del paquidérmico Estado de garantizarles la atención de salud directamente a los colombianos.
La gente reniega de su EPS. Pero también la quiere. Aunque con fallas –ningún sistema es perfecto–, sabe que ahí tiene a un doliente que la respalda y le responde en caso de que se enferme, no importa cuán catastrófica y costosa sea su enfermedad. Desde una gripa hasta un trasplante. Y si no, su tutela.
Vale la pena repasar los indicativos. La Corte Constitucional ordenó que la cobertura para pobres y ricos sea la misma. Por eso –y ha tomado 30 años–, el indicador de atención en salud en Colombia es el más exitoso de todos en la lucha contra la pobreza. En cobertura, que actualmente es del 99,6 por ciento (y ahora incluye a más de 700.000 venezolanos), somos, según Bloomberg, los mejores de América Latina y los segundos en América, después de Canadá. El acceso, según el Banco Mundial, es de más del 70 por ciento. Ahí tenemos que mejorar. Pero la alternativa de la señora Corcho puede llevarnos a regresar a hace 30 años, cuando la cobertura de salud era del 23 por ciento de la población; y el resto, a hospitales de caridad.
Otro indicador inobjetable del éxito del sistema es el llamado “gasto de bolsillo”, la plata que se paga directamente en algún factor de salud, no vía un asegurador. Pues es apenas del 15 por ciento, el más bajo de América Latina. En México es del 46 por ciento.
No quiere decir que no haya cosas por corregir. Por ejemplo, en la fluidez y oportunidad de los recursos del sistema, para que las EPS reciban oportunamente sus reembolsos del Estado y les paguen a las IPS. Y reforzar los controles de la Superintendencia. Pero, en general, con algunas y muy graves excepciones, especialmente de las EPS públicas que los políticos han saqueado, la inversión privada ha permitido, como ocurrió en la pandemia, cuando casi nadie dejó de recibir atención en UCI o en casa, montar un programa de equidad en salud casi único en el mundo. Que, de paso, vela por la racionalidad del gasto, para que al paciente le formulen bien, no le cobren más de lo que toca y no le receten tratamientos innecesarios. El Estado más bien debería concentrarse en velar para que a los médicos les paguen mejor.
Y a diferencia de lo que piensa la señora Corcho, una EPS se puede dar por bien servida cuando logra 1 o 2 por ciento de margen de ganancia. Si en algunos casos se permitiera la integración vertical, el sistema podría prometer mayor eficiencia hasta en los lugares más remotos del país.
Pero no puede pasarnos lo del dicho de que ‘ya que estamos tan contentos, ¿para dónde nos vamos?’. O sea, ya que esto funciona bien, ¿por qué no lo cambiamos?
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 09 de junio de 2022.
