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María Isabel Rueda  

Inocente o culpable, a Álvaro Uribe se le han violado sus derechos procesales, incluido el de su defensa.

La acusación de la Fiscalía contra Álvaro Uribe está contenida en un documento muy mal redactado y lleno de vaguedades, que su autor intenta compensar repitiendo dos conjunciones, “y/o”, una copulativa y otra disyuntiva, para sugerir que el expresidente Álvaro Uribe pudo haber cometido una o ambas conductas. Los puristas del lenguaje descalifican su uso por “lobo”.

No es claro cuándo fue que Uribe se echó encima la animadversión del Poder Judicial. Pero toda esta historia comenzó cuando el senador Iván Cepeda, en compañía de otros parlamentarios, se puso a visitar cárceles por razones humanitarias, que un buen día parecieron dirigidas a un solo propósito: buscar pruebas de paramilitarismo contra Álvaro Uribe y su hermano Santiago.

Cuando Uribe se percató de ello, inició su contraofensiva, que incluyó la mala decisión de acatar el consejo de denunciar por calumnia al senador Cepeda. Mal consejo, porque ya la bronca con la Corte Suprema estaba ardiendo y entre sus magistrados había particularmente unos que parecían haber jurado que lo llevarían a la cárcel. Total, la Corte absolvió a Cepeda y volteó 180 grados el proceso contra Uribe, que pasó de acusador a acusado.

En su contraofensiva, Uribe cometió varios errores. Sobre todo el de contratar a un abogado muy controvertido, Diego Cadena, de quien se dice que pagó más de 30 millones a un testigo, sin que Uribe jamás le hubiera dado dicha orden o siquiera estuviera enterado de tal hecho, como lo atestiguó el propio Cadena.

Mientras tanto, Cepeda, antítesis del explosivo Uribe en su serenidad y en la calma con la que maneja su carrera pública, y hay que reconocerlo, con quien se puede conversar cordialmente y hasta mantener posiciones divergentes que nunca son respondidas con grosería, iba ganando credibilidad. Lo extraño, y/o si quieren, lo criticable (para ponernos a tono con la redacción de la acusación), es que lo que Cepeda es señalado de hacer en las cárceles no es muy distinto de lo que tiene hoy a Uribe al borde de su proceso penal.

Ha gozado de especial interés para Cepeda el preso Juan Guillermo Monsalve, condenado a 40 años de prisión por secuestro, porte ilegal y uso de prendas privativas de las Fuerzas Armadas, especialmente cuando fue miembro de ‘los Rastrojos’. A Cepeda se le adjudica la ayuda del cambio de celda de Monsalve, en la que ha tenido privilegios como uso de celulares, computadores y visitas femeninas. Hasta se hizo compañero sentimental, estando preso, de la oscura médica Deyanira Gómez, con quien tuvo un hijo. Previamente ella había tenido otro con un guerrillero. La pareja tiene especial importancia en el caso porque Monsalve es uno de los principales denunciantes contra Santiago Uribe, por un lado, y contra los supuestos intentos del abogado Cadena en nombre de Uribe para que cambie su versión y diga “la verdad”, por el otro. Deyanira, previamente cableada, colaboró con grabaciones clandestinas y Monsalve, a través de relojes espía, que nunca estuvieron bajo cadena de custodia y cuyo contenido pudo estar editado.

A Cepeda se le señala de haber utilizado su investidura parlamentaria para visitar cárceles y de ofertar asilo a familiares a cambio de testimonios contra Uribe y hasta ayudas económicas. (La verdad es que esas las aportó la fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, pero de la cual Cepeda es a su vez donante). De apoyo a traslados de celda y de filtración de información. En contraste, de nada de eso se acusa a Uribe, pero sí de instrumentalizar a su abogado Cadena para efectuar varias de esas conductas. No conocemos pruebas sólidas de que hubiera dado tales instrucciones.

La investigación que le abrió la Corte Suprema a Uribe se hizo de manera clandestina, no obstante que el expresidente, ante los rumores, solicitó en innumerables oportunidades a la Corte que se le informara si tenía abierto el proceso bajo el radicado 52240, que desembocó en el actual proceso penal. A pesar de que tenía la obligación, la Corte nunca respondió. Uribe solo se vino a enterar de que estaba siendo investigado por sobornar testigos y fraude procesal cuando escuchó la noticia en los medios.

Incluso le violaron su derecho a la privacidad cuando fue interceptado su teléfono celular, supuestamente por una confusión con el de otro investigado. “Hijo, por Dios”, debió escuchar varias veces el magistrado que ordenó este atropello. ¿Por qué no ordenó de inmediato suspender la interceptación? O porque fue ordenada deliberadamente y/o porque, siendo accidental, servía y terminó haciéndose el pendejo. Jamás escucharon algo sustancioso, pero el atropello quedó consumado.

Conclusión: inocente o culpable, a Álvaro Uribe Vélez se le han violado absolutamente todos sus derechos procesales, incluido el de su defensa.

https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 14 de abril de 2024.

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