La Comisión de la Verdad fue creada para el esclarecimiento de la verdad del conflicto. Se concibió como un mecanismo extrajudicial, o sea que su contenido no serviría para imputación penal alguna, ni podía contener valor probatorio. Pero sus esfuerzos deberían estar centrados en las víctimas, para satisfacer su dignificación y su verdad. Debería elaborar un informe final que... “contenga las conclusiones y recomendaciones de su trabajo, incluyendo garantías de no repetición”.
Hasta aquí es claro que eran dos las misiones de la Comisión: atestiguar sobre hechos causantes del conflicto y recomendar garantías para la no repetición.
Sobre la investigación, podemos decir que lo presentado en sus casi mil hojas del informe final es prácticamente una milhoja. Tiene capas de crema pastelera, de hojaldre y finalmente de azúcar glaseada, pero es notable la pobreza de sus ingredientes. A las afirmaciones les faltan fuentes, contrastes y contrapartes. Una de aquellas, que la gran mayoría de víctimas en Colombia las produjeron las fuerzas paramilitares, pero no hay fuentes verificables.
El título 3, sobre violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, contiene verdades de Perogrullo. Poco que los colombianos no supiéramos. Metodológicamente carece de niveles científicos con fuentes verificables, que jamás estarían ausentes en un trabajo de maestría. Entre los casos de asesinatos selectivos no encontré ningún ejemplo de las Farc, como si ellas jamás los hubieran cometido. En cuanto a masacres, el trabajo se concentra casi que exclusivamente en la de Bojayá, como si no hubieran existido cientos. En desapariciones forzadas no tienen mayores datos. Y lo más controvertido: que después de la firma del acuerdo de paz se agravó de tal manera el escenario de la seguridad, principalmente en Cauca, Norte de Santander y Antioquia contra campesinos y desmovilizados, que casi nos obliga a concluir la Comisión que era mejor el país cuando estaban activas las Farc. (!!!!)
En cuanto a las propuestas del informe, si bien se le autorizaba hacer “recomendaciones”, gran parte de las que hace la Comisión excede totalmente esa función, porque no tienen ellas relación alguna con el conflicto.
Comienza bien, con recomendaciones para garantizar la reparación integral, la construcción de memoria, la rehabilitación y el reconocimiento de la dignidad de las víctimas. Pero a la milhoja le meten varias capas de bocadillo: propuestas que más parecen un programa de gobierno o de una constituyente. Ajustes al Congreso con listas cerradas; la curiosidad de exigir “mensajes públicos a las autoridades del Estado del más alto respeto y respaldo a las manifestaciones legítimas de la protesta social”, con lo cual parecería que las obliga a respaldarlas, lo que es inconstitucional; la prohibición de la intervención militar en los disturbios, y la reforma, o de una vez, la eliminación del Esmad. ¿Será que la protesta se generalizará como forma de gobierno?
En narcotráfico, desmilitarizar la respuesta del Estado frente a los cultivos, territorios y poblaciones afectadas. ¡Les hacen hasta recomendaciones a los EE. UU.! Que ajuste su visión hacia una regulación legal.
Pero una de las más notables es la de proponer que el Ejecutivo no tenga ninguna injerencia en los mecanismos de elección del Fiscal General.
Como desde luego la organización del Estado no es la especialidad de ninguno de los ilustres miembros de la Comisión, ignoran que una importante teoría de expertos recomienda hacer todo lo contrario: sacar al Fiscal de la organización judicial y pasárselo a la Rama Ejecutiva, para que sea el Presidente, como sucede en EE. UU., el que directamente lo escoja, en su papel de máximo responsable de la política criminal, y ante quien el Fiscal responda políticamente. Incluso, un autorizado exfiscal como Alfonso Gómez Méndez sugiere que el Fiscal sea el propio Ministro de Justicia, que se quedó sin funciones. Desde que en Colombia pasamos al sistema acusatorio, en el 2005, el Fiscal no puede ni allanar ni capturar sin el permiso previo de un juez. Ni siquiera, como quedó claro en el proceso contra Álvaro Uribe, ordenar la preclusión de un proceso. ¿Qué tenemos hoy? Un Fiscal con un enorme poder político para influir en el Congreso, en nombramientos en cortes (que son retribuidos recíprocamente) y una capacidad de chantajear presidentes, como vimos recientemente durante el gobierno Santos. Pero con cero responsabilidad política o judicial. Hoy el Fiscal no responde por nada.
Y, encima, la Comisión informa que dejará veedores, verificando que se cumplan sus “recomendaciones”, que jamás se pensó que fueran vinculantes.
En esta milhoja resultó la Comisión de la Verdad.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 02 de julio de 2022.
