En efecto, durante 2020, simultáneamente con la preparación y presentación de la desatinada demanda contra los consorcios del proyecto – CCC Ituango, Integral-Solingral e Ingetec-Sedic – Quintero Calle intervenía con fuerza para facilitar la llegada de empresa CHINA THREE GORGES CORPORTION (CTGC). En la reunión de la Junta Directiva de julio de 2020, dio instrucciones para que se recibieran representantes de la CTGC y se les suministrara información, la cual se les entregó abundantemente. Para posibilitar la entrega de información adicional de carácter más reservado, se preparó un Acuerdo de Confidencialidad entre las partes, cuya firma se frustró, probablemente a causa de la intervención del Sindicato de Profesionales (SINPRO) que, en agosto de 2020, denunció públicamente lo que quería mantenerse en secreto.
Entendiendo que la salida de los consorcios, como consecuencia de la demanda, retrasaría más de un año la culminación del proyecto – con nefastos efectos sobre EPM, el sector eléctrico y la economía nacional – el gerente Álvaro Guillermo Rendón adelantó negociaciones que condujeron a la renovación de los contratos por el año 2021. Al ver frustrado su proyecto con la CTGC, Quintero Calle montó en cólera y sacó abruptamente a Rendón de la gerencia de EPM. Pero el “daño” estaba hecho y los chinos tendrían que esperar.
El infundado e irresponsable proceso de responsabilidad fiscal adelantado por la Contraloría General de Nación contra los consorcios y una veintena de personas naturales de alguna forma vinculadas al desarrollo del proyecto, le dio a Quintero Calle una nueva esperanza de sacar a los contratistas – sin asumir la responsabilidad de las nefastas consecuencias del atraso del proyecto – y vincular en su reemplazo a sus amigos chinos. Y se activó el famoso Plan B en el marco del cual, en septiembre de 2021, visitaron el proyecto 7 firmas constructoras, entre las cuales estaba la PowerChina International Group LTD Sucursal Colombia.
De alguna forma al Contralor también entendió que, al quedar inhabilitados los consorcios, las consecuencias del retraso del proyecto – alza en el precio de la electricidad y riesgo de racionamiento – caerían sobre sus espalada, mientras que Quintero podría presentarse como salvador trayendo a sus chinos. Por ello decidió echar marcha atrás vinculando a la aseguradora MAPFRE al proceso y montando la increíble farsa de que por obra de su gestión ésta pagaba los 4.3 billones del supuesto detrimento fiscal. En el interín se le agotó el tiempo y la gerencia de EPM se vio obligada a prorrogar el contrato de CCC-Ituango por once meses, tres de los cuales se destinarían a hacer la entrega del proyecto al contratista resultante del proceso de licitación adelantado en desarrollo del Plan B. Una vez más las empresas chinas vieron frustradas sus expectativas.
El Informe Pöyry identificó como uno de los mayores riesgos el cambio de contratistas porque retrasaría el proyecto por lo menos año y aumentaría la persistencia de otros riesgos. Como del seguimiento de las condiciones de este informe depende la autorización de la ANLA para poner a operar el proyecto, los contratistas actuales deben continuar hasta culminar la primera etapa con la puesta en movimiento de la cuarta unidad, lo cual ocurriría, si se cumple en cronograma actual, en septiembre de 2023. Así las cosas, los chinos tendrán por lo menos un año más de espera.
Las empresas chinas vienen tratando de asociarse de alguna forma con EPM desde hace casi 20 años. El 21 de octubre de 2003, el alcalde de la época, Luis Pérez Gutiérrez, mentor Quintero Calle en materias chinescas, presentó en Junta Directiva la propuesta de los chinos de una asociación directa con EPM para la construcción de Porce III. La propuesta, que incluía financiación, no prosperó, por la oposición de la Junta Directiva y la Administración de la Empresa, y finalmente la construcción del proyecto se adjudicó en licitación internacional en la cual las empresas chinas se abstuvieron de participar.
En 2010 la CTGC calificó para la subasta internacional convocada para seleccionar el constructor de Hidroituango con un contrato BOOMT. En la convocatoria de manifestación de interés había una cláusula mediante la cual Hidroituango S.A. ESP se reservaba el derecho de suspender en cualquier momento el proceso sin que ello diera lugar a indemnización alguna en favor de los participantes. En uso de ese derecho, Hidroituango S.A. ESP suspendió la subasta e inició la negociación directa que llevó a que EPM se hiciera cargo del proyecto, frustrándose, una vez más, el propósito de los chinos de entrar por la puerta grande al sector eléctrico colombiano.
No hay, por supuesto, nada que objetar a la apertura de una licitación internacional para la segunda etapa de Hidroituango, en la que participe la CTGC o cualquier empresa china a la que, eventualmente, se adjudique en buena ley la terminación de la obra. Ese es el camino correcto para entrar al sector eléctrico colombiano, en lugar de un atajo sórdido de la mano de personajes como Pérez Gutiérrez o Quintero Calle cuya cercanía desprestigia a quien quiera que se acerque a ellos.
