Por Constitución (artículo 67), la educación es "obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y (...) comprende como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica", a cargo del "Estado, la sociedad y la familia".
En 1991, no existía el consenso o la conciencia sobre la importancia crucial del cuidado prenatal, la atención integral y el preescolar. Hoy sí.
Sin embargo, "Colombia gasta cuatro veces más en educación superior que en educación preescolar. La proporción en todos los países de la OCDE está por debajo de 3:1. Y 54% del gasto en educación inicial en el país proviene de fuentes privadas" (OCDE 2016).
En los últimos años, este indicador empeoró porque la educación superior logró jalar más recursos y en cambio el ICBF, que ofrece algo de prejardín y jardín en la modalidad institucional, más bien tuvo que luchar por mantener el presupuesto.
Como anoté en otra columna (justamente haciendo bulla porque el presupuesto de inversión del ICBF en 2021 iba a disminuir, lo que corrigió el Congreso), "antes de la pandemia no teníamos a todos los niños menores de 5 años focalizados cubiertos por el ICBF (alrededor de 80%)".
Con la caída de ingresos de cientos de miles de hogares de "estrato tres", el universo de niños vulnerables creció. De la población infantil cubierta, alrededor de 33% recibía atención integral (los hogares comunitarios prestan atención semi-integral, en aras de la discusión).
Es decir, teníamos más de un millón de niños creciendo sin los debidos componentes cognitivo y socioemocional. Las medidas por la pandemia impidieron la atención integral durante muchos meses y nos dejaron una primera infancia todavía más desfavorecida.
No obstante, la respuesta política no se enfocó en la primera infancia, sino en los que han ingresado a la educación superior estatal. En el subsector que tiene a los que hacen marchas y paros, claro; no en los pequeños seres humanos que, en la realidad, no cuentan con representación política.
Lo que necesitamos es organizar como obligatoria la educación desde los tres años, como en Francia (y asegurar que salgan de la educación media a los 18 años, pero ese es otro tema). Dejar al ICBF la atención integral de cero a tres años no cumplidos, y al ministerio de Educación el preescolar.
Imaginemos que los niños y niñas pudieran hacer marchas pidiendo "jardines de tres grados adscritos a las instituciones educativas, que sean un igualador social". Nuestra imaginación debería ser tan poderosa para persuadirnos como la dura realidad de los paros estudiantiles y docentes universitarios (con sus votos).
La "universalización del preescolar" no tiene por qué significar que sea con una oferta exclusivamente oficial, como quiere Fecode y cada ministro de Educación se lo concede en la negociación colectiva de cada dos años, sin tener atribución legal para ello. Desconocer a los jardines privados infantiles que superan un estándar de calidad es simplemente una mala idea producto de la ideología.
En cuanto a la financiación, es moralmente correcto decirle a un profesional cuya carrera fue subsidiada por la sociedad, que comparta una pequeña fracción de sus retornos durante un determinado tiempo, y no lo es pretender cobrarles a hogares humildes la inversión de la sociedad en la primera infancia.
Sobre todo cuando los que han logrado acceder a la educación superior estatal van, comparativamente, "en coche".
El Espectador, Bogotá, febrero 21 de 2022.
@DanielMeraV
