Por si las moscas, los colombianos debemos seguir muy de cerca hasta dónde están llegando los vientos huracanados del estallido social chileno, que ha dado lugar a una Convención Constitucional y a un nuevo Gobierno, presidido por un dirigente estudiantil. En este escenario institucional, Chile decidirá su futuro en los próximos meses.
El órgano constituyente, gobernado por sectores progresistas, alternativos y comunistas, ha entrado en una etapa definitiva. Con base en las propuestas presentadas por ciudadanos y organizaciones sociales, esta semana las comisiones temáticas han empezado a discutir y a aprobar los textos de la nueva Constitución austral. Lo paradójico es que los primeros aromas del ‘cambio’, hacia una nueva modernidad institucional, con acento social, se inspiran en las viejas ideas bolcheviques del siglo pasado.
Para empezar, en la Comisión del Sistema Político se ha propuesto un “cambio total en la forma de funcionamiento del Estado y también en la administración del poder económico, o sea, de la propiedad de los medios de producción”. Aunque no se abrió paso la idea de disolver todas las instituciones del Estado, para reemplazarlas por una sola asamblea popular o “plurinacional”, que concentrara todos los poderes públicos, a imagen y semejanza de los consejos populares rusos o del buró político chino, lo cierto es que el sistema de gobierno sufrirá cambios sensibles.
Entre las iniciativas que se valoran, algunas ponen en entredicho el modelo de libre empresa e iniciativa privada, que hizo de Chile un referente de las economías en desarrollo, durante las últimas décadas. En particular se ha propuesto la “socialización” (léase expropiación) de las grandes empresas del país, que deben “pasar al control de la clase trabajadora y el pueblo”, para planificar la economía en función de los “intereses populares”. De hecho, la Comisión del Medio Ambiente acaba de aprobar la nacionalización progresiva de la industria del cobre, que –según la nueva dirigencia– empezará por la famosa Escondida, la minera más grande del país, de propiedad de un consorcio holandés y japonés.
Por si fuera poco, a instancia del pueblo mapuche, se aprobó un artículo que declara a Chile como un “Estado plurinacional e intercultural”, lo que es meritorio, porque reconoce la diversidad nacional, si no fuera porque del nuevo ‘nomine’ se desprenden el reconocimiento de autonomías territoriales, la revocatoria de las concesiones mineras en territorios indígenas y la restitución de tierras a favor de los pueblos originarios, en un plazo de 8 meses, lo que, de seguro, abrirá un nuevo conflicto sobre la propiedad de la tierra en ese país.
No cabe duda de que así se estremecen los cimientos de Chile, aunque falta el pronunciamiento de la plenaria constitucional y del plebiscito popular, en el que será obligatorio el voto.
Abrir una esclusa similar en Colombia, que exponga nuestro modelo político y económico, solo es posible si se supera la barrera de contención del Congreso. Quienes andan llenando plazas públicas ofreciendo un nuevo orden extremista y populista necesitan una ley que autorice la Constituyente. De allí la importancia de elegir un Parlamento cuyas mayorías velen por nuestras libertades. Durante las próximas semanas no podemos seguir concentrados en los chismes electorales (peleas, infidelidades y borracheras). Debemos emplearnos fervorosamente en un activismo por la defensa de la democracia, divulgando y promoviendo las distintas listas. Tenemos que ayudar a visibilizar los candidatos al Senado y a la Cámara de las listas de Cambio Radical, liberales, del Centro Democrático, conservadoras, de ‘la U’ y cristianos... Hay que salir de esta abulia. ¡Lo primero es el Congreso!
Taponazo. La situación inflacionaria de Estados Unidos anuncia con trompetas el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal. Se irán del país capitales por rentabilidad y por riesgo político, lo que incidirá en la devaluación de nuestro peso.
https://www.eltiempo.com/, Bogotá, 12 de febrero de 2022.
