El saldo de lo sucedido en 2021 es elocuente: 44 muertos, 2.149 heridos y 126 ataques a misiones médicas y ambulancias; 1.136 buses, 206 estaciones, 96 CAI y 10 estaciones de policía, 475 vehículos oficiales, 108 edificios públicos, 163 cámaras, 62 semáforos, 363 locales comerciales, 433 oficinas bancarias y 420 cajeros, destruidos, vandalizados o saqueados. Además de $19 billones en pérdidas; cifra superior a la última tributaria.
Esa fue la contribución al progreso del país de parte de los organizadores del paro. Para no recabar en lo dramático que fue para el Valle, donde el 90% de las empresas de la región no pudieron operar durante más de un mes. Y qué decir de Cali, secuestrada por vándalos, guerrilleros, narcotraficantes e indígenas del Cric, atizados por el alcalde, en medio de la tibieza de otras esferas de gobierno, pusilánimes en la aplicación de la ley.
Un recuento a lugar pues entre los efectos del paro del 2021 estuvo el incremento en el precio de los alimentos y una mayor devaluación del peso frente al dólar. Por eso, no deja de ser irónico que la CUT justifique el anunciado paro aduciendo el costo de vida y la pérdida de valor de la moneda nacional, cuando ellos han contribuido a que así sea, sin perjuicio de la incidencia previsible del nuevo salario mínimo en el alza de precios.
Lo que deja en evidencia que la carestía es más una excusa para armar caos a pocos días de las elecciones. Creen que culpando al Gobierno Nacional de la inflación -que además es un fenómeno global- apuntalarán las aspiraciones de los sectores de izquierda. Un error, pues si de algo está hastiado el país es de los famosos paros; como será que el senador auspiciador de la primera línea advierte que es inconveniente su realización.
No es claro entonces si quienes organizan el paro insistan en él o lo aplacen. En lo que no debe haber duda alguna es en la anticipación y determinación de la autoridad para hacerle frente. No se aceptan excusas. Se conoce el modus operandi de los que siembran caos y violencia, en especial en Cali y el Valle. Sería inaceptable que las vuelvan a sitiar; que de nuevo le quede grande al Estado hacer respetar los derechos de las mayorías.
Un paro nacional es aquel en el que los ciudadanos de manera masiva y espontánea se manifiestan públicamente en contra de algún hecho; no cuando unos cuantos a la brava y con acciones delictivas, bloquean y paralizan un país. Sin restarle validez a algunas pretensiones expresadas en los hechos tristes de 2021, en especial de ciertos grupos de jóvenes, eso no fue un paro nacional; fue una toma criminal, al menos en el caso de Cali.
Mano firme es lo que necesita el país. Mano firme es lo que reclaman Cali y el Valle ante el anuncio de un nuevo y mal llamado paro nacional. No solo del Ejecutivo en todos los niveles sino de los fiscales y los jueces, y de las entidades de control. El relativismo legal tiene agobiado a Colombia. Una cosa es la protesta social y otra la protesta criminal; la primera respeta los derechos de los demás, la segunda viola sus derechos. Si esto tan simple no se entiende -y se garantiza el orden- seguirán los paros y acabarán con el país.
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https://www.elpais.com.co/, Cali, 13 de febrero de 2022.
