Los enfrentamientos no sucedieron por divergencias sobre el modelo político o económico que debe seguir el país ni en defensa de una clase social magullada por el establecimiento. Fueron consecuencia de una lucha despiadada por el control del negocio del narcotráfico, que hoy genera la mayoría de las muertes de los llamados líderes sociales en las regiones apartadas de Colombia.

Si bien el mejor acuerdo posible de paz firmado en el gobierno Santos desmovilizó parte de la base guerrillera en su enfrentamiento con el Estado, mantuvo indemne el negocio del narcotráfico, con acciones como la prohibición de la fumigación de los cultivos de coca con glifosato. El acuerdo de paz desconoció de tajo el narcotráfico como generador de violencia y de insurgencia contra el Estado, que tiene la obligación constitucional de combatirlo.

Como consecuencia de las muertes, múltiples candidatos presidenciales salieron a acusar el gobierno nacional de los hechos por no haber implementado a cabalidad el acuerdo de paz. ¿Qué parte del acuerdo de paz, que ignoró a propósito el narcotráfico como propulsor del conflicto, hubiese evitado las muertes de los miembros de estas bandas enfrentadas entre ellas? ¿Teniendo el gobierno la responsabilidad constitucional de combatirlas, es su responsabilidad evitar que se embarquen por iniciativa propia en un enfrentamiento generado por actividades ilegales?

Quienes responsabilizan al gobierno por los hechos claramente lo hacen por sus aspiraciones electorales. Fomentan con sus manifestaciones un modelo vetusto en el cual el gobierno debe intervenir en todos los aspectos de la sociedad y tiene la responsabilidad de solucionar, a pesar de su manifiesta incapacidad, cada problema que tiene cada colombiano. De esta manera el gobierno, con mayores responsabilidades, maneja una porción más grande de los recursos del país, botín de los mismos políticos. A ese baile, a mí, no me inviten.

https://www.vanguardia.com/, Bucaramanga, 09 de enero de 2022.