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Marc Eichmann                

Quintero, como los funcionarios de la Contraloría, no tiene capacidad para juzgar las decisiones técnicas tomadas porque carece del bagaje de conocimiento para entender los dilemas que se presentaron en Hidroituango.

Hastiado por el vino y embriagado de poder, Calígula se levantó en su palco, acompañado por sus leales compañeros de andanzas. En la arena, los gladiadores que pelearon miles de batallas por Roma arriesgando su vida, observaban el pulgar del gobernante, con la esperanza de que tan solo por una vez apuntara hacia el cielo y les fuera perdonada la vida.

Calígula utilizaba estos espectáculos sangrientos para alimentar de circo a su pueblo. Al mismo tiempo vaciaba el erario del cual era responsable, desestimaba las instituciones y se daba a los placeres personales en orgías y bacanales. Roma bajo su mando se convirtió en un enorme desastre que hábilmente el emperador camuflaba por medio de campañas de imagen fondeadas con dineros públicos.

Sin argumento alguno, en una columna publicada en este semanario, el alcalde Daniel Quintero decidió, en asemejo a Calígula, apuntar su dedo hacia abajo y sacrificar no solo la posición jurídica de EPM frente a terceros, empresa en la cual actúa como presidente de su Junta Directiva, sino también a quienes con arduo esfuerzo y sentido de pertenencia con Medellín y Colombia emprendieron la mega obra de Hidroituango. En los 9000 folios que produjo la Contraloría está claro que nadie se robó un peso, a pesar de que imputa a los directores de supuestamente tomar decisiones técnicas erradas. Sin embargo, Quintero acude a analogías malintencionadas con la central hidroeléctrica del Guavio de Fabio Puyo, en donde el enriquecimiento ilícito del responsable quedó claramente demostrado.

El pulgar hacia abajo de Quintero también desconoce que las razones por las que se imputan directivos de EPM, Hidroituango y la alcaldía son puramente técnicas y sofisticadas. Se tomaron con el apoyo de socios de reconocida trayectoria e ingenieros con doctorados en construcción de presas. Quintero, como los funcionarios de la Contraloría, no tiene capacidad para juzgar las decisiones técnicas tomadas porque carece del bagaje de conocimiento para entender los dilemas que se presentaron en Hidroituango.

Desde que Quintero se posesionó de alcalde de Medellín han ocurrido varios eventos en diferentes empresas de la ciudad que dejan muchas dudas. La renuncia masiva de la junta directiva de EPM, el nombramiento y posterior remoción de su gerente Álvaro Rendón, el fallido nombramiento sin cumplimiento de requisitos de Alejandro Calderón como su sucesor, en medio del hostigamiento a muchos funcionarios de la empresa, son solo algunos ejemplos del comportamiento errático del alcalde.

Al igual que con Calígula, el comportamiento que se reporta en sus círculos cercanos de la contratación de la alcaldía hace pensar que a futuro surgirán polémicas que en su debido momento se empezarán a conocer. De pronto la petición del alcalde de castigar a quienes fueron imputados por la Contraloría tiene el olor de una cortina de humo o, de un esfuerzo para aparecer como un dirigente que combate la corrupción, cuando en Hidroituango nunca la hubo.

Lo grave de la solicitud del alcalde es que como presidente de la junta directiva de EPM es su obligación defender los intereses de la empresa antioqueña. Solicitando que se castiguen a los supuestos responsables señalados por la Contraloría cuando todos los estudios realizados por los aseguradores descartaron culpa grave, el alcalde pone en riesgo la reclamación que por el siniestro está pagando la aseguradora y deja totalmente vulnerable a EPM ante las reclamaciones de sus socios en Hidroituango. Por encima del bienestar de la empresa que él representa, el alcalde prioriza las rencillas políticas con sus opositores.

Adicionalmente, al ponerse en contra de las empresas que ejecutaron la obra como subcontratistas, el presidente de la junta de EPM pone en riesgo la culminación exitosa del proyecto, ya que reemplazar a esta altura a los contratistas puede demorar, según los expertos, más de un año.

En los tiempos de Calígula, el emperador romano tenía un poder absoluto con el cual cooptaba el poder legislativo y judicial. En contraposición, en Medellín y en Colombia existen instituciones que como gobernante hay que respetar. Ojalá en La Alpujarra se dieran por enterados.

https://www.semana.com/, Bogotá, 21 de septiembre de 2021.

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