Gustavo Petro fue elegido alcalde Bogotá en octubre de 2011.Se posesionó el 1 de enero del año siguiente y bien pronto se vio involucrado en escándalos por su mal manejo de la cosa pública, uno de los cuales tuvo que ver con las basuras que pasó, arbitrariamente, a Aguas de Bogotá, entidad que no estaba capacitada. La ciudad se llenó de basuras. El 9 de diciembre de 2013 la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 15 años. El Tribunal Superior de Bogotá y la CIDH dictaron medidas cautelares para protegerlo, pero la del Tribunal fue revocada por el Consejo de Estado y el presidente Santos no acató la de la CIDH. La destitución se llevó a efecto el 19 de marzo de 2014 pero, tras 35 días, por orden del Tribunal, fue reintegrado y culminó su ejercicio el 31 de diciembre de 2015.
La CIDH dictó su medida cautelar el 18 de marzo de 2014, es decir, antes de que se hubiera ejecutado la destitución, por una petición del Colectivo Alvear Restrepo, referida a procesos sancionatorios y no a la decisión de la Procuraduría. Después de destituido y reintegrado, el 18 de agosto de 2018 la CIDH presentó el caso a la Corte IDH. Ya sabemos que la Corte ordenó modificar la Constitución, pero ese no es el propósito de esta columna.
Lo que hay que resaltar es que entre el 9 de diciembre de 2013 y la fecha de la medida cautelar, el 18 de marzo de 2014, transcurrieron 3 meses y nueve días y que la destitución no se había llevado a efecto en esa fecha.
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A raíz de la renuncia por escándalos de fraude electoral y la huida a México de Evo Morales, que llevaba instalado en el poder catorce años, el 12 de noviembre de 2019 y avalada por el Tribunal Constitucional, Jeanine Añez asumió la presidencia interina de Bolivia.
Añez llamó a elecciones y, aunque inicialmente fue candidata, renunció y entregó el poder democráticamente el 7 de noviembre de 2020 a Luis Arce, una ficha de Evo Morales, quien inmediatamente inició la persecución contra los funcionarios del gobierno precedente y contra Añez en particular. Fue detenida por “sedición, terrorismo y conspiración”. Se trata de una mujer valiente pero físicamente débil por hipertensión arterial y depresión y está gravemente enferma en la cárcel. Aún no ha sido acusada formalmente. Sus abogados elevaron una solicitud de medida cautelar a la CIDH para que sea llevada a un hospital o liberada por falta de cargos formales. El gobierno se opone. Y aunque ya lleva seis meses detenida y es prisionera política, la CIDH no ha sido capaz de dictar la medida.
Hay una clara tendencia política en la CIDH que hace que a un político de izquierda que ni siquiera ha sido destituido se le dicten medidas cautelares rápidamente y que, a una política de derecha, detenida arbitrariamente y enferma, no se las dicten. Desafortunadamente, un órgano diseñado para proteger los derechos humanos, no lo hace.
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Coda: “Bla bla bla” es una expresión que indica que lo que se dice no produce ningún efecto. Yo la usé en mi columna anterior, pero me la cambiaron por solamente “bla” que no quiere decir nada. Todo el mundo sabe que la opinión de los columnistas es responsabilidad de ellos y no del medio. Hago esta aclaración para que mis lectores no crean que soy estúpido.
https://www.elnuevosiglo.com.co/, Bogotá, 20 de septiembre de 2021.
